Trabajo llevará al Congreso la reforma del despido para adaptarla a Europa pese al rechazo frontal de la CEOE
El Ministerio se compromete con CCOO y UGT a elaborar un texto legal para reformar el despido improcedente. Los sindicatos reclaman mayores indemnizaciones, recuperar los salarios de tramitación y reforzar el derecho de readmisión, mientras la patronal se niega a negociar cambios.
La reforma del despido ha entrado en una nueva fase. El Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha comprometido este viernes con CCOO y UGT a trabajar en un texto articulado para adaptar la regulación española a las exigencias de la Carta Social Europea, con la intención de impulsar posteriormente su tramitación parlamentaria. La decisión llega en un contexto de fuerte confrontación con la patronal CEOE, que rechaza de plano cualquier modificación normativa y cuestiona la necesidad misma de la reforma.
La reunión de la mesa de diálogo social ha constatado la distancia entre las partes. Mientras los sindicatos consideran imprescindible reforzar la protección frente al despido injustificado para cumplir con las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, la patronal sostiene que la legislación española ya se ajusta a la Carta Social Europea y a los convenios de la OIT, apoyándose en la doctrina fijada por el Tribunal Supremo.
Mayores indemnizaciones y más protección frente al despido
CCOO y UGT han acudido a la reunión con una posición común recogida en su Propuesta Sindical Unitaria sobre la reforma del despido. Ambos sindicatos defienden que la normativa española debe adaptarse a las exigencias derivadas del artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada y del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo.
Entre las medidas planteadas destacan la recuperación de los salarios de tramitación para los despidos improcedentes, el refuerzo del carácter reparador y disuasorio de las indemnizaciones y una reforma del actual sistema de opciones entre indemnización y readmisión.
El secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, explicó tras la reunión que la propuesta sindical pretende garantizar indemnizaciones “suficientes y reparadoras” y asegurar el derecho de readmisión para las personas despedidas sin causa objetiva. Además, defendió la necesidad de reforzar las causas que justifican la extinción de los contratos y establecer preavisos suficientes para proteger los derechos de las personas trabajadoras.
Desde UGT, el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, insistió en que la protección frente al despido injustificado constituye “uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático de relaciones laborales” y reclamó una regulación que garantice reparaciones efectivas y un verdadero efecto disuasorio frente a los incumplimientos empresariales.
El sindicato recordó además que el Comité Europeo de Derechos Sociales dio la razón a UGT en marzo de 2024 y a CCOO en julio de 2025 al considerar insuficiente el actual sistema indemnizatorio español para garantizar una reparación adecuada en determinados supuestos de despido improcedente.
UGT también subrayó que el debate continúa abierto en los tribunales. Aunque el Tribunal Supremo concluyó en julio de 2025 que la legislación española es compatible con la Carta Social Europea, el sindicato recuerda que aquella resolución contó con votos particulares discrepantes y que actualmente se encuentra pendiente de revisión por parte del Tribunal Constitucional a raíz de un recurso de amparo promovido por la propia organización.
La patronal rechaza negociar cambios
La CEOE acudió a la reunión –pese a que había anunciado que no asistiría– para reiterar su oposición a la reforma. Según fuentes empresariales recogidas en Europa Press, aseguraron que su presencia en la mesa responde únicamente al “respeto” hacia los agentes sociales y al propio proceso de diálogo, pero insistieron en que no consideran necesario modificar la regulación vigente.
La patronal se remite a la sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2025, que estableció que el ordenamiento español es compatible con la Carta Social Europea y los convenios internacionales ratificados por España. Además, sostiene que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales “no son vinculantes para los Estados ni ejecutivas para los tribunales”.
Junto a su rechazo a la reforma del despido, la CEOE aprovechó la reunión para trasladar al Ministerio su malestar por la acumulación de iniciativas legislativas impulsadas por Trabajo sin acuerdo previo con los interlocutores sociales. Según la organización empresarial, algunas de estas propuestas afectan a materias ya pactadas en la reforma laboral de 2021 y generan inseguridad en el marco de la negociación colectiva.
Las posiciones, por tanto, permanecen alejadas. Sin embargo, el compromiso adquirido por el Ministerio con CCOO y UGT abre la puerta a que el debate sobre el coste del despido, la readmisión y las garantías frente a los ceses injustificados abandone el ámbito exclusivo del diálogo social y llegue al Congreso de los Diputados.
No obstante, el recorrido parlamentario a esta reforma está lleno de incertidumbres. PSOE y Sumar incluyeron en su acuerdo de gobierno la adaptación de la normativa española a la Carta Social Europea, pero las posiciones a la contra de varios grupos parlamentarios (PP, VOX, Junts y PNV) anticipan una negociación que se antoja imposible.
La mayoría de derechas ya tumbó la reducción de jornada y todo indica que podría volver a dificultar la aprobación de este cambio, mientras tampoco existe unanimidad dentro del propio Gobierno sobre el alcance de la reforma.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
