El nuevo modelo de atención a la dependencia no incluye mejoras laborales
Los sindicatos advierten de que la propuesta del nuevo Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia no incluye avances sustanciales en la mejora de las condiciones laborales. Su aprobación se ha retrasado ante la negativa de las Comunidad Autónomas a condicionar la financiación estatal al cumplimiento de ciertos indicadores de calidad en la prestación de servicios.
El Ministerio de Derechos Sociales presentó el pasado martes, en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, su nuevo modelo de servicios. El Plan de Choque del Sistema de Dependencia 2021-2023, suscrito en enero de 2021 por CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y el Ministerio de Derechos Sociales condicionaba el aumento de la financiación estatal a la mejora de la calidad del sistema, como la reducción de las listas de espera, el reconocimiento prioritario de servicios profesionales frente a prestaciones económicas, pero también avances de las condiciones laborales.
Aunque, CCOO y UGT reconocen que “el Gobierno está cumpliendo con el compromiso de aumentar la financiación estatal en 3.600 millones de euros hasta 2023”, denuncian que la propuesta del Ministerio “no incluye ninguna de las medidas de mejora de la calidad del empleo propuestas”.
El acuerdo de acreditación regula las condiciones básicas de empleo que han de cumplir los centros y servicios que operan en el sistema de dependencia, tales como las ratios de plantilla (el número de personas trabajadoras por persona beneficiaria atendida), la cualificación profesional que deben cumplir las plantillas para garantizar una atención de calidad, garantías mínimas de contratación. Pero el borrador ministerial no hace referencia a los porcentajes mínimos de contratación de los y las trabajadoras; tanto indefinida como temporal, así como la contratación parcial; a pesar de ser uno de los sectores más precarizados y con mayor índice de temporalidad y parcialidad.
Solo el 39% de las 500.000 trabajadoras y trabajadores del sector tienen contrato indefinido y a jornada completa, y todos los profesionales sufren una sobrecarga de trabajo, debido a la baja ratio de plantilla exigida para atender a las más de 1,4 millones de personas que están reconocidas en situación de dependencia.
La propuesta deja sin efecto la exigencia estatal de un número mínimo de trabajadores hasta fin de este año y contempla que desde entonces hasta el año 2029 pueda ser inferior al que tienen en la actualidad muchas autonomías. De un gerocultor por cada a 3,2 personas residentes se pasará a un mínimo de uno por cada 2,3 personas mayores; siempre que el Estado aumente todavía más su aportación a la financiación del sistema. En los centros de día para personas mayores dependientes bastará con un cuidador, gerocultor o similar de atención directa por cada 6,7 personas mayores, la misma cifra establecida desde 2008.
La nueva normativa limita también las plazas de las residencias y centros de día, en función de su ubicación y establece un plazo de reconversión de los centros ya acreditados y los centros en construcción hasta el 31 de diciembre de 2029.
Sin embargo, las Comunidades Autónomas, según la versión sindical, han presionado para desvincular la financiación de los condicionamientos sobre la calidad del servicio. El consejero extremeño de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en la última reunión del Consejo Territorial, había pedido abrir un diálogo civil para alcanzar un acuerdo que eleve la calidad asistencial, apueste por la dignidad de la persona y construya un modelo homogéneo. a consejera de Política Social de Galicia, Fabiola García, había calificado de “irrealizables”, las medidas del gobierno, al carecer de presupuesto y “encarecer y dificultar el acceso a los cuidados”, además de suponer una “importante pérdida de plazas”.
En línea muy parecida se han manifestado las patronales del sector de atención a la Dependencia, que consideran esta propuesta como “inaceptable”, ya que, su juicio, pone en riesgo la atención a las personas mayores más vulnerables. También critica que no se garantice la elección del centro por parte de los usuarios.
CCOO y UGT piden al Ministerio de Derechos Sociales como al conjunto de comunidades autónomas que rectifiquen este acuerdo de acreditación y devuelvan al Sistema de Dependencia al objetivo de la senda de la calidad en la atención con el que nació en el marco del diálogo social la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, de modo que se garantice así la atención que merecen.
Redactor jefe de Noticias Obreras
