Colectivos sociales y sindicales reclaman una reforma profunda del IMV tras admitir el Gobierno sus carencias ante Europa
Entidades sociales y sindicales han reclamado una reforma integral del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para ampliar su cobertura, corregir los problemas de gestión y reforzar su vinculación con las políticas de empleo e inclusión social, después de que el Gobierno reconociera ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) la necesidad de modificar algunos aspectos del sistema.
La admisión del Ejecutivo figura en la respuesta remitida en el marco de la Reclamación Colectiva nº 241/2024, promovida por el Movimiento ATD Cuarto Mundo y otras organizaciones integradas en la Oficina Jurídica de Derechos Sociales.
Para las entidades reclamantes, la contestación gubernamental supone un reconocimiento parcial de las deficiencias del modelo actual, aunque consideran insuficientes las soluciones planteadas.
La respuesta se enmarca en el procedimiento abierto por el CEDS, órgano del Consejo de Europa encargado de supervisar el cumplimiento de la Carta Social Europea, tras solicitar explicaciones al Estado español sobre las reclamaciones de devolución de prestaciones dirigidas a perceptores del IMV.
En julio del año pasado, el Comité rechazó adoptar medidas cautelares para paralizar esos cobros al considerar que no se había acreditado suficientemente la gravedad y dimensión del problema, aunque permitió a las organizaciones reclamantes aportar nueva documentación y observaciones.
Desde entonces, ATD Cuarto Mundo y el resto de entidades han incorporado al expediente información procedente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, además de testimonios y documentación facilitada por personas afectadas.
Las organizaciones sociales subrayan que el propio Gobierno reconoce la necesidad de introducir cambios normativos en los procedimientos de condonación de deuda.
Sin embargo, advierten de que las reformas proyectadas tendrían efectos únicamente para los nuevos expedientes y dejarían fuera a quienes ya afrontan reclamaciones de devolución.
Según la documentación remitida al Comité, al menos 319.437 personas se habrían visto afectadas por procedimientos de reintegro relacionados con el IMV, una cifra que podría ser superior, ya que los expedientes pueden revisarse durante un periodo de hasta cinco años.
“La respuesta del Gobierno reconoce parcialmente la problemática, pero continúa sin ofrecer una solución para cientos de miles de personas que ya soportan reclamaciones de devolución”, sostienen las entidades impulsoras de la reclamación.
Las organizaciones sociales y sindicales coinciden en señalar las dificultades de acceso a la prestación. La AIReF estima que el 52% de los hogares con derecho al IMV no llega a solicitarlo, debido a obstáculos administrativos, dificultades asociadas a la brecha digital y problemas para detectar de forma temprana situaciones de vulnerabilidad.
Por su parte, UGT considera que la prestación sigue presentando importantes carencias tanto en su alcance como en su capacidad para favorecer la inclusión laboral. Aunque el Gobierno contabiliza cerca de 860.458 hogares protegidos, el sindicato recuerda que más de 342.970 corresponden exclusivamente al Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), por lo que la prestación básica alcanza a 517.488 hogares, equivalentes a alrededor de 1,3 millones de personas.
Para la organización sindical, el principal reto consiste en complementar la garantía de ingresos con políticas eficaces de empleo. “El IMV debe cumplir una doble función inseparable: garantizar ingresos suficientes mientras persista la vulnerabilidad y ofrecer, a quienes puedan trabajar, una vía real hacia la autonomía mediante la inserción laboral”, defendió UGT.
El sindicato identifica cinco grandes obstáculos que limitan la eficacia del sistema: la insuficiente respuesta de las políticas activas de empleo, la falta de coordinación entre administraciones y servicios públicos, la complejidad de los incentivos laborales, el elevado número de hogares que no solicitan la ayuda pese a cumplir los requisitos y el desfase en la evaluación de las rentas familiares.
Así mismo, rechaza que la permanencia prolongada en el IMV se utilice para estigmatizar a los beneficiarios, al recordar que muchos de los hogares perceptores incluyen menores, personas con discapacidad o personas con responsabilidades familiares que dificultan una incorporación inmediata al mercado de trabajo.
Por ello, UGT propone una estrategia estatal específica de inserción sociolaboral para los perceptores con capacidad laboral, itinerarios personalizados de acompañamiento, una reforma de los incentivos al empleo para hacerlos más sencillos y previsibles, la simplificación de los trámites administrativos, el refuerzo de la atención presencial y la puesta en marcha efectiva del Consejo Consultivo del IMV. También reclama la convocatoria de la Mesa de Diálogo Social para abordar una revisión global del sistema.
Las entidades sociales, por su parte, anunciaron que presentarán una nueva réplica ante el Comité Europeo de Derechos Sociales incorporando la jurisprudencia acumulada durante los cinco años de vigencia del IMV y las últimas recomendaciones de la AIReF. A su juicio, el procedimiento abierto ante el Consejo de Europa trasciende la cuestión de los reintegros y pone en cuestión aspectos estructurales del modelo de rentas mínimas.
Tanto los colectivos sociales como UGT coinciden en que la prestación debe evolucionar hacia un sistema que combine una protección económica suficiente con mecanismos efectivos de inclusión social y laboral.
“El IMV debe seguir siendo un derecho de garantía de ingresos, pero no puede quedarse en la única política disponible: debe abrir la puerta a servicios públicos coordinados, acompañamiento individualizado y empleos dignos que permitan salir de la pobreza sin perder protección”, concluyó el sindicato.
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