El diálogo social sobre prevención de riesgos laborales avanza “lentamente”

El diálogo social sobre prevención de riesgos laborales avanza “lentamente”
En la cuarta reunión de la mesa de diálogo social sobre la prevención de riesgos laborales, Gobierno, empresariado y sindicatos han constatado las diferencias de enfoque que les separan, aunque se han emplazado a discutir punto por punto cada nueva redacción del artículo de la futura ley.

Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras plantean la necesidad de atender los riesgos de las nuevas actividades productivas y formas de trabajar, incorporando la perspectiva de género, además de reforzar la acción preventiva en el interior de las empresas, en detrimento de los servicios externos.

La patronal mira con recelo la propuesta de la Administración de exigir a las empresas, especialmente de menor tamaño, la asunción directa de las acciones de prevención de riesgos, además de mostrar su preocupación por la inseguridad jurídica que puede suponer la introducción de nuevas figuras en el sistema preventivo, para el que ha pedido mejorar los incentivos para las empresas.

Dada la complejidad y extensión de la materia, ni más ni menos que la redacción y disposición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su reglamento, la negociación ha entrado en una fase más técnica en la que se discute casi punto por punto cómo mejorara la formación y los requisitos de los especialistas en prevención y cómo reforzar el papel de los comités de Seguridad y Salud.

Además, la mesa negociadora se plantea implementar la coordinación con la Administración sanitaria y los organismos públicos preventivos para atender los riesgos psicosociales y los derivados de las transiciones digital, ecológica y demográfica.

Para la secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre, “se van dando avances muy lentamente” aunque “falta ambición”.

“Desde UGT insistimos en que hay la mejorar la prevención en las empresas, internalizarla para evitar lo que denunciamos cada día, que hoy dos personas no van a volver a sus casas porque han tenido accidente laboral”, ha apuntado García de la Torre, quien entiende que, por el momento, “las organizaciones patronales no tienen tanta prisa en acabar con la siniestralidad”.

Por su parte, CCOO ha planteado la conveniencia de descender ya a la redacción de cada articulado y discutir las propuestas pormenorizadas, toda vez que en líneas generales está de acuerdo con las modificaciones generales planteadas por el Gobierno.

Este sindicato ha propuesto introducir “el principio de precaución” en la acción preventiva de las empresas y reducir el número de trabajadores en plantilla para constituir los servicios propios de prevención.

Sobre la mesa, figura también una nueva regulación de las enfermedades profesionales que incorpore la perspectiva de género a partir de la elaboración de un catálogo de sectores feminizados y la extensión de la prevención al trabajo autónomo, si bien, lo que implicará la negociación en paralelo con la Seguridad Social.

Las partes negociadoras se han emplazado al próximo 25 de julio para seguir avanzando en esta reforma de la prevención a partir de las propuestas que todavía están presentando tanto el Gobierno como los agentes sociales.

 

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