El derecho a la