Pensiones y vidas dignas
Pensiones, un pilar del estado del bienestar que mengua
La movilización ciudadana sostenida más importante en nuestro territorio la protagonizan personas mayores que son reflejo de la enorme variedad de esta franja de la población: recién jubilados más energéticos, ancianos más “tocados” con bastón, muleta, andador o en silla de ruedas, algunos luchadores antifranquistas, otros acreditan un dilatado historial de lucha reivindicativa en colectivos, organizaciones y sindicatos… Son los participantes en las concentraciones que convoca la Marea Pensionista (más de 270 plataformas en todas las comunidades autónomas) cada lunes en las principales plazas de pueblos y ciudades, siempre a las 10 de la mañana, porque es la hora en la que la mayoría quedan liberados de sus obligaciones familiares: ya han dejado a los nietos en el colegio y es el intervalo justo antes de comenzar a organizar las comidas del mediodía y volver a recoger a los nietos.
Tal vez algunos se preguntarán por qué estos ancianos, en un tiempo de luchas escasas, no están en el casal jugando una partida de dominó, o practicando taichí en el parque, o leyendo el periódico en el bar… Las pensiones son un derecho adquirido y reconocido tras haber trabajado, ¿por qué se tienen que defender con esta persistencia? Pues, como tantas otras cosas, las pensiones no se pueden dar por descontadas y hay que protegerlas con el cuerpo de ciudadanos comprometidos. De hecho, la chispa de este movimiento comenzó en Cataluña como respuesta a contrarreformas graves, como la prolongación de la edad de jubilación en dos años o la congelación de las pensiones. “Cuando me jubilo mi vida militante sigue, pero desde otro lugar, organizándome con otros pensionistas, luchando por las pensiones dignas y suficientes para poder vivir”, sostiene Miguel Ángel Hernández, portavoz de la Marea Pensionista de L’Hospitalet de Llobregat, implicado en la asociación vecinal de su barrio y militante de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica).
Varios militantes de la Pastoral Obrera, una vez se jubilan, pasan a sumarse a las movilizaciones de defensa de las pensiones. Es el caso de Jaume Gubert, profesor jubilado y militante de la ACO (Acción Católica Obrera): “Asisto a la Marea Pensionista desde marzo de 2021, como quien dice, casi a misa, porque es como una liturgia, quiero decir: se comienza con la lectura del manifiesto, siguen toda una serie de parlamentos, hay citas y convocatorias y, al final, hay alguien que canta y allá se acaba. A veces, hay un poco de manifestación o se va en solidaridad a algún lugar cercano”, como ocurrió días atrás en los que apoyaron a los estudiantes de la Universidad de Barcelona acampados en solidaridad con el pueblo palestino. Jaume, como creyente, tiene un argumento claro para esta causa: “¿Cuál es la voluntad de Dios? La dignidad de las personas y la justicia”.
Las pensiones no son un producto financiero,
son un derecho social con la finalidad de
tener una vejez con dignidad y ha de ser
mantenido y garantizado por
las administraciones
El sistema público de pensiones es uno de los pilares del Estado del bienestar en España y asegura ingresos, que en el año 2023 representaron el 12,7% del PIB, a unos 9,5 millones de pensionistas y sus familias. Un peso económico que podría ser cada vez más elevado por el gran cambio demográfico global con el crecimiento de la gente mayor en las poblaciones, especialmente en Europa, y la caída constante de la fecundidad. La población mayor de 64 años representaba en 2022 el 20% de la población del Estado español (el doble que en 1975) y la población de 80 y más años ha pasado a representar un 6% en 2022 (1,6% en 1975).
