El Gobierno propone un “nuevo contrato social” para afrontar el impacto de la inteligencia artificial
Pedro Sánchez convocará en octubre a sindicatos y patronal para impulsar un gran acuerdo sobre los cambios que la inteligencia artificial provocará en el trabajo y en la vida cotidiana. El Plan IA360 combina el diálogo social con inversiones en infraestructuras, ayudas a las empresas, formación y nuevos instrumentos de seguridad, aunque deja para la negociación posterior la concreción de las garantías laborales y el reparto de los beneficios
El Gobierno ha presentado este lunes en La Moncloa el Plan IA360, una estrategia para acelerar el despliegue de la inteligencia artificial en España bajo los principios de seguridad, responsabilidad y supervisión humana. Su principal propuesta política es la construcción de un “nuevo contrato social” que implique a sindicatos, organizaciones empresariales, partidos y poderes públicos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los agentes sociales serán convocados en octubre para empezar a trabajar en ese acuerdo. Su finalidad será ofrecer seguridad a la ciudadanía ante los cambios que la inteligencia artificial provocará en el empleo, la organización de las empresas y otros ámbitos de la vida social.
“Tenemos que impulsar entre todos –el sector privado, trabajadores y también sector público– un nuevo contrato social para la inteligencia artificial”, ha defendido Sánchez durante su intervención.
El Plan IA360 reúne catorce proyectos en ocho ámbitos: infraestructuras, seguridad, educación, talento, desarrollo tecnológico, difusión empresarial, Administración pública y alianzas internacionales. Su objetivo es situar a España entre las cinco primeras potencias mundiales en inteligencia artificial y convertir la actual expansión de esta tecnología en una fuente de crecimiento y “prosperidad compartida”.
El impacto sobre el empleo
El Gobierno reconoce que la transformación tecnológica tendrá consecuencias directas sobre el mercado de trabajo. El propio plan señala que determinadas ocupaciones y grupos de edad presentan una mayor exposición a la inteligencia artificial y que sus niveles de empleo podrían estar resintiéndose ya.
Sánchez ha descrito una transformación abierta a resultados contrapuestos. La inteligencia artificial, ha señalado, “puede crear nuevos empleos” o “destruir más de lo que sea capaz de crear”. También puede cerrar las brechas sociales, económicas y territoriales o ensancharlas; elevar el valor del trabajo humano o convertir a una parte de las plantillas en prescindibles.
El presidente ha afirmado que el propósito del Gobierno es que la IA haga a las personas trabajadoras “más valiosas en sus empresas, no más prescindibles” y que las mejoras productivas alcancen a todos los sectores, hogares y trabajadores.
Para seguir sus efectos, el Ejecutivo impulsará un observatorio permanente sobre la evolución de la inteligencia artificial y su impacto en el mercado laboral. Sus análisis deberán orientar las decisiones relacionadas con el empleo, la formación y la adaptación de la normativa.
También se crearán mesas sectoriales para abordar las distintas transiciones en ámbitos como el trabajo, la educación, el sistema financiero y la cultura. El documento sostiene que el acuerdo sobre la visión, las garantías y “el reparto de los beneficios” de la inteligencia artificial será determinante para la sostenibilidad del nuevo modelo.
El plan no concreta todavía el contenido ni el alcance vinculante del futuro acuerdo tripartito. Tampoco especifica nuevos derechos ante la utilización de algoritmos para organizar, vigilar o evaluar el trabajo, ni determina cómo participará la representación sindical en su implantación dentro de las empresas.
Estas garantías, junto con el reparto de las ganancias de productividad, quedan pendientes de la negociación que comenzará en octubre.
“La autorregulación no funciona”
Sánchez ha defendido la intervención de los poderes públicos frente a la concentración de la inteligencia artificial en unas pocas compañías y países. “La autorregulación no funciona”, ha afirmado antes de reclamar reglas claras, decididas y controladas colectivamente.
En su discurso, el presidente ha cargado contra los “tecno-oligarcas” que reclaman confianza para desarrollar esta tecnología sin suficientes controles públicos. A su juicio, los intereses de quienes dominan las industrias tecnológicas no coinciden necesariamente con el interés general.
Una inteligencia artificial “desregulada, opaca y en muy pocas manos”, ha advertido, puede convertirse en “el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia”. Por ello, ha reclamado sistemas con supervisión y trazabilidad que no sustituyan el criterio humano en las decisiones donde este deba prevalecer.
Sánchez también ha pedido que las empresas respondan legal y financieramente por los daños provocados por sus algoritmos. Ha citado, entre otros, la creación de contenidos falsos, los problemas de salud mental de niños y jóvenes y la vulneración de la propiedad intelectual e industrial.
Una gigafactoría de 5.000 millones
El principal proyecto industrial de IA360 será la construcción de una gigafactoría de inteligencia artificial con una inversión público-privada de 5.000 millones de euros, de los cuales 719 millones procederán de fondos públicos.
