La coalición de Gobierno choca por la tributación del IRPF del salario mínimo
La subida del salario mínimo ha quedado deslucida ante el enfrentamiento abierto por los socios de Gobierno a cuenta de su tratamiento fiscal, mientras las organizaciones sindicales piden negociar con Hacienda medidas para garantizar una la fiscalidad progresiva y equitativa.
La negativa de Hacienda a elevar la cantidad de ingresos exenta de tributación pilló por sorpresa a Trabajo, desatando un duro cruce dialéctico. En la propia rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde se aprobó la subida pactada con las organizaciones sindicales, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abrió las hostilidades al responder que “la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo”.
La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tomó la palabra, para defender la decisión de Hacienda: “Esa parte que se dice que se lo queda Hacienda no es para ella, va a consolidar los servicios públicos que todos disfrutamos”.
La mayoría socialista del Gobierno entiende que el salario mínimo, ahora que ha experimentado una gran subida, debe empezar a contribuir al erario, aunque cerca del 80% de los aproximadamente 2,5 millones de personas trabajadoras no tendrán que tributar por ahora gracias a las deducciones familiares que contempla la ley.
El socio minoritario de coalición, en cambio, aboga por elevar, como se ha hecho en los últimos años, el límite exento al compás en que lo hace el salario mínimo, para que se note el efecto integro de la medida en los bolsillos de los que menos cobran.
La polémica ha dejado en un segundo plano el incremento del salario mínimo: “De 2007 hasta 2016, con dos gobiernos diferentes, se subió 85 euros. Con dos gobiernos diferentes”, repitió Díaz, para recordar la decisión de los diferentes gobiernos del PP y del PSOE, y reclamar el protagonismo para su formación política: “En tan solo cinco años lo hemos subido 448 euros”, remachó.
“A veces, por la propia velocidad informativa, saltamos las pantallas demasiado rápido. Cuando llegamos al Gobierno un trabajador cobraba 735 euros, ahora 1.184”, explicó a continuación Alegría.
Una polémica evitable
El choque entre los socios de gobierno tiene desconcertado, como poco, a los agentes sociales. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se lamentaba en RNE de que la medida haya quedado opacada, “por una polémica que sinceramente creo que se podía haber evitado”. Además, insistió en que el enfrentamiento entre los socios de gobierno da alas a los discursos de la derecha sobre los beneficios de no pagar impuestos.
Sordo se mostró partidario de establecer “de forma permanente y por ley” un salario mínimo del 60% de la media salarial del país que llegue a los bolsillos de la población trabajadora.
Para ello, bastaría eximir del pago del IRPF a estos salarios o establecer unos incrementos que aseguren que el salario neto resultante equivalga al 60% de la media salarial, propuso. En todo caso, defiende que “lo razonable es que toda la población tribute al IRPF pero que no tenga coste fiscal”.
En un comunicado, UGT abogó por mantener exento del pago del IRPF el salario mínimo, al menos hasta que llegue al 60% del salario medio de nuestro país, tal como establece la Carta Social Europea.
Eso sí, matiza que le parece “esencial la progresividad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)”, oponiéndose así a las bajadas generales de impuestos que debilitan los servicios públicos y la protección social.
Movimientos parlamentarios
De momento, Sumar ha anunciado su intención de presentar una proposición de ley para garantizar que las personas que perciben el salario mínimo queden exentas de tributar en el IRPF, que podría contar con el apoyo del resto de fuerzas parlamentarias de izquierda –Podemos ha anunciado su propio proyecto de ley–, molestos con los que llaman regalos fiscales a grandes empresas y arrendadores, y hasta del PP.
El primer partido de la oposición ha aprovechado para señalar las grietas del Gobierno, sin cargar directamente contra la subida de los sueldos más bajos y presentarse como adalides de las rebajas de impuestos.
Así que esta postura podría salir adelante en el Congreso, aunque desde la mayoría socialista del Gobierno insisten en que cualquier modificación presupuestaria con impacto en las cuentas públicas requiere del visto bueno del Ejecutivo.
Redactor jefe de Noticias Obreras
