Los sindicatos denuncian la insuficiente protección de las víctimas de trata y el retraso en actualizar la legislación
UGT ha denunciado al Estado español ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la Carta Social Europea, al considerar insuficiente y fragmentario el sistema de protección de las las víctimas de trata, en el día elegido por Naciones Unidas para reforzar la lucha contra las redes de tráfico de personas.
El CEDS ha admitido parte de la reclamación colectiva presentada por UGT contra España por la supuesta falta de protección efectiva de las mujeres y niñas en situación de prostitución o expuestas a la trata con fines de explotación sexual.
La central sindical considera que las medidas actualmente vigentes no garantizan de forma efectiva derechos básicos relacionados con el empleo, la salud, la vivienda, la igualdad de oportunidades o la protección frente a la pobreza, especialmente en el caso de mujeres migrantes, jóvenes y personas en riesgo de exclusión social.
“El cuerpo humano no es un centro de trabajo”, afirmó el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, durante la presentación del procedimiento.
El comité europeo ha aceptado evaluar las alegaciones relacionadas con el derecho a ganarse la vida mediante una ocupación libremente elegida, la protección de la seguridad y la salud, los derechos de la infancia y la juventud, las responsabilidades familiares, la lucha contra la pobreza y la exclusión social y el derecho a la vivienda. También analizará posibles situaciones de discriminación vinculadas a esos ámbitos.
Por el contrario, ha rechazado estudiar otros artículos invocados por UGT, entre ellos los relativos a la orientación y formación profesional, determinadas garantías para las personas migrantes, la protección de la familia, la igualdad laboral por razón de sexo y la dignidad en el trabajo. El órgano europeo considera que el sindicato no fundamentó de forma suficientemente precisa las vulneraciones denunciadas en esos apartados.
No obstante, el procedimiento supone un avance relevante y permite la apertura formal del debate jurídico que no implica que España haya incumplido sus obligaciones internacionales.
El Gobierno español, que no presentó observaciones durante la fase de admisibilidad, dispone ahora hasta el 15 de septiembre para responder a las acusaciones planteadas por el sindicato. Posteriormente, UGT podrá formular alegaciones complementarias. La organización estima que la resolución sobre el fondo podría demorarse alrededor de dos años.
Libertad, prevención y dignidad
La responsable confederal de Políticas de Igualdad de UGT, Lola Navarro, reiteró la posición abolicionista histórica del sindicato. “Un trabajo implica libertad, derechos, prevención de riesgos, negociación colectiva y dignidad, y nada de eso existe en la prostitución”, aseguró.
UGT ha solicitado además la celebración de una audiencia pública en Estrasburgo que permita la participación de organizaciones sindicales y empresariales europeas, expertos y representantes institucionales de distintos países para debatir sobre las obligaciones de los Estados en materia de protección social de las mujeres afectadas por la prostitución y la explotación sexual.
Una legislación parada
En el mismo sentido, el sindicato CCOO ha reclamado una respuesta integral que sitúe en el centro la protección de las víctimas y el combate efectivo de todas las formas de explotación de seres humanos.
CCOO ha reclamado este miércoles en su comparecencia pública, la aprobación de la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, un texto que acumula retrasos pese a estar incluido en el plan normativo del Gobierno para 2026 y ser necesario para adaptar la legislación española a la normativa europea.
El sindicato considera que la futura ley es esencial para establecer un enfoque integral frente a todas las formas de trata y explotación, reforzar la sensibilización social y la prevención, desarticular las redes criminales que se lucran con estas prácticas y asegurar la protección, asistencia y reparación de las víctimas, especialmente de las mujeres migrantes en situación administrativa irregular.
“Sabemos que es una norma compleja y que es preciso cuidar su diseño, pero no podemos acumular más retrasos en un asunto que atañe a una gravísima vulneración de los derechos humanos y en el que España presenta importantes carencias”, afirmó la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal.
Aunque el delito de trata de seres humanos fue incorporado al Código Penal en 2010 mediante el artículo 177 bis, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España a través del Protocolo de Palermo y el Convenio de Varsovia, el país carece todavía de una regulación conjunta que contemple todas las modalidades de explotación y ampare a todas las víctimas con independencia del fin perseguido por las redes criminales.
CCOO recordó que la aprobación de esta norma es además necesaria para transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2024/1712 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.
Violencia de Género
Así mismo, el sindicato subrayó que la ley figura en la medida 389 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dado el marcado componente de género de este fenómeno. Según los datos manejados por la organización, siete de cada diez víctimas de trata son mujeres o niñas.
La norma contempla expresamente diversas formas de explotación, entre ellas la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, incluida la mendicidad, la esclavitud y prácticas análogas, la servidumbre, la explotación para actividades delictivas, la extracción de órganos, la explotación de la maternidad subrogada, los matrimonios forzados y la adopción ilegal.
Aunque valoró favorablemente el contenido general del anteproyecto, CCOO pidió que el texto incorpore las aportaciones realizadas por los agentes sociales, especialmente en lo relativo al reconocimiento del papel del diálogo social.
En este sentido, recordó que el Consejo Económico y Social ha señalado que organizaciones sindicales y empresariales pueden desempeñar una función esencial en la detección de casos, la inserción laboral, la asistencia y recuperación de las víctimas y la sensibilización de la sociedad.
Redactor jefe de Noticias Obreras
