Doblar el brazo a la desigualdad
Es indudable que el gobierno de coalición progresista con el apoyo de los socios de investidura ha desarrollado medidas políticas y sociales conducentes a una mejora objetiva de las condiciones de vida de la población. Pero no siempre ha funcionado esa coherencia social en la mayoría parlamentaria dominante y la legislatura avanza con incertidumbre en ese objetivo deseable. Más aún, algunas medidas son aplicadas con poca eficacia y, aunque su contenido es adecuado no alcanza a incidir suficientemente en las situaciones concretas y dejan un vacío considerable sobre las expectativas planteadas. Lo malo es que no basta con ser coherentes en las iniciativas adoptadas, sino que hay que garantizar que éstas sean eficaces para resolver los problemas.
Un caso paradigmático de insuficiencia lo ha constituido el ingreso mínimo vital (IMV), que siendo una idea muy positiva para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, su imperfección técnica, su burocracia y su encaje funcional la han convertido en un instrumento totalmente insuficiente para cumplir su cometido. Esto ha supuesto un desliz importante en las políticas sociales, que unido al descalabro en varias comunidades de las rentas mínimas de inserción, al no funcionar debidamente la complementariedad entre ambas prestaciones, lo cual hubiera supuesto alcanzar la cobertura del umbral de la pobreza, ha dejado al Estado español en una posición deficitaria grave en el cumplimiento de la Carta Social Europea, a pesar de que España haya sido advertida ya formalmente por esa quiebra de nuestro estado de bienestar social.
Otro borrón innegable en esa línea de confrontar con la desigualdad lo representa la situación del sector de La Cañada Real de Madrid, que carece de luz para un colectivo humano importante, extremo que las administraciones públicas afectadas no consiguen superar con la degradación que ello implica para nuestro nivel de justicia social. Lo mismo, si nos referimos al problema de la vivienda, a pesar de la nueva ley aprobada por el Estado, pero que no cuenta con la aplicación correspondiente en numerosas comunidades autónomas. Es cierto que un Estado descentralizado precisa la cooperación mutua de las distintas administraciones para articular las medidas correspondientes con lealtad y responsabilidad social. Sin embargo, muchas veces se quiere castigar al gobierno central y realmente a quien se perjudica es a los colectivos sociales más vulnerables, algo impropio de políticos democráticos.
Por ello, urge promover desde las fuerzas políticas un auténtico Pacto de Estado por los Derechos Sociales, tal como ocurrió con la modificación del art. 49 de la Constitución para asegurar como derechos subjetivos de la población esos servicios sociales básicos, que luego cada administración debe regular para su entorno, pero respetando los principios acordados en común, solo así evitaremos que los derechos sociales sean también moneda de cambio político y sí sean temas de estado sin fisuras partidistas en su desenvolvimiento.
En este contexto, la tributación del nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), resulta inoportuna e injusta, pues si ese instrumento es un elemento que ayuda a superar la desigualdad, hay que sacarlo de la recaudación para que cumpla su cometido. Ya las rentas de trabajo son las paganas de los ingresos fiscales y si ni siquiera se prescinde del SMI, todavía estaremos más lejos de doblar el brazo a la desigualdad, pues no olvidemos que queda pendiente una reforma fiscal integral, que equilibre la balanza de la contribución de la ciudadanía para las arcas públicas.
Abogado asturiano y presidente de la asociación PUEDO de la ONCE. Miembro de la Coordinadora Estatal de Redes Cristianas
