El bien común: que no haya personas excluidas
En diciembre se presentó una nueva edición del estudio Análisis y perspectivas 2024 de la Fundación FOESSA, con el elocuente título La sociedad del riesgo: hacia un modelo de integración precario.
Una «sociedad del riesgo» que dificulta la vida de las personas y familias más vulnerables, pero cada vez de más familias en general. En el estudio, como siempre en FOESSA, hay una particular mirada a la evolución de la exclusión social y las condiciones de vida de las personas y familias. Por eso son tan valiosas sus investigaciones: muchas cosas dependen de cómo y desde dónde miramos la sociedad. Entre sus conclusiones, el estudio señala la necesidad de que el principio del bien común sea la clave para el rediseño y desarrollo de una nueva sociedad. Y, como no nos cansaremos de decir, en el centro del bien común está que no haya personas excluidas de todo lo necesario para una vida en condiciones dignas. ¿Nos damos realmente cuenta de lo que esto supone para las preocupaciones y demandas sociales y para las decisiones políticas? ¿Nos damos cuenta de cuáles son las cosas verdaderamente importantes?
De los muchos aspectos que analiza y concluye el estudio queremos subrayar algunas:
Nos encontramos en un contexto positivo de recuperación y crecimiento económico tras la pandemia, pero en el que siguen creciendo las desigualdades. Quienes más sufrieron las consecuencias de la crisis de 2007 y de la COVID siguen sin recuperarse, lo que nos habla del carácter estructural de la exclusión, anterior a las crisis, y de la incapacidad de la economía y las políticas para romper los ciclos de pobreza y exclusión social. Es imprescindible abordar esas causas estructurales. En 2024 están en situación de exclusión 9,4 millones de personas, una tasa de exclusión del 16,4% en 2007 y del 19,3% en 2024. Además, la plena integración se ha reducido, del 49% en 2007 al 45% en 2024.
La realidad del empleo es la que más ha mejorado. Han aumentado de forma importante el empleo, el número de personas con empleo y la población activa (sobre todo, por las personas migrantes) y también la estabilidad en el empleo. Pero hay una grave dualidad: se crea empleo formal, estable y con potencial integrador, pero también empleo en sectores de baja remuneración y estabilidad. Las personas trabajadoras con empleo que sufren pobreza económica se sitúan en el 12%. Se ha reducido significativamente el desempleo, pero una de cada tres personas desempleadas está en situación de exclusión severa, lo que muestra la realidad de un desempleo insuficientemente protegido.
Todo ha empeorado en la vivienda: 4,6 millones de hogares sufren dificultades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda. El riesgo de exclusión social es del 30% para las familias que pagan un alquiler y llega al 59% para los que tienen una vivienda de forma precaria. La exclusión de la vivienda se ha convertido en una emergencia para la población más vulnerable. El sobreesfuerzo en los costes de la vivienda afecta a un 14% (6,8 millones de personas). Si en paralelo a las mejoras laborales se hubiera contado con políticas públicas de vivienda adecuadas hubiéramos dado un paso muy importante en integración y cohesión social.
Hay una importante brecha generacional: quienes tienen una pensión tras haber trabajado han reducido a la mitad su riesgo de exclusión social: el 16% en 2007 y el 8,2% en 2024. Pero la exclusión en la infancia ha pasado del 7,2% en 2007 al 15,4% en 2024 y la de los jóvenes del 6,4% al 11%.
Ante esta realidad, es imprescindible diseñar las políticas públicas desde un enfoque basado en derechos, sin quedar a expensas del mercado. La garantía y protección de los derechos sociales solo puede ser real si se dota de recursos suficientes, de instrumentos, medios y cauces para que las personas puedan ejercerlos y reclamarlos. •
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Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).