“Esta nueva composición social precisa de un reequilibrio de los mecanismos de solidaridad intergeneracional [valorada por el papa Francisco en Laudato si’, 159] y la transferencia de recursos entre unas generaciones y otras, para satisfacer las necesidades de las personas a lo largo de todo el ciclo vital. Tanto la infancia como la vejez son momentos vitales en los que las necesidades de recursos son superiores a lo que se produce, por lo cual todas las sociedades necesitan organizar las transferencias de recursos intergeneracionales, a través de las familias y de la protección pública”, podemos leer en el informe Observatorio social de las personas mayores 2023 para un envejecimiento activo, editado por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO.
Pensiones dignas y justas para todos, ¿en peligro?
En efecto, las pensiones no están tan blindadas como podríamos imaginar. Es una sabrosa tarta a cuyo alrededor pivotan varios intereses privados: “Una de las amenazas para las pensiones públicas es el falso relato de que el sistema no es sostenible y que se nos repite constantemente. Sin embargo, si el sistema no es sostenible, ¿qué hacen los bancos y el mundo financiero tras este bote?”, se pregunta Jaume Gubert. Él mismo también apunta otros ataques al sistema, como gastos indebidos que se han cargado a la hucha de las pensiones o la última reforma, que permite que una parte de la cuota de la Seguridad Social que pagan el trabajador y el empresario cada mes se pueda asignar a un fondo de pensiones de empleo gestionado por las entidades financieras (es, de hecho, lo que ha ocurrido con el convenio colectivo de la construcción que afecta a 1,4 millones de trabajadores).
Recordemos que la financiación del conjunto de estas prestaciones es prioritariamente contributivo a través de un modelo de reparto solidario, es decir, las pensiones en vigor se financian con las aportaciones que los trabajadores en activo realizan en el momento presente y con las que se garantiza el 80% del gasto total del sistema: “Cada mes salen de nuestras nóminas estas cotizaciones, porque en el fondo son un salario diferido para cuando nos jubilemos. Vivimos en contexto de privatización extrema, también de todos los derechos sociales que nos han costado tanto de conquistar a la clase trabajadora en los últimos 50 años”, concluye Gubert.
El portavoz de la Marea Pensionista en Cataluña, Ramon Franquesa, encuentra el punto de inflexión en que “el sector financiero pretende convertir las pensiones en un negocio y esto conlleva riesgos: no hay control de a dónde va este dinero (por ejemplo, a maniobras especulativas, como productos financieros que, en lugar de dar un rendimiento a las pensiones, provocan que suban los alquileres), los fondos de pensiones en la estructura financiera sirven para compensar los déficits de los productos tóxicos, son ahorros esclavos que no tienen movilidad y eres objeto de todo tipo de abuso bancario (comisiones de gestión). En la crisis financiera de 2008 vimos cómo centenares de fondos de pensiones se volatilizaban”. Y se reafirma que “las pensiones no son un producto financiero, son un derecho social con la finalidad de tener una vejez con dignidad y ha de ser mantenido y garantizado por las administraciones”.
Volviendo a las cifras, la principal prestación con la que el sistema protege a los pensionistas es la jubilación, que supone el 63% del total de pensiones reconocidas, seguida por la pensión de viudedad (23%), la de incapacidad permanente (9%), orfandad (3%) y a favor de familiares (0,4%). Las pensiones que más cuantía económica garantizan son las de jubilación (1.375 €/mes) y las de incapacidad permanente (1.118€/mes), y a más distancia se sitúan las pensiones de viudedad (852 €/mes), a favor de familiares (702 €/mes) y orfandad (478 €/ mes). En este sentido, una de las principales batallas de la Marea Pensionista es luchar “para que las pensiones se revaloricen cada año y se adecúen al coste de vida. Lo hemos conseguido con la subida del IPC, aunque pensamos que no es real al tratarse de un IPC medio y, por tanto, menor. Reivindicamos que las pensiones se equiparen al salario mínimo interprofesional”, relata Miguel Ángel Hernández.
Una de las amenazas para las pensiones públicas
es el falso relato de que el sistema no es sostenible.
