Las desigualdades en vivienda, sanidad y educación en España tensan la sociedad
La inflación ha tenido un “efecto regresivo en términos distributivos” en la sociedad española, intensificando las desigualdades. Trabajadores y pensionistas han visto “erosionado su poder adquisitivo”, ya que los aumentos salariales y de prestaciones quedaron “muy por debajo del incremento de los precios” .
Esta es una de las conclusiones del VII Informe sobre la desigualdad en España 2026, elaborado conjuntamente por la Fundación Alternativas, la Fundación 1º de Mayo y Oxfam Intermón, y presentado en la sede del Consejo Económico y Social
Los autores alertan de una “erosión del bienestar social” en España provocada por las brechas estructurales en el acceso a la vivienda, la calidad educativa y la equidad sanitaria.
El documento identifica la inflación, las dificultades de acceso a la vivienda y la pobreza infantil como las “principales amenazas” para el Estado del bienestar europeo. Según los datos recogidos, “casi ocho de cada diez personas creen que en España hay muchas desigualdades”, que afectan especialmente a “las personas con menos recursos económicos, las mujeres, los jóvenes y las personas racializadas” .
Durante la presentación, Olga Salido, profesora de Sociología de la UCM y codirectora del análisis, recordó que “la desigualdad no es un estado, es un proceso condicionado por el mercado de trabajo, los cambios demográficos y tecnológicos, las expectativas sociales o la percepción que tenemos de quiénes somos”, y subrayó el papel decisivo de las políticas públicas y del diseño institucional.
El 30% de las personas encuestadas afirma que sus ingresos no les permiten llevar una vida digna, casi tres puntos más que en 2023. El estudio también detecta “efectos diferenciales” entre hogares endeudados, ahorradores y tenedores de activos financieros, y constata que los hogares con menos renta afrontaron tasas de inflación específicas más elevadas porque destinan una mayor parte de su presupuesto a energía y alimentos .
Vivienda: “un panorama dramático” y la principal fuente de desigualdad
El análisis describe la situación de la vivienda como un “panorama dramático” y la identifica como “la principal fuente generadora de desigualdad”. El 45% de la población declara sentir un fuerte malestar por la crisis habitacional, una cifra que asciende al 73,6% entre quienes viven de alquiler, frente al 33,2% de las personas propietarias .
El informe confirma la consolidación de la llamada “Generación del Alquiler”, un “modelo agotado en el que el bienestar de unos depende crecientemente de la extracción de rentas de otros” .
Las organizaciones reclaman un Pacto de Estado en materia de vivienda que permita ampliar el parque social y asequible, reforzar la inversión pública y movilizar viviendas vacías o de uso turístico hacia el alquiler.
El estudio advierte de que “el reto político no consiste únicamente en aumentar la oferta, sino en desmantelar un entramado institucionalizado que convierte el derecho a habitar en una infraestructura de explotación”, y urge a aplicar la Ley de Vivienda en las comunidades autónomas donde aún no se está implementando.
Transparencia en Sanidad
Ante las desigualdades en el acceso al Sistema Nacional de Salud, el texto propone medidas para garantizar la cobertura universal. Entre ellas, asegurar una cita en Atención Primaria en un máximo de 78 horas y reforzar la transparencia sobre recursos y listas de espera.
“Se trata de ofrecer en abierto por internet datos e información de los recursos (personal, quirófanos, etc.) disponibles y utilizados”, señalan los autores, vinculando esta transparencia con una mejor rendición de cuentas del sistema sanitario .
Educación: reducir repetición, abandono y segregación
En el ámbito educativo, el informe insiste en la necesidad de adoptar políticas que reduzcan la tasa de repetición, la falta de titulación y el abandono escolar temprano, factores que alimentan la reproducción de la desigualdad entre generaciones.
El documento considera “indispensable” rebajar los mecanismos de segregación asociados a la red de centros concertados, especialmente las cuotas exigidas a las familias, que pueden actuar como barrera de entrada para los hogares con menos recursos. También sitúa como tarea “urgente” la creación de plazas públicas gratuitas en el primer ciclo de educación infantil .
Las organizaciones subrayan que la política tributaria es una “herramienta imprescindible” para corregir desigualdades y reclaman una reforma integral que dote al sistema de mayor progresividad y capacidad recaudatoria.
Proponen revisar la imposición sobre la riqueza, reformar el impuesto sobre el patrimonio y avanzar en la fiscalidad sobre grandes fortunas, la fiscalidad corporativa y la lucha contra las guaridas fiscales .
Entre las propuestas del informe figuran medidas económicas dirigidas a las realidades de los grupos vulnerables —como familias monoparentales o con tres o más hijos— y mecanismos automáticos de indexación que protejan a los hogares frente a shocks económicos.
También, mejoras en la calidad institucional y en la implementación de las medidas para asegurar que lleguen “a los colectivos para quienes fueron diseñadas”.
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