El Congreso refuerza la dependencia con 2.200 millones y amplía derechos, con el empleo digno aún pendiente
El Pleno convalida por amplia mayoría la financiación extraordinaria del sistema de dependencia y envía al Senado la reforma que amplía los derechos de las personas con discapacidad. CCOO y UGT reclaman que los nuevos recursos reduzcan las listas de espera y creen empleo profesional verificable
El Congreso de los Diputados ha respaldado dos iniciativas llamadas a reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD): una aportación extraordinaria de más de 2.200 millones de euros, con efectos económicos desde el 1 de julio, y una extensa reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que continuará ahora su tramitación en el Senado.
Las votaciones ofrecen una primera respuesta a las necesidades de financiación y actualización del sistema, pero mantienen abierta una cuestión clave: si los recursos permitirán ampliar los servicios y mejorar las condiciones laborales o si los cuidados continuarán descansando en buena medida sobre empleos precarios y el trabajo invisible de las familias, principalmente de las mujeres.
Un amplio respaldo a la financiación inmediata
El Real Decreto-ley 17/2026 ha sido convalidado por 317 votos a favor y 33 en contra –VOX siempre vota en contra de los derechos–, sin abstenciones. La norma incorpora un suplemento de crédito de 2.097,6 millones de euros para el nivel mínimo de protección y otros 121 millones para el nivel acordado con las comunidades autónomas.
La aportación de la Administración General del Estado al sistema ascenderá así a 5.513 millones de euros durante 2026. Las nuevas cuantías estatales por persona atendida quedan fijadas en 660 euros mensuales para el grado III; 260 para el grado II y 90 para el grado I. El nuevo grado III+, destinado a situaciones de dependencia extrema como las asociadas a la ELA y otras enfermedades de alta complejidad, contará con 4.930 euros mensuales.
Estas cantidades no se entregan directamente a las personas beneficiarias. Son la aportación estatal destinada a cofinanciar los servicios y prestaciones gestionados por las comunidades autónomas. Los nuevos importes se aplican a las prestaciones percibidas desde el 1 de julio de 2026.
El Congreso ha acordado, además, tramitar el decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. La norma seguirá vigente mientras se desarrolla esa tramitación, pero los grupos podrán presentar enmiendas y plantear garantías adicionales sobre la continuidad, el destino y el control de los fondos.
La reforma estructural pasa al Senado
El Pleno ha aprobado también, por 179 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones, el proyecto que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. El texto pasa al Senado, donde todavía puede ser enmendado antes de regresar, en su caso, al Congreso.
La reforma desarrolla el artículo 49 de la Constitución y pretende sustituir el enfoque asistencial por otro basado en los derechos humanos, la autonomía y la participación comunitaria. Su objetivo es que las personas puedan decidir cómo, dónde y con quién vivir y dispongan de los apoyos necesarios para desarrollar su proyecto vital.
Entre otras medidas, reconoce la accesibilidad universal como un derecho, amplía la asistencia personal, garantiza la teleasistencia con independencia de las demás prestaciones e incorpora cuidados y apoyos en viviendas. También orienta la ayuda a domicilio, los centros de día y las residencias hacia una atención personalizada, conectada con el entorno y respetuosa con la voluntad de cada persona.
Su alcance efectivo dependerá de la financiación y del desarrollo posterior. El reconocimiento legal de nuevos derechos no garantiza por sí solo que existan plazas, horas de atención domiciliaria, asistentes personales y profesionales suficientes para prestarlos.
Los sindicatos reclaman profesionalizar los cuidados
CCOO y UGT consideras muy satisfactorios los más de 2.200 millones adicionales, que califican como una financiación extraordinaria sin precedentes. Según ambas organizaciones de trabajadoras y trabajadores, permitirá que el Estado cumpla por primera vez el compromiso de aportar el 50% de la financiación del sistema.
Sin embargo, advierten de que el éxito de la inversión deberá medirse en la reducción de las listas de espera, más cobertura, mejores condiciones laborales y mayor control. Reclaman que la aportación deje de depender de medidas excepcionales, se convierta en un compromiso estable y se destine preferentemente a servicios profesionales de calidad, prestados por personas con empleos igualmente dignos.
Los sindicatos alertan especialmente contra la normalización del cuidado familiar como una alternativa equivalente a la atención profesional. Recuerdan que la Ley de Dependencia estableció los servicios profesionales como vía prioritaria y reservó las prestaciones económicas para cuidados familiares a situaciones excepcionales.
El cuidado familiar alcanza ya al 44,7% de las personas atendidas. Para CCOO y UGT, extenderlo sin desplegar una red suficiente de servicios perpetuaría la feminización y la invisibilidad de los cuidados, manteniendo fuera del empleo formal a miles de mujeres sin carrera completa de cotización ni los derechos asociados, incluida una futura pensión.
Ambas organizaciones reclaman vincular la financiación estatal a la creación de empleo profesional verificable, el refuerzo de las plantillas y la reducción de las listas de espera. “Más empleo profesional, más cualificado y mejor remunerado” es, a su juicio, la condición para evitar que los fondos sustituyan servicios en lugar de ampliarlos.
La reforma incorpora criterios sobre suficiencia de las plantillas, retribuciones, jornada, temporalidad, cualificación, salud laboral y convenios colectivos. Los sindicatos piden concretarlos mediante el diálogo social, reforzar la provisión pública y revertir los recortes en el copago vigentes desde 2012 mediante un marco común acordado por el Estado y las comunidades autónomas.
La tramitación urgente del decreto y el paso de la reforma por el Senado ofrecen ahora dos oportunidades para introducir estas garantías. La prueba definitiva será comprobar si el aumento presupuestario construye un sector profesional estable y de calidad o mantiene el sistema sobre la precariedad y el trabajo invisible de las familias.
Derrotas para la senda presupuestaria y RTVE; continúa la reforma penalEl Congreso ha rechazado los objetivos de estabilidad y deuda pública para 2027-2029 por 167 votos a favor, 178 en contra y cinco abstenciones. El Gobierno deberá presentar una nueva propuesta en el plazo máximo de un mes. El resultado dificulta el primer paso hacia los Presupuestos de 2027 y mantiene abierta la discusión sobre el margen de gasto de las comunidades autónomas, responsables de gestionar buena parte de la dependencia y los servicios sociales. Por otro lado, la reforma del Código Penal sobre libertad de expresión continuará su tramitación tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad de PP y Vox. La de Vox obtuvo 33 votos a favor, 179 en contra y 138 abstenciones; la del PP, 171 votos a favor y 178 en contra. La iniciativa afecta, entre otros, a los delitos de escarnio de los sentimientos religiosos, injurias a la Corona y a instituciones del Estado, ultrajes a España y enaltecimiento del terrorismo. Finalmente, el Real Decreto-ley 16/2026 ha sido derogado al recibir 172 votos favorables a su convalidación y 178 en contra. La norma pretendía permitir que determinados impuestos no deducibles soportados por RTVE fueran compensados por el Estado como parte del coste del servicio público. Su derogación abre un interrogante sobre las consecuencias económicas para la corporación y obliga a mantener el seguimiento sobre su financiación, independencia, pluralismo y capacidad para cumplir las obligaciones de servicio público. |
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