Entonces, ¿qué hacen los bancos y el mundo financiero
detrás de este bote?
Aparte, están los colectivos más vulnerabilizados, particularmente las mujeres, en lo que se llama brecha de género entre mujeres y hombres (37%), es decir, la que viene determinada por la dificultad que tradicionalmente han tenido varias generaciones de mujeres para reunir carreras de cotización suficientes para acceder a pensiones de jubilación propias. En estos casos, la protección social se ha establecido a través de pensiones derivadas (viudedad, sobre todo, y no contributivas), que solo garantizan una parte de la protección que ofrecen las pensiones de jubilación: “Queremos que se acabe la brecha de género, tanto en los salarios como en las pensiones. Y, en concreto, pedimos que se incremente la pensión de las viudas, que actualmente solo cobran el 54% del sueldo de su esposo”, alerta Gubert. En este punto, Franquesa pone el acento en que “hay un escenario muy cruel que penaliza a la gente a medida que se hace mayor. Cuando te acabas de jubilar tienes energías, la pareja te ayuda, tienes más retribución… En cambio, cuando llegas al final y enviudas, has perdido el ingreso de la pareja, el alquiler es el mismo y esto, sobre todo, afecta a las mujeres (85%), que al final tienen ingresos muy menores y sin nadie que las cuide. En una pareja, el último en morir lo pasa peor y esto ocurre porque esta gente es más débil y no se puede defender”.
El horizonte del bien común
La trenza de corazones que animan a la Marea Pensionista, aunque desgastados por la edad y todo lo vivido, son pacientes, fiables y comprometidos y valoran todo lo que se ha conseguido: “Uno de los efectos que tiene nuestra lucha sostenida durante muchos años desde la calle es que este proceso de privatización de las pensiones se modera. Por ejemplo, que se pueda detraer de la cotización para pasar a pensiones privadas, esto era un proyecto mucho mayor. También tiene el efecto de ir combatiendo el relato oficial que el sistema no es sostenible”, anota Gubert. Una de las estrategias para hacer más vulnerable el sistema público de pensiones es “sembrar la desconfianza. Lo que se difunde en campañas mediáticas maliciosas es que no habrá pensión futura, así, el joven renuncia a que la empresa cotice o que lo haga con menos horas de las trabajadas. Si aceptas esto, tienes menos cotización y esto debilita el sistema”. De hecho, “se ha intentado confrontar a los jóvenes con la gente mayor y no lo han conseguido”, subraya Franquesa, a pesar de que admite que la Marea Pensionista no ha logrado movilizar a los jóvenes en la defensa de las pensiones. Con todo, constatan que, en sus visitas a institutos, cuando explican el sistema a los jóvenes y adolescentes estos lo entienden muy bien y se dan cuenta de “la historia de sus propios abuelos, saben que para su familia es esencial que la abuela tenga unos ingresos cada mes, porque no podrían mantenerla y saben que tiene aquellos ingresos porque ha trabajado toda la vida”.
En este sentido, una de las demandas de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) es hacer una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social (reconocida por ley, pero que no se ha hecho) para rebatir “la construcción de una mentira, que tiene que ver con unos cálculos sesgados y tramposos (que no tienen en cuenta la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, ni de la población migrante que viene a trabajar o las vidas laborales más cortas de los jóvenes de hoy que se incorporan más tarde a trabajar). Si se hiciese, se demostraría que no solo se pueden pagar las pensiones, sino que con lo que ingresa el Estado se pagan otras cosas, como la deuda pública, en lugar de mejorar las pensiones actuales”, reclama Franquesa.
