El fin de la regularización extraordinaria abre nuevos desafíos a la acogida, integración y convivencia
Las solicitudes de regularización extraordinaria de personas migrantes han superado las previsiones hasta llegar a casi 1,2 millones, lo que requerirá todavía un gran esfuerzo para responder con la agilidad necesaria, pero, sobre todo, medidas para redimensionar los servicios sociales y políticas públicas que favorezcan la integración.
Del 1,17 millón de solicitudes presentadas, 608.000 ya han sido admitidas a trámite, lo que supone un 52% del total. Se trata de más de medio millón de personas que ya cuentan con un permiso provisional para residir y trabajar en territorio español.
Las solicitudes provienen de personas que ya residían en el país, incluso desde hace años, que esperan contar con autorización legal de residencia y trabajo. Unas 11.000 han recibido respuesta positiva por lo que ya su situación administrativa en regla.
“Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos”, se enorgullece la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz.
Entre las regiones con más solicitudes presentadas destacan Cataluña y Madrid, con 257.000 solicitudes y 202.000, respectivamente. Entre ambas CCAA suman el 40% del total. A estas le siguen la Comunidad Valenciana, con 167.000 y Andalucía, con 161.000.
Respecto a la procedencia de los solicitantes, el 67% proceden de América Central y América del Sur (unas 787.000 solicitudes). En concreto, Colombia aporta el 26% del total de las solicitudes, unas 305.400 aproximadamente, país al que le sigue Marruecos, con un 13,4% (157.400 solicitudes), Venezuela, un 11,7% (137.400) y Perú con un 8,8% (103.300).
Este proceso extraordinario ha concitado el apoyo de de sindicatos, patronal, entidades sociales y organizaciones de la Iglesia, incluida la Conferencia Episcopal Española.
El propio Antonio Garamendi, presidente de CEOE, decía en una jornada organizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, titulada “Hacer país”, que “mucha gente trabajaba sin papeles y lo lógico era que los tuviese. Así, esa actividad pasa a economía real y eso tiene un reflejo en el empleo y económico”.
Desde los sindicatos reivindicar el acceso en igualdad y plenos derechos al empleo de las personas migrantes, así como recursos adecuados para el redimensionamiento de la población del país, sin olvidarse de que además del proceso extraordinario hacen falta una gestión ordinaria de los flujos de personas.
“Hay que desplegar políticas para gestionarlo, que garanticen que estas personas no son explotadas y no haya impacto en los salarios. Y por supuesto, tenemos que reformar los servicios públicos, no porque sean extranjeros, sino porque somos 50 millones de habitantes”, reclamaba Unai Sordo, secretario general de CCOO.
Desde UGT, Pepe Álvarez, secretario general insistía en que “este proceso migratorio nos viene bien como sociedad. Tener personas libres ayuda a la convivencia, ayuda a las relaciones laborales dentro de las empresas. Nos va a ayudar a fortalecer el tejido empresarial y los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.
Aflorar la actividad sumergida
En la actualidad las personas extranjeras suman cerca del 14% de las afiliaciones a la Seguridad Social y su aportación a la economía del país explica aproximadamente el 47% del crecimiento acumulado del PIB entre 2022 y 2025.
El Gobierno de Pedro Sánchez viene insistiendo en la contribución en términos económicos que supondrá la regularización al favorecer que aflore la actividad económica que en gran medida se realizada de forma sumergida, con lo que supondrá para la recaudación fiscal y las cotizaciones a la Seguridad Social.
Sin embargo, importantes sectores de la sociedad de la derecha y la ultraderecha cuya última ocurrencia pasa por la prioridad nacional, mantienen su rechazo a reconocer derechos a personas de otros países.
Ante la imposibilidad de contradecir los beneficios económicos y refractario a entender la movilidad humana como un derecho fundamental, apelan a fabulaciones sobre la identidad cultural, cuando no, directamente a un supremacismo irracional que jerarquiza la dignidad de las personas por su pasaporte.
De hecho, el proceso de regularización ha sido recurrido por la Comunidad de Madrid y Vox ante el Tribunal Supremo, que antes de pronunciarse, ha consultado ya a las partes involucradas, por iniciativa de los magistrados conservadores si cabe la posibilidad de consultar a la justicia europea sobre determinados aspectos de la norma.
Acogida, inclusión y convivencia
El ejercicio pleno de derechos y la cohesión social dependerán en buena medida de la regularización, así como la futura incorporación de más ciudadanos de fuera de nuestra fronteras, de las políticas de integración, mejora de las condiciones laborales y mejora de lo servicios públicos.
En este sentido, el Gobierno ha anunciado un Plan de Integración y Cohesión dotado con 505 millones de euros para 2026 cuyos resultados habrá que evaluar en un tiempo.
La iniciativa contempla la creación de 100.000 nuevas plazas de Formación Profesional, el refuerzo de la enseñanza de los idiomas oficiales, programas de inserción laboral, ayudas para facilitar el acceso a la vivienda y el fortalecimiento de servicios públicos como la sanidad y la educación en las zonas con mayor presión demográfica.
Desde el Ejecutivo, se defiende que estas medidas buscan favorecer la integración de la población migrante y prevenir posibles tensiones en los territorios donde el crecimiento de residentes extranjeros es más intenso.
Empleo precario
Gran parte de la población que ha solicitado la regularización llevan años ya desempeñando trabajos esenciales para el funcionamiento de la economía española, especialmente en sectores que sufren dificultades para cubrir vacantes.
Entre los perfiles más habituales figuran cuidadoras de personas mayores, personal de hostelería, trabajadores agrícolas, profesionales de la construcción, conductores, empleadas de hogar y personal de limpieza.
A pesar de ello, la población migrante continúa registrando mayores niveles de vulnerabilidad social que la media del país. Según los datos, mientras la tasa de pobreza en España se sitúa en torno al 15%, entre la población inmigrante alcanza aproximadamente el 44%.
Además, los trabajadores extranjeros perciben salarios que, de media, son un 38% inferiores a los de la población española, una brecha que refleja las persistentes desigualdades en el acceso al empleo y a las oportunidades económicas.
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