La conflictividad laboral creciente anticipa un “otoño caliente”
La conflictividad laboral en España se encamina hacia un nuevo repunte tras el verano. Los datos del Ministerio de Trabajo muestran que entre enero y mayo de 2026 participaron en huelgas 323.400 personas afiliadas a la Seguridad Social y se perdieron 649.600 jornadas de trabajo, más del triple que en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 87.500 huelguistas y 204.700 jornadas perdidas.
El inicio del curso político y educativo coincide con la convocatoria de movilizaciones en sectores clave como la educación y la sanidad, mientras los sindicatos mantienen también la presión para culminar reformas pendientes, entre ellas la regulación de la jornada laboral y el control horario.
Más de ocho millones de estudiantes regresarán a las aulas a partir del 7 de septiembre en un contexto marcado por las protestas del profesorado y las demandas de mejoras laborales y educativas. Madrid será la primera comunidad autónoma en iniciar las clases y una de las más afectadas por los conflictos anunciados, con una huelga indefinida convocada por CCOO y UGT desde el 14 de octubre en la enseñanza pública no universitaria.
A las movilizaciones madrileñas se suman protestas ya anunciadas en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cantabria y Baleares. Entre las principales reivindicaciones figuran una mayor inversión educativa, la reducción de las ratios alumnado-profesor, la disminución de la carga lectiva, mejoras salariales y avances en la negociación del futuro Estatuto Docente.
Los sindicatos también reclaman acelerar las reformas impulsadas por el Ministerio de Educación para reducir el número de alumnos por aula y reforzar la atención a la diversidad.
Malestar en la Educación Infantil
El malestar en el ámbito educativo se extiende igualmente al primer ciclo de Educación Infantil. Las trabajadoras de las escuelas infantiles externalizadas de la Comunidad de Madrid retomarán en septiembre la huelga indefinida con la que concluyeron el pasado curso ante la falta de avances en sus reivindicaciones laborales. La Plataforma de Laborales de Escuelas Infantiles (PLEI) denuncia que muchas profesionales perciben salarios equiparables al salario mínimo interprofesional pese a la responsabilidad educativa y asistencial que desempeñan.
Aunque valoran positivamente las medidas que prepara el Ministerio de Educación para reducir ratios y garantizar una mayor dotación de personal en las aulas, las trabajadoras reprochan a la Comunidad de Madrid la ausencia de una negociación que permita mejorar sus condiciones laborales y salariales. Las educadoras reconocen que septiembre es un momento especialmente sensible por el periodo de adaptación de niñas y niños, pero sostienen que la situación del sector hace inevitable mantener las movilizaciones.
La sanidad pública movilizada
La sanidad afronta un escenario similar. Las organizaciones médicas han intensificado la presión sobre el Ministerio de Sanidad durante la negociación del nuevo Estatuto Marco y no descartan convocar una huelga indefinida a partir de octubre.
La Agrupación de Profesionales por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) rechaza el anteproyecto impulsado por el Gobierno al considerar que no responde a demandas históricas del colectivo, como la regulación específica de las guardias, la mejora de los descansos, las condiciones de jubilación, el reconocimiento profesional y las retribuciones. La organización prevé anunciar nuevas movilizaciones tras la reunión programada para el próximo 9 de septiembre.
Los datos de conflictividad laboral reflejan el peso creciente de estos sectores. La sanidad protagonizó el mayor incremento durante los cinco primeros meses del año, al pasar de 13.900 jornadas de huelga en 2025 a 285.000 en 2026. La educación se situó como el segundo ámbito con mayor conflictividad, con 155.000 jornadas perdidas, impulsadas principalmente por las movilizaciones en Cataluña y las protestas de las trabajadoras de Educación Infantil.
Manufacturas tensionadas
También la industria manufacturera registró un aumento significativo de las movilizaciones, con 85.600 jornadas perdidas, mientras que las actividades financieras experimentaron igualmente un repunte respecto al ejercicio anterior.
Los sindicatos vinculan esta escalada al fin de la vigencia del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), caducado en 2025. Desde UGT, el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, ha advertido de que la tensión laboral podría intensificarse en los próximos meses si los beneficios empresariales no se traducen en mejoras salariales. En términos similares se ha pronunciado CC OO, que reclama un nuevo marco de negociación colectiva para evitar que los conflictos se extiendan a más sectores.
Pérdida del poder adquisitivo
La reivindicación salarial sigue siendo uno de los principales focos de tensión. Según los últimos datos, los salarios pactados en convenio crecieron un 3 % hasta junio, mientras que los precios aumentaron un 3,2 %, una diferencia que las organizaciones sindicales consideran insuficiente para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Ante la posibilidad de un otoño especialmente conflictivo, CCOO y UGT acordaron a finales de junio la creación de un fondo de resistencia de ocho millones de euros, financiado a partes iguales por ambos sindicatos, para apoyar económicamente a los afiliados que participen en huelgas durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027.
Si la tendencia observada en los primeros meses del año se mantiene tras el verano, 2026 podría convertirse en el ejercicio con mayor conflictividad laboral desde 2012, impulsado por los conflictos abiertos en los servicios públicos y por las dificultades para alcanzar nuevos acuerdos en materia salarial y de negociación colectiva.
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