La parroquia de Santa Irene de Vallecas aborda la crisis de la vivienda en Madrid
El Aula Cívica de la parroquia de Santa Irene, en la que participan los equipos de Vallekas y Norte-Sur de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Madrid organizó una sesión sobre la situación de la vivienda que contó con la intervención del técnico de Innovación Social de Cáritas Madrid, Víctor Rodríguez y el integrante de Ateneo de Vallecas y del movimiento por la vivienda, Jon Machimbarrena.
Ante un grupo de personas vinculadas a la parroquia y comunidades cristianas, vecinas y militantes de este movimiento de trabajadores cristianos, ambos ponentes abordaron la emergencia habitacional en la Comunidad de Madrid y animaron a debatir sobre propuestas ciudadanas para hacer frente a esta crisis.
Una de cada cinco personas en exclusión social en la Comunidad de Madrid (23%) lo está por causas relacionadas con la vivienda, según detalló el técnico de Innovación Social de Cáritas Madrid y uno de los autores de la Fundación FOESSA, Víctor Rodríguez.
La crisis del derecho a la vivienda, subrayó Rodríguez, “va más allá de la pobreza económica”, al haberse convertido en el principal factor de exclusión, afectando principalmente a las personas migrantes, familias con menores, trabajadores y trabajadoras pobres y personas jóvenes.
Según el experto de Cáritas Madrid, el 29% de las personas que viven de alquiler está en riesgo de pobreza. Una consecuencia de los altos precios del mercado, dado que más del 50% de los hogares que viven en régimen de alquiler gastan más del 30% de sus ingresos en la renta de arrendamiento.
Los altos precios no son el único problema del mercado inmobiliario en Madrid. Aumenta el hacinamiento tanto por el alquiler por habitaciones, la inadecuación de las viviendas y la tenencia precaria del hogar por la rotación de los contratos.
Se calcula que hay 700.000 personas en la región madrileña en viviendas en malas condiciones, a pesar de pagar precios muy altos, mientras que unas 400.000 personas cuentan con un hogar en tenencia precaria que podrían perder si no consiguen renovar sus contratos.
Discriminación inmobiliaria
En paralelo, está aumentando la llamada “discriminación inmobiliaria”, mediante la imposición de un sinfín de requisitos para quienes aspiran a hacerse con una vivienda en propiedad o en alquiler, incluso otorgando preferencia a jóvenes sin descendencia ni arraigo. Esto ocurre en una comunidad en la que la vivienda social no alcanza el 2%, muy lejos del 15% europeo.
Entre tanto, sigue el incremento del precio de la vivienda (más del 35% en general y un 53% en obra nueva) y del alquiler, cuya cuota media ha subido un 24%.
El precio medio del alquiler equivale ya al 67% del salario mínimo interprofesional (SMI), mientras que el 47% del parque de viviendas está en manos de titulares con más de una propiedad. De hecho, las viviendas en manos de hogares de rentas bajas están disminuyendo significativamente. De hecho, las compras al contado van a más, lo que da idea del perfil de los agentes que participan en el mercado.
Las consecuencias, advirtió, se traducen en inestabilidad, desigualdad territorial, peores tiempos de conciliación y un aumento de los desahucios, “el 75% de los mismos por impago de alquiler”.
Tras este análisis, Jon Machimbarrena, que participa también en la Asamblea Vecinal “Vallekas está harta”, presentó una batería de propuestas para revertir la situación. Entre ellas, la regulación del mercado para garantizar precios razonables y la garantía de estabilidad de las personas y familias inquilinas.
Regulación e intervención pública
Las Administraciones públicas, desde su perspectiva, han de asumir su responsabilidad en asegurar vivienda asequible, pudiendo legislar para establecer la limitación del acaparamiento por fondos de inversión y la prohibición de destinar viviendas a usos distintos de la residencia habitual.
También defendió impedir subidas del alquiler por encima del IPC y “exigir mínimos de habitabilidad de las viviendas”. A medio plazo, planteó recuperar el parque público y construir vivienda de forma racional.
El diálogo posterior puso el foco en el papel de los grandes tenedores, acusados de mantener pisos vacíos para tensionar los precios, y en la negativa de algunas comunidades autónomas a aplicar la Ley de Vivienda. Se habló de la “inmoralidad”, tanto de fondos como de propietarios particulares, que buscan enriquecerse “a costa de un derecho fundamental”.
La sesión concluyó con un llamamiento a la movilización y a la exigencia de políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna, recordando que este derecho no puede quedar subordinado a la lógica del mercado.
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