El Gobierno aprueba el proyecto de regulación de la inteligencia artificial
El Gobierno ha presentado el Proyecto de Ley Orgánica para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, que deberá ser aprobado en el Congreso de los Diputados, para adaptar el ordenamiento español al Reglamento europeo de IA, justo un día después de publicarse Magnifica humanitas en la que el papa León XIV aboga por el control público y la regulación de este herramienta digital de consecuencias disruptoras.
El propio presidente, Pedro Sánchez, tras su visita con el santo padre, y en medio de la sucesión de escándalos de corrupción que rodean a su partido, ha dado su apoyo explícito al llamamiento de León XIV a incorporar “una perspectiva humanista del desarrollo tecnológico”.
“Tiene razón el Papa, ninguna tecnología es neutral y por tanto la inteligencia artificial tampoco es neutral”, ha afirmado Sánchez.
“Necesitamos una inteligencia artificial que anteponga esa mirada humanista, alineada con los principios y con los valores que representan la humanidad. Solo el multilateralismo y la gobernanza internacional pueden dotarnos de esas reglas comunes”, ha dicho.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros, había enfatizado que España es “el líder mundial en la regulación de la inteligencia artificial”.
López justificó el recurso a una ley orgánica porque “afecta a derechos fundamentales” y ha restado importancia al riesgo de frenar la competitividad empresarial. “Hemos dado un salto muy importante en un debate que es absolutamente civilizatorio. Estamos hablando de avanzar o retroceder”, resumió.
El proyecto trata de reformar la protección de derechos fundamentales, establecer un sistema sancionador específico y fijar las obligaciones para el sector público estatal, con especial atención a la transparencia y la rendición de cuentas. La ley diseñará una arquitectura institucional para supervisar el cumplimiento del Reglamento europeo.
Los productos ya regulados por normativa sectorial —como maquinaria, juguetes, vehículos o productos sanitarios— seguirán sometidos a las autoridades estatales competentes y órganos de vigilancia del mercado respectivos.
Para los sistemas emergentes, todavía sin una legislación específica, que afecta a ámbitos como el empleo, la biometría o la educación, la responsabilidad recaerá principalmente en la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), junto con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Consejo General del Poder Judicial.
Nuevos sistemas prohibidos y protección frente a usos abusivos
Ya el reglamento europeo clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo y prohíbe aquellos que suponen un peligro real para la seguridad o los derechos de las personas.
A iniciativa de España, la UE ha incorporado dos nuevas prohibiciones: la generación de deepfakes sexuales (contenido audiovisual manipulado mediante inteligencia artificial), tras los casos de imágenes falsas de mujeres y menores difundidas en redes sociales.
Entre los sistemas prohibidos se incluyen también los que emplean técnicas subliminales para manipular decisiones, los que explotan vulnerabilidades por edad o discapacidad, los que realizan clasificación biométrica por rasgos sensibles o los que aplican puntuación social para limitar el acceso a derechos o servicios.
También se establecer, de llegar a buen puerto el proyecto, un régimen sancionador graduado en infracciones muy graves, graves y leves. Las sanciones podrán alcanzar los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio en los casos más graves, y hasta 500.000 euros o el 0,5% del volumen de negocio en las infracciones leves.
La norma estará acompañada con mecanismos que priorizan la corrección frente a la penalización, como reducciones por pronto pago o la adopción de medidas correctoras, y contempla criterios específicos para evitar cargas desproporcionadas sobre pymes y startups.
Transparencia y buen uso de la IA en el sector público
Una de las novedades más relevantes es la introducción de obligaciones específicas para el sector público estatal. En este sentido, se anuncia el despliegue de un inventario público de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos, más allá de los de alto riesgo, la creación de la figura del delegado o delegada de IA, responsable de coordinar la aplicación normativa y asesorar en proyectos y contratación pública, así como el desarrollo de programas de formación y sensibilización para el personal empleado público.
Igualmente, como recoge el reglamento europeo, se impulsarán los entornos controlados de pruebas (“sandboxes” en inglés, cajones de arena en español) previstos en el Reglamento europeo.
El sandbox nacional será operado por la AESIA, aunque podrán crearse otros adicionales vinculados a autoridades sectoriales. En todos ellos deberán participar las autoridades responsables de políticas públicas y de derechos fundamentales, con el fin de asegurar que la experimentación tecnológica se realiza en un entorno seguro y supervisado.
Desde que el Gobierno presentó el anteproyecto, asociaciones de internautas, organizaciones de derechos digitales y juristas especializados han criticado especialmente la exclusión de las administraciones públicas del régimen de sanciones económicas previsto para empresas y entidades privadas que incumplan la normativa de IA, así como la ausencia incentivos reales para corregir malas prácticas.
Desde el Ministerio afirman que se han incorporado nuevos criterios para garantizar el uso correcto de la tecnología en el sector público estatal, con un inventario de sistemas empleados en los procedimientos administrativos y la creación de la figura del delegado de IA, aunque su cumplimento efectivo se prevé concretar a través de reales decretos.
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