Luchamos para que las pensiones
se revaloricen cada año y se adecúen
al coste de vida. Reivindicamos que
las pensiones se equiparen al salario mínimo
interprofesional
Miguel Ángel Hernández, en entrevista al espacio Llevat dins la pasta, de Ràdio Estel remarca que “la mayor victoria de los pensionistas ha sido resistir. Incluso en condiciones de extrema dificultad. Hemos tenido en contra al Gobierno, al Parlamento y, por desgracia, a algunos sindicatos. Son pequeñas victorias que, de algún modo, nos han dado sentido y también esperanza a la gente que movilizamos y organizamos”. Este militante de la HOAC encarna este velar por el bien común en su implicación en la defensa de una sanidad pública de calidad, con la Marea Blanca (en este caso, se concentran los miércoles): “Las personas que más utilizamos la sanidad pública y la farmacia somos los mayores y los niños. Así, pues, la Marea Pensionista y la Marea Blanca, dos movimientos que surgieron del 15-M, vamos al unísono”.
Gubert también destaca la capacidad de crear redes de la Marea Pensionista: “La Marea no solo defiende las pensiones públicas y dignas, sino que es solidaria con otras mareas, colectivos, organizaciones y sindicatos que luchan por la sanidad, los servicios sociales y asistenciales, de vivienda, de enseñanza, de la paz, etc., en definitiva, con el conjunto de trabajadores y trabajadoras, en el sentido de que la lucha de hoy influye en su jubilación futura. Todos somos clase obrera, trabajadores en activo, parados y pensionistas, dan- do por supuesto que son luchas compartidas”.
Bismarck, artífice del sistema público de pensiones
La solidaridad intergeneracional, es decir, la atención de las clases activas (que trabajan) hacia las clases pasivas (que lo han dejado de hacer) a través de las cotizaciones de los salarios, ya estaba presente en algunos gremios medievales, cofradías de pescadores o mutualidades obreras. Es en este contexto que, en la Alemania del siglo XIX, el partido socialdemócrata comienza a tomar fuerza porque gestiona las mutualidades obreras y el canciller Otto von Bismarck opta por estatalizar estos sistemas comunitarios para quitar poder a un partido que era su adversario político. En este punto, Ramon Franquesa Artés, profesor de Economía Mundial en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, sitúa el inicio de las pensiones públicas: “Un sistema enormemente sólido, que en Europa ha funcionado bien durante 150 años a pesar de dos guerras mundiales y nunca ha quebrado. Las razones del éxito las encontramos en el hecho de que, por una parte, el dinero no se guarda en un cajón y, por tanto, no hay la tentación de poder robarlo y, por otra, que a medida que la sociedad evoluciona y es más productiva, hay más recursos para atender a la gente mayor”.
El coportavoz de la Marea Pensionista de Cataluña (con Conchita Ribera) lamenta que “ahora, paradójicamente, nos encontramos con que lo comunitario que se estatalizó se quiere privatizar”. Se refiere al propósito de la Comisión Europea de ir privatizando los sistemas de pensiones (a pesar de no tener competencias) con la excusa de garantizar la solidez del sistema financiero (que sí es competencia exclusiva de la UE). “No les preocupa que las pensiones se cobren y sean sólidas, les preocupa que les vaya bien a los bancos. Y, aprovechando esta competencia, imponen sobre las pensiones una reforma que las deteriora. Es lamentable que en la Europa mercantilista los derechos sociales no se garanticen a nivel comunitario y se dejen en manos de los Estados para que se peleen entre ellos para recortarlos”, denuncia Franquesa. De hecho, los países más aplicados, como Alemania, han desarrollado la directiva comunitaria “con unas terribles consecuencias sociales. La situación de los pensionistas alemanes es peor que la de los españoles”. Franquesa suma otros argumentos, como las quiebras de las mutualidades de colegios profesionales o el escenario de crisis inflacionaria (el Banco Central Europeo está fabricando cantidades ingentes de papel moneda que llevan a prever un alza de precios) ante la cual la UE no se puede desentender.
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Artículo publicado originalmente en Catalunya Cristiana
Periodista en Catalunya Cristiana
Miembro de Acción Católica Obrera (ACO)
