Más de 2.000 delegados sindicales calientan motores en Getafe para impulsar la huelga general del 11 de noviembre
Más de 2.000 representantes sindicales de CCOO y UGT participaron este lunes en una asamblea conjunta celebrada en el auditorio del polideportivo Juan de la Cierva, de Getafe, para preparar la huelga general de 24 horas convocada para el próximo 11 de noviembre.
La cita reunió a delegados y delegadas de empresas industriales, servicios, comercio, administraciones públicas, educación y sanidad que estos días están inmersos en los preparativos de lo que se quiere que sea un antes y un después en las políticas públicas de vivienda y un espaldarazo a la redistribución de la riqueza.
La mañana comenzó con la interpretación de varias canciones de la muy combativa banda Rojo cancionero, a la que siguió la intervención de representantes sindicales de la Educación en Madrid o la industria cárnica, enfrentados a la administración pública y a la patronal de su ámbito productivo.
Pero fueron las palabras de los secretarios generales de las dos principales organizaciones sindicales las que terminaron de caldear un ambiente ya de por sí muy enérgico.
Vivienda y salarios, ejes de la movilización
Por parte de CCOO, Unai Sordo, defendió que la huelga debe construirse desde cada empresa y centro laboral. “Las huelgas no se convocan, las huelgas se organizan”, afirmó ante los asistentes, a quienes llamó a convertir el 11 de noviembre en una gran movilización social por la vivienda, los salarios y los derechos laborales.
Sordo identificó, como no podía ser menos, la crisis de acceso a la vivienda como el desencadenante de la convocatoria.
El dirigente sindical reclamó la creación de un parque público de al menos 1,5 millones de viviendas asequibles y protegidas durante los próximos años, con el objetivo de que ninguna persona tenga que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de una vivienda digna.
Además, vinculó el encarecimiento de la vivienda con el deterioro de los bolsillos de la población trabajadora que están viendo como la subidas salariales de los convenios queda absorbida por el aumento de los precios inmobiliarios.
En este aspecto, volvió a reclamar incrementos retributivos de entre el 4% y el 7% en los convenios colectivos, así como una subida del 7% del salario mínimo interprofesional.
También criticó la pasivad de la patronal ante la pérdida de poder adquisitivo y ha insistido en que los beneficios empresariales deben trasladarse a las nóminas, por lo que reclamó una vez más el desbloqueo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
De paso, ha denunciado la desigualdad entre quienes concentran la riqueza y quienes dependen de un salario para vivir, al tiempo que ha advertido que estamos ante “una pugna de época” entre, según ha dicho, “la civilización y la barbarie”, entre “los Estados Sociales y de Derecho y la lucha del último contra el penúltimo”.
Por su parte, el secretario general Pepe Álvarez aseguró que más de 1.500 comités de empresa ya se han adherido a la convocatoria y subrayó la importancia de trasladar las razones de la huelga a los centros de trabajo.
Álvarez denunció igualmente la obstrucción de la negociación colectiva por parte de la CEOE y advirtió de que el incremento del coste de la vivienda está neutralizando buena parte de las mejoras salariales logradas logradas a través de la la negociación colectiva.
También señaló que la movilización pretende interpelar a las distintas administraciones para reclamar un refuerzo de los servicios públicos, especialmente en ámbitos como la sanidad y la educación.
Reivindicó con especial énfasis el sistema público de pensiones y los acuerdos alcanzados dentro del diálogo social para garantizar su sostenibilidad, frente a las reformas del Gobierno de Rajoy y su revalorización mínima del 0,25% al margen de la inflación real.
Cargó igualmente contra los discursos que cuestionan las bajas laborales, recordando que las altas y bajas médicas corresponden a los profesionales del sistema público de salud.
Un llamamiento a la movilización social
Los responsables sindicales insistieron en que la convocatoria del 11 de noviembre tiene una dimensión laboral y social relacionada con la mejora de las condiciones de vida de la mayoría trabajadora.
Tanto CCOO como UGT consideran que los problemas relacionados con la vivienda, los salarios, los cuidados, la protección social o los servicios públicos deben situarse en el centro del debate político y económico.
La asamblea de Getafe concluyó con un llamamiento a extender la movilización en centros de trabajo, barrios y ciudades para convertir la jornada del 11 de noviembre en una protesta masiva contra la crisis de acceso a la vivienda, el deterioro de los servicios públicos y el bloqueo de la negociación colectiva.
Del mismo modo, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas sigue alentando la creación de comités locales de cara a la huelga del 11 de noviembre. Según la web creada para coordinar sus acciones, son ya 4.953 personas registradas, 215 comités y 871 actividades convocadas para impulsar la movilización.
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