En el aire la reforma del desempleo y las medidas contra la inflación
La reforma del subsidio de desempleo y las medidas para afrontar las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo afrontan en el Congreso una votación de resultado todavía incierto.
El pleno extraordinario (enero es un mes inhábil a efectos parlamentarios), que se celebrará este miércoles en la sede del Senado, debido a que el Congreso está en obras, votará el decreto anticrisis, el llamado decreto ómnibus comprometido con Bruselas, con medidas como la digitalización de la justicia y el impulsado por el Ministerio de Trabajo, sobre conciliación y protección al desempleo.
Además, debatirá y votará el objetivo de déficit y el techo de gasto, así como las enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía registradas por PP y Vox.
Aunque los decretos están en vigor, el Congreso puede convalidarlos o retirarlos, en el plazo de un mes desde su publicación, lo que podría ocurrir si Junts o Podemos, que apoyaron la investidura de Sánchez, votan en contra, como han anunciado, al menos en un primer momento.
En concreto, las medidas anticrisis cuentan, por ahora, con el respaldo de los 121 escaños del PSOE, los 26 de Sumar, los 7 de ERC, los 5 de PNV, los 6 de EH Bildu y el de Coalición Canaria, lo que arroja 166 apoyos, a nueve de la mayoría simple. Lo mismo ocurre con los otros dos. Aunque Bildu pone reticencias a los cambios en Justicia, no quiere ser un “obstáculo”.
El Ejecutivo ha mostrado sus disposición a modificar algunos puntos de los decretos mediante su tramitación como proyecto ley. Mientras, estarían en vigora a la espera de incorporar las enmiendas que logre pactar con los grupos parlamentarios.
Pero Junts pide la retirada de los decretos para poder elaborar decretos temáticos de nueva redacción, lo que el PSOE no ve con buenos ojos. Su portavoz, Josep Rius, ha expresado la oposición de su grupo a la modificación de la ley de enjuiciamiento civil que, desde su punto de vista, permite aplazar la aplicación de la ley de amnistía por parte de los jueces, y su desagrado con los decretos “macedonia” que contemplan medidas de todo tipo, además de agravar la “infrafinanciación” de Cataluña e invadir competencias.
La formación de Ione Belarra, integrada en Grupo Mixto, puso ayer mismo nuevas condiciones para dar su apoyo a las medidas del Gobierno, como la inclusión, dentro de las medidas anticrisis, de un tope del 2% a la subida de los alquileres y de los alimentos. Para ello, se debería tramitar un nuevo proyecto de ley.
El Partido Popular ha llegado a plantear su abstención al decreto de medidas anticrisis, con la condición de que el Gobierno rebaje el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros, incluya la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, el pescado y las conservas y mantenga la rebaja del IVA del gas y electricidad en el mismo índice del año pasado —del 5% en lugar del 10%—.
Eso sí, Feijóo ha aprovechado para aclarar que no piensa ceder a los chantajes de Sánchez, mientras que Borja Semper aclara que el partido “no saldrá al rescate” del Gobierno, al que ve con “serios problemas de supervivencia”.
“Si de verdad el Gobierno quiere poner en marcha medidas anticrisis, lo tiene fácil, por qué no apoyar medidas en favor de las familias. Vamos a poner soluciones, pero no a arreglar los problemas internos del desgobierno”, pronunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un desayuno informativo organizado por Europa Press.
El subsidio de desempleo
La reforma del subsidio por desempleo figura entre los compromisos del Gobierno español pactados con la Unión Europea para poder recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos (unos 10.000 euros más) y debería haber estado lista a finales del 2022.
El decreto contempla extender el subsidio por desempleo, la ayuda destinada a las personas que han agotado o que no tienen derecho a la prestación contributiva de paro, a las personas menores de 45 años sin cargas familiares, trabajadores eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura y trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla.
Pero para no descuadrar los presupuestos en exceso – esta medida supone un incremento de los presupuestos de 648 millones de euros en su primer año de aplicación– suprime la Renta Activa de Inserción (RAI), el subsidio extraordinario por desempleo y los subsidios de liberados de prisión, emigrantes retornados y revisión de invalidez. La medida entrará en vigor con carácter general el 1 de junio de 2024
La cuantía de esta prestación será de mayor durante el primer año de percepción –de 480 euros o el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), a 570 euros durante los seis primeros meses (95% del IPREM) y a 540 euros mensuales en los seis siguientes (90% del IPREM)–, compatible con un empleo durante los 180 primeros días sin pérdida de prestación y ligada a un acuerde de actividad de la persona beneficiaria.
Después, la ayuda se rebaja a 480 euros hasta su extinción, con un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada. En el caso de los mayores de 52 años, se mantiene la ayuda en el 80% del Iprem o 480 euros, pero la reforma rebajará progresivamente la base de cotización para la jubilación, que será del 120% en 2024; del 115% en 2025; del 110% en 2026 y del 105% en 2027. Si la ayuda fuera concedida antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125%.
Precisamente, Podemos ha mostrado su disconformidad con esta reducción de la base de cotización, como también han hecho los sindicatos y asociaciones en defensa de las pensiones, por entender que implica una rebaja de la pensión futura, aunque desde el Gobierno argumentan que la subida del Salario Mínimo Interprofesional neutraliza el perjuicio al llegar a la jubilación.
“Con el SMI que tenemos la cotización a la Seguridad Social es digna, no se requiere de sobrecotización”, ha argumentado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Perez Rey, quien, además ha explicado que de mantener la sobrecotización de este subsidio se dará la paradoja de que la persona desempleada cotice más que otra con empleo.
De momento, el Gobierno parece dispuesto a desgajar las medidas más polémicas de los decretos y presentar los respectivos proyectos ley para negociar en detalle con cada grupo parlamentario, si bien, habrá que esperar hasta el último momento para ver qué pasa exactamente.
PSOE y Sumar, que sostienen el Gobierno de Sánchez, llegan a la primera votación del año en el Congreso sin saber si podrán sacar adelante medidas decisivas tanto para la entrega de nuevos fondos europeos como para aliviar la presión inflacionista que sufren las personas y familias. Las negociaciones continuarán hasta el último momento, especialmente con los independentistas catalanes y con Podemos.
Redactor jefe de Noticias Obreras
