España decide legalizar a los migrantes… y el mundo no se acaba
¿Qué tienen en común la Conferencia Episcopal, la patronal CEOE, los sindicatos, la ministra Elma Saiz y su cuñado, ese quejica del bar? Pues que todos apoyan la regularización extraordinaria que afectará a medio millón de personas migrantes —quizá hasta 840.000, según cálculos de Funcas—, en lo que supone un giro copernicano en la política migratoria española y europea. Vamos por partes, que esto tiene miga.
No, no vienen con un plan maestro para robar el jamón de la nevera. Los sujetos de esta regularización son miles de personas que ya viven, trabajan en la economía sumergida, pagan IVA sin saberlo y saludan al portero. El economista José Manuel Corrales lo resume con una contundencia que desarma a los agoreros: «La regularización de inmigrantes es fuente de riqueza». Hablamos de camareros sin contrato, cuidadores de abuelas que nadie quiere cuidar y agricultores que recogen la fruta que usted come esta mañana. En 2025, España cerró con más de tres millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, representando ya el 14,2% del total de cotizantes. Un dato que la ministra de Inclusión, Elma Saiz, subraya sin complejos: «Cuando analizamos esta realidad con datos —y no con prejuicios— vemos algo muy claro: España está gestionando la migración con resultados positivos desde el punto de vista económico, laboral y social».
«Es estresante, te pueden explotar y luego puedes acabar no solo sin dinero, sino enferma y sola», relata Diana, una migrante peruana de 40 años que llegó a España hace dos años. «Me dará seguridad jurídica y estabilidad porque cada uno podrá trabajar y acceder a la sanidad sin miedo», explica Juan David, un estudiante colombiano de 25 años que ahora podrá combinar sus estudios de Economía en la Universidad con un trabajo en regla. Como él, miles podrán abrir una cuenta bancaria sin que les pregunten por el horóscopo, alquilar una casa sin que el casero huya persignándose y, sobre todo, equivocarse sin que ese error signifique la deportación.
De la ley de «mirar para otro lado» al sentido común
La anterior legislatura española y europea brillaba por su hipocresía: inmigrantes sí, pero «invisibles, por favor». El nuevo Reglamento de Extranjería (Reloex), aprobado el 20 de noviembre de 2024 y en vigor desde el 20 de mayo de 2025, reduce los plazos exigidos para acceder al arraigo de tres a dos años y homogeniza las cinco modalidades de regularización.
Mientras tanto, Bruselas, con la flema que la caracteriza, ha recordado que la regularización es «competencia exclusiva del Gobierno de España», aunque ha matizado que «un permiso de residencia no es un cheque en blanco». Vamos, que la UE, esa maquinaria lenta que ahora aplaude con la boca pequeña, ha tenido que tragarse su propio miedo al famoso «efecto llamada» —que ya sabemos que es tan real como el unicornio rosa.
Canadá, Alemania o Portugal ya entendieron que regular no es caridad, sino gestión inteligente. Ahora España se sienta en esa mesa, aunque llegue con una copa de vino tempranillo y un poco de retraso. Por fin la legislación se parece más a un país de hoy que a un cortijo del siglo XIX.
Quién apoya (hasta su cuñado, y eso es mucho decir)
La Iglesia, esa institución a la que a veces le cuesta hablar claro, esta vez ha soltado un «bien hecho» con voz rotunda. Las comunidades eclesiales de base han calificado la regularización como «un complemento necesario para integrar a quienes ya viven entre nosotros».
La patronal CEOE ha expresado un amplio apoyo a la medida, afirmando que una inmigración «ordenada» es beneficiosa.
Los sindicatos, por su parte, sostienen que mantener a miles de personas en la irregularidad solo genera «exclusión, sobreexplotación laboral y clandestinidad».
Y el pueblo, según el CIS, apoya mayoritariamente la regularización. Incluso su tío el del bar, el que dice que «los inmigrantes nos quitan el trabajo», cuando le preguntas quién le friega los platos, calla.
Lo que traerá a la economía: más de lo que cuesta
Los datos cantan, y lo hacen con una melodía que a los escépticos les chirría. Cada euro invertido en regularizar revierte tres en cotizaciones, consumo y alivio de la economía sumergida.
Los trabajadores extranjeros aportaron el 43% de los 605.000 empleos creados en España durante 2025. El 80% del crecimiento registrado entre 2019 y 2025 se debe a la población extranjera, según el Banco Central Europeo.
Además, la legalización de su situación laboral aumenta los ingresos públicos entre 3.000 y 4.000 euros por trabajador extranjero. Y no, el paro no subirá: porque un albañil con papeles no le quita la paleta a un arquitecto; le construye la casa.
