Sevilla se moviliza por el derecho a la vivienda con una marcha el 19 de junio

Colectivos sociales y plataformas en defensa del derecho a la vivienda han convocado una manifestación en Sevilla para el próximo 19 de junio, en el marco de las movilizaciones que se celebran en distintas ciudades españolas para denunciar la situación del acceso a la vivienda. La marcha partirá a las 19.00 horas desde el Parlamento de Andalucía y finalizará en la plaza de la Gavidia.
La convocatoria está impulsada por una amplia red de organizaciones vecinales, sindicales y de derechos humanos, entre ellas la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla o la Asamblea por la Vivienda de Sevilla, junto a diferentes asociaciones vecinales y colectivos de barrio.
Según las entidades convocantes, la movilización pretende visibilizar “las principales luchas y conflictos abiertos en la ciudad en torno a la problemática habitacional”, en un contexto que califican de creciente “saturación” del mercado y encarecimiento del acceso a la vivienda.
Entre los casos que confluyen en la protesta se sitúa el de las 102 viviendas en régimen de alquiler social de la avenida Jiménez Becerril, subastadas a un fondo de inversión tras la renuncia del Ayuntamiento a ejercer su derecho de tanteo y retracto.
También participarán vecinos de la calle Bordador Rodríguez Ojeda 7, donde se ha autorizado la construcción de nueve apartamentos turísticos en los bajos del edificio, pese a la oposición de los residentes. Situaciones similares, apuntan los convocantes, se repiten en otros puntos de la ciudad, como los bloques de Pinillos, en un contexto en el que los alojamientos turísticos han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años.
Contra el acoso inmobiliario
A esta realidad se suma el conflicto en los corralones de la calle Castellar, donde vecinos y artesanos denuncian “acoso inmobiliario” por parte de la propiedad, que pretende transformar este enclave patrimonial en apartamentos turísticos. Este proceso se produce, según subrayan los colectivos, en un centro histórico que ha perdido alrededor de 3.000 habitantes en la última década.
Las organizaciones convocantes sostienen que estos casos reflejan un modelo de mercado “orientado a la especulación” que está expulsando a la población residente y deteriorando las condiciones de vida. En este sentido, critican la actuación municipal, a la que acusan de “eludir su obligación de garantizar el derecho a la vivienda y la función social de la propiedad”.
“El problema de la vivienda ha dejado de afectar únicamente a la juventud y a los sectores más vulnerables para convertirse en un fenómeno transversal”, señalan, al tiempo que advierten de que la situación responde, en su opinión, a una “falta de respuesta política” ante el avance de la vivienda turística y la presión del mercado.
No obstante, los colectivos subrayan su compromiso “inquebrantable con la clase trabajadora y las personas en situación de mayor vulnerabilidad”, que afrontan crecientes dificultades tanto para acceder a una vivienda digna como para mantener la estabilidad en sus hogares.
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