Nueva aplazamiento del juicio a “los 18 de la Macarena”
El juicio previsto a “los 18 de la Macarena”, activistas por el derecho a la vivienda en Sevilla, enfrentan penas de entre tres y cinco años y medio de prisión, ha vuelto a ser aplazado, al aparecer, por no haber podido notificar las diligencias todas las partes, sin fecha, por el momento, para su celebración.
Hace siete años, en febrero de 2018, un grupo de personas vinculadas a los movimientos sociales de la ciudad de Sevilla realizó una acción para mostrar su solidaridad con las personas sin hogar de la ciudad en las inmediaciones de la calle Macarena.
El objetivo era reclamar una solución habitacional para las personas sin hogar de Sevilla, suministrada por las administraciones públicas, continuando con la experiencia de la Corrala Dignidad y la Corrala por nuestros derechos.
Sin embargo, antes de hacer pública la recuperación del edificio para el barrio ante la falta de acceso a una vivienda digna, se produjo una intervención policial se detuvo a seis personas, que pasaron 55 días en prisión provisional, mientras se identificaban a otras 12 en las inmediaciones. La acusación pide ahora penas de cárcel para que suman 77 años de prisión.
A través de un gran despliegue policial en las inmediaciones del lugar de la protesta, se detuvo a 6 personas, que pasaron 55 días en prisión provisional, mientras se identificaban a otras 12. Las penas solicitadas para todas ellas suman 77 años de prisión, además de mutas individuales por responsabilidad civil de casi 22.000€.
Una de esas personas acusadas Óscar Mitillo, coordinador del Área de Marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, fue detenido mientras trataba de mediar entre los agentes policiales y las personas que se manifestaban.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía entiende que “las desmesuradas penas de prisión que se están solicitando demuestran que el principal objetivo de este proceso judicial es la criminalización de la legítima protesta social” y hace hincapié en que “ninguna de las personas que van a ser juzgadas ejerció ningún tipo de violencia ni ocasionó daños a ningún bien o propiedad, pública o privada”.
“Estamos ante un hito más en la criminalización de los movimientos sociales y sindicales que resisten a las medidas que nos conducen a la precarización y exclusión social”, señala la asociación andaluza.
Acusaciones y procesos judiciales como el que tiene lugar en Sevilla se han producido en toda la geografía del Estado español, con ejemplos como los 6 de la Suiza en Gijón, las tres del SAT de Granada y los 8 de Caixabank PAH Guadalajara, por citar a algunos de los casos más recientes.
Pro Derechos Humanos de Andalucía apunta que “la falta de recursos para la atención al colectivo de personas sin hogar era entonces y sigue siendo hoy un serio problema en Sevilla, así como la imposibilidad de acceder a una vivienda digna y asequible, situación que afecta a cada vez más vecinos y vecinas de la ciudad”.
En este sentido, la asociación manifiesta que “es sorprendente y cuestionable que, siete años después de estos hechos, se mantenga la acusación y la elevada petición de penas para estas personas, mientras que las administraciones públicas no han dado ni un paso relevante para hacer frente a la realidad que sufre el colectivo de personas sin hogar y, en general, el conjunto de la sociedad”.
Por todo ello, APDHA exige “el cierre de la causa judicial y la absolución de todas las personas que han sido injustamente acusadas”, emplazando a “las administraciones públicas a que asuman con carácter urgente su responsabilidad, destinen los recursos suficientes para la atención al colectivo de personas sin hogar y pongan en marcha las políticas necesarias para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para el conjunto de nuestros vecinos y vecinas”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
