El Gobierno aprueba 27.232 plazas de empleo público entre el impulso a la IA y las críticas sindicales

El Gobierno aprueba 27.232 plazas de empleo público entre el impulso a la IA y las críticas sindicales
La oferta pública de empleo de 2026 incorpora 27.232 plazas para la Administración General del Estado, con un fuerte impulso a la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la ciencia del dato, mientras CCOO, UGT y CSIF denuncian opacidad, plazas pendientes y riesgos de externalización.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 para la Administración General del Estado (AGE), que contará con 27.232 plazas, una cifra muy similar a la del año anterior, pero con una orientación política y organizativa marcada por la digitalización, la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad y la ciencia del dato.

La oferta incluye 26.886 nuevas plazas para la AGE, de las que 20.541 corresponden al turno libre y 6.345 a promoción interna. A ellas se suman 346 plazas de una oferta extraordinaria destinada a reforzar la respuesta pública ante emergencias climáticas, con perfiles como meteorólogos, ingenieros de montes y forestales y agentes medioambientales.

Si se tienen en cuenta las plazas ya anunciadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, la OEP de 2026 asciende a 37.017 plazas, ligeramente por encima de las 36.588 del año pasado.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta oferta “es diferente a otras” porque tiene como “gran prioridad” avanzar en “la digitalización y el uso de la inteligencia Artificial en la Administración Pública”. Según ha explicado, el objetivo es mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía y aumentar en un 25% los procedimientos administrativos digitales.

Una oferta marcada por la inteligencia artificial

Una de las principales novedades es la convocatoria de 1.700 plazas para especialistas en tecnologías de la información, un 42% más que en la oferta anterior. Además, por primera vez se convocarán pruebas de acceso por especialidades para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, con el objetivo de captar perfiles en inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia del dato.

El Gobierno también prevé constituir una alianza por el talento STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para mejorar la capacidad de atracción de la Administración y asegurar la cobertura de vacantes en ámbitos estratégicos. En paralelo, los cursos selectivos de esta oferta incorporarán módulos obligatorios de inteligencia artificial y herramientas de datos, dentro de un plan de capacitación digital del empleo público.

Según los datos trasladados por el ministro, España se sitúa por encima de la media europea en el uso de servicios públicos digitales. López ha señalado que el porcentaje de ciudadanos que utilizan webs oficiales o aplicaciones del Gobierno alcanza el 83%, frente al 75% de la media europea, y ha situado ese avance como argumento para profundizar en la transformación digital de la Administración.

La oferta se estructura en torno a tres ejes: transformación digital de la Administración Pública, mejora de los servicios esenciales y refuerzo de áreas estratégicas. Para el ministro, se trata de “un refuerzo decidido e inmediato de aquellas áreas de políticas públicas que los departamentos han definido como prioritarias”, especialmente ante necesidades derivadas del contexto político, económico y medioambiental.

Función Pública destaca, además, que esta será la primera oferta que no se rige exclusivamente por la tasa de reposición, al incrementar en un 30% las plazas en áreas consideradas prioritarias, como la transformación digital, la ciberseguridad o la prevención de emergencias climáticas. López ha estimado que la OEP supondrá la creación de 6.200 empleos netos.

“Vamos a digitalizar la administración pública, a transformar el empleo público, pero vamos a seguir creando empleo”, ha subrayado el ministro, quien también ha defendido que las ofertas de empleo público aprobadas desde 2021 han generado empleo neto y han contribuido a rejuvenecer la edad media de las plantillas en más de dos años, hasta situarla en los 49 años.

Los sindicatos denuncian opacidad y falta de negociación

La aprobación de esta oferta de empleo público llega, sin embargo, acompañada de críticas sindicales. CCOO, UGT y CSIF, organizaciones mayoritarias en el ámbito del empleo público, han denunciado la falta de negociación de la oferta, una situación que, según sostienen, se ha repetido en años anteriores.

CCOO ha expresado sus recelos ante los anuncios de transformación del empleo público mediante la digitalización y la inteligencia artificial. El sindicato considera que estos planteamientos “crean incertidumbre al ocultar las cifras, abren la puerta a las empresas tecnológicas muy interesadas en lo público para realizar negocios y amplían la externalización de servicios públicos en la Administración General del Estado”.

La advertencia del sindicato liderado por Unai Sordo señala un debate pendiente de abordar en el sentido de si la modernización tecnológica de la Administración se hará reforzando el empleo público y las capacidades propias del Estado, o si servirá para ampliar espacios de negocio privado en servicios que deberían prestarse con garantías públicas, control democrático y estabilidad laboral.

UGT, por su parte, ha puesto el foco en las plazas pendientes de convocar de ofertas anteriores. El sindicato ha denunciado la falta de convocatoria de unas 9.000 plazas laborales correspondientes a las OEP de 2023 a 2025, algunas de ellas próximas a caducar, ya que deben convocarse en el plazo de tres años. Según señalan, el Ministerio se comprometió a aprobar estas plazas en unos dos meses, por lo que apremian a Función Pública a cumplir su palabra y no demorar más las convocatorias.

También CSIF ha criticado la “opacidad” del Ministerio y ha advertido de que las necesidades reales de personal en la Administración General del Estado son especialmente visibles en áreas tensionadas. Este sindicato ha señalado que el proceso de regularización masiva de personas migrantes está poniendo al descubierto las “costuras” de una Administración ya sobrecargada, especialmente en ámbitos como Extranjería, Seguridad Social e Interior.

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