Una sociedad más humana: la normalización que nos merecemos
Regularizar no es solo un acto administrativo: es la puerta de entrada a una sociedad más abierta, menos crispada y más consciente de que la diversidad no es una amenaza, sino un regalo.
Como recuerda el Ministerio de Inclusión, «lo que más valora la ciudadanía es la riqueza cultural que aportan los extranjeros». Detrás de cada expediente hay un acento nuevo, una receta que se suma a nuestra ya de por sí generosa gastronomía, una fiesta que ensancha el calendario de celebraciones.
La tolerancia hacia la inmigración prosigue una tendencia ascendente: los españoles están cada vez más convencidos de que convivir con personas de otros orígenes nos hace mejores. Quienes vienen no son invasores, son personas que quieren construir su vida, como hicieron tantos españoles en Alemania, Francia o Suiza no hace tanto tiempo.
Superar las pequeñas identidades: el bien común por encima de todo
Algunas comunidades autónomas han mostrado su recelo, estudiando incluso recurrir la medida ante la Justicia. Pero conviene recordar que las fronteras autonómicas son líneas en un mapa, no murallas infranqueables.
La regularización de personas no entiende de colores políticos ni de identidades pequeñas: entiende de derechos humanos, de economía real y de personas de carne y hueso.
El presidente de la patronal agraria Asaja Cataluña, Pere Roque, lo expresó con meridiana claridad: «En este momento, tener profesionalidad y personas que puedan trabajar en el campo es una necesidad». Porque el campo, los hoteles, las residencias y las obras están en todas partes, y la mano de obra que los sostiene también.
Lo bonito cuando las tres culturas podían vivir en paz
España no ha sido ajena a este baile de culturas. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que cristianos, musulmanes y judíos compartían calles, mercados y saberes en Córdoba y Toledo.
La convivencia no fue perfecta, pero aquella España de las tres culturas nos dejó una lección que hoy parece olvidada: la mezcla nos enriquece, no nos empobrece. La Escuela de Traductores de Toledo, la Mezquita-Catedral de Córdoba, la sinagoga de El Tránsito de Toledo son testimonios de piedra de que la diversidad bien gestionada produce esplendor.
Hoy, esos mismos ecos resuenan en cada barrio donde un paquistaní regenta la tienda de ultramarinos, una familia senegalesa vive en el piso de abajo y un joven marroquí estudia en la universidad pública.
Y esa riqueza cultural, por supuesto, también es económica: la llegada de talento altamente cualificado ha crecido de forma sostenida, hasta el punto de que los autónomos de origen extranjero ya representan uno de cada tres trabajadores por cuenta propia en el sector de Información y Comunicaciones.
Derechos humanos y democracia abierta: o esto o la caverna
Apostar por la regularización es decir que la dignidad no caduca. Es entender que la democracia no se protege levantando muros, sino derribando prejuicios.
La escritora británico-somalí Warsan Shire lo escribió con una imagen tan bella como brutal: «Nadie se va de su casa a menos que esa casa sea la boca de un tiburón».
El Nelson Mandela de los derechos humanos añadiría, si levantara la cabeza: «Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad».
¿Quiénes se oponen? Los de siempre: Vox, Feijóo y ese señor de X
Feijóo ha calificado la regularización de «inhumana, insegura e insostenible».
Vox, fiel a su estilo, ha hablado directamente de «invasión migratoria» y ha denunciado «el colapso de las instituciones, la vivienda y la inseguridad».
El comisario europeo de Interior, el conservador austríaco Brunner, ha advertido de que el permiso de residencia «no es un cheque en blanco» para desplazarse por la UE.
Pero sus argumentos se desinflan más rápido que un globo en una agencia de viajes: España ha tenido seis procesos de regularización desde los años ochenta, impulsados por Gobiernos del PSOE y del PP, y el país sigue en pie.
Frases del Evangelio para cuando les dé el arrebato
«Fui forastero y me acogisteis» (Mt 25,35).
«No hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, pues todos sois uno» (Gal 3,28).
Y, para rematar, «La ley se hizo para el hombre, no el hombre para la ley» (Mc 2,27).
Los fariseos de hoy —con escaño, corbata y cuenta verificada en X — deberían releerlo.
Final (sin ironía, que ya hemos gastado mucha)
Regularizar no es un favor. Es reconocer que ya están aquí, y que dejarlos en la sombra es más caro, más injusto y más feo.
Como dice la ministra Saiz, se trata de «reconocer, dignificar y dar garantías» a quienes ya contribuyen. Al final, resulta que la humanidad no es un gasto: es la mejor inversión.
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