La infraestructura proporcionará capacidad de cómputo a centros de investigación, administraciones y empresas. El Gobierno prevé iniciar las obras en febrero de 2027, abrir las instalaciones en 2028 y alcanzar los 100.000 aceleradores de IA operativos en 2028 o 2029.
El plan también anuncia una nueva regulación de los centros de datos, cuya aprobación está prevista para octubre. El futuro real decreto establecerá requisitos energéticos, ambientales, de resiliencia y soberanía digital.
Tendrán prioridad los proyectos acompañados de nueva generación renovable, que utilicen eficientemente el agua y el suelo y que contribuyan a reforzar la autonomía tecnológica. Sánchez ha defendido que estas instalaciones no pueden desarrollarse “de espaldas a la ciudadanía” ni convertirse en instrumentos para esquilmar los recursos de los territorios.
El documento reconoce que las solicitudes de acceso a la red eléctrica presentadas por los centros de datos superan ampliamente los 2,5 gigavatios de demanda efectiva prevista para 2030. Atender toda esa demanda potencial exigiría refuerzos de la red que terminaría pagando el conjunto de la ciudadanía.
Ayudas para transformar 25.000 empresas
El Gobierno pretende reducir la distancia entre el uso social y la adopción empresarial de la inteligencia artificial. Según el plan, el 44,2% de la población en edad de trabajar utiliza IA generativa, frente al 21,1% de las empresas de diez o más personas trabajadoras.
La futura Red NEURONA pondrá a disposición de pequeñas y medianas empresas centros territoriales donde puedan probar soluciones de inteligencia artificial con sus propios datos. El primer proyecto piloto deberá alcanzar a cien pymes de dos comunidades autónomas antes de finalizar 2026. Durante 2027, la red se extenderá a diez comunidades y atenderá a 5.000 empresas.
A esta iniciativa se sumará un bono empresarial de inteligencia artificial dotado con 600 millones de euros. Las ayudas no se destinarán a pagar la mera contratación de licencias, sino a servicios que transformen los procesos productivos y aporten desarrollo tecnológico, integración, tratamiento de datos o conocimiento sectorial.
El diseño del bono incorporará formación en IA para las plantillas, pagos condicionados al cumplimiento de determinados objetivos y una evaluación posterior de sus efectos sobre la productividad.
La meta es transformar 25.000 empresas, elevar del 21,1% al 55% la proporción de compañías que utilizan inteligencia artificial en 2030 y multiplicar por cinco la inversión privada respecto a 2024.
El plan no indica si la recepción de estas ayudas quedará condicionada al mantenimiento del empleo, la negociación con la representación de las personas trabajadoras o la distribución de las mejoras de productividad.
Seguridad, educación y servicios públicos
IA360 contempla la creación de un Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial dentro de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Esta unidad evaluará los modelos más avanzados antes y después de su implantación, desarrollará herramientas de análisis y establecerá protocolos de respuesta ante posibles incidentes.
El acceso a los modelos antes de su comercialización se obtendría mediante acuerdos voluntarios con las empresas desarrolladoras. El núcleo técnico inicial del Instituto deberá constituirse antes de finalizar 2026.
El Gobierno destinará además unos 300 millones de euros al desarrollo de un escudo de ciberseguridad avanzada, la protección de las infraestructuras críticas y la transición hacia la criptografía poscuántica.
En el terreno educativo, el plan propone un programa universal y gratuito de alfabetización en inteligencia artificial para la población adulta. También incorporará esta tecnología a los currículos de Secundaria y Formación Profesional y creará una línea específica de formación para el profesorado.
La propuesta educativa se negociará con las comunidades autónomas durante el primer trimestre de 2027. El Gobierno sostiene que la IA debe utilizarse bajo supervisión docente y reforzar el pensamiento crítico, en lugar de sustituir el esfuerzo y el razonamiento del alumnado.
La Administración pública incorporará igualmente nuevos sistemas. La Carpeta Ciudadana contará con un asistente para orientar a cada persona durante sus trámites y el servicio 060 abrirá un canal de atención mediante WhatsApp en el primer trimestre de 2027. El documento asegura que estos servicios mantendrán la supervisión humana, el control público y la garantía de los derechos.
La negociación de octubre, primera prueba
IA360 establece objetivos cuantificados para la capacidad de cómputo, la inversión, la adopción empresarial y la transformación de los servicios públicos. Las garantías laborales y la distribución de los beneficios, en cambio, deberán concretarse en el diálogo con sindicatos y patronal.
La negociación anunciada para octubre será la primera prueba del “nuevo contrato social” defendido por el Gobierno. De sus resultados dependerá que la participación de las personas trabajadoras se traduzca en derechos de información, consulta y negociación y que los aumentos de productividad generados por la inteligencia artificial se repartan de manera justa.
“En ningún lugar está escrito que el progreso tecnológico garantice el progreso social”, ha concluido Sánchez. Hacer efectiva esa relación es el desafío que el Gobierno sitúa en el centro del Plan IA360.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
