Oxfam Intermón advierte de que el pacto de PP y Vox para condicionar los derechos persigue sembrar miedo y polarización
Oxfam Intermón alerta de que el acuerdo de investidura firmado por PP y Vox, en Extremadura replicado en otros lugares, forma parte de una deriva política global que busca “sembrar miedo para aumentar el rechazo y la polarización”.
Su director general, Franc Cortada, sostiene que el pacto responde a “la voluntad política deliberada de convertir la dignidad humana en moneda de cambio” para condicionar el reconocimiento de derechos “según el origen de las personas”.
La ONG denuncia que medidas como la “prioridad nacional” en ayudas y vivienda, los recortes a entidades sociales o el rechazo a la acogida de menores migrantes responden a una lógica “excluyente y xenófoba” que convierte los derechos inherentes a cada persona en arbitrarios.
Cortada insiste en que la verdadera prioridad debería ser combatir “las desigualdades, la pobreza, la crisis de la vivienda o la pobreza infantil… sin dejar nadie atrás”.
Oxfam Intermón advierte de que el pacto no busca austeridad ni eficiencia, sino “una política de exclusión y discriminación” con efectos directos: “Niños y niñas sin protección, familias sin acceso a servicios básicos, organizaciones señaladas como enemigas del orden público”.
Cuando los derechos dejan de ser universales, añade, “se introduce la idea de que hay vidas que valen menos”.
Erosión de la democracia
La organización enmarca el acuerdo en un proceso internacional que reconfigura las democracias desde dentro.
Conceptos como la “prioridad nacional”, el “efecto llamada” o la equiparación de ONG con mafias “no nacieron en Extremadura”, sino que son “exportaciones de un repertorio ideológico” que se adaptan a cada territorio.
Oxfam Intermón denuncia también los recortes a entidades que trabajan con personas vulnerables y el intento de “vaciar de contenido real” las garantías internacionales de protección, como las relativas a menores no acompañados.
La ONG reclama responsabilidad política y recuerda que “no existe posición intermedia entre respetar la dignidad de todas las personas y suscribir un programa que la condiciona a su origen”.
“La dignidad no es una competencia autonómica. Es una condición inherente a la existencia de nuestras democracias. Y defenderla, también aquí, también ahora, es parte de nuestro mandato”, concluye Franc Cortada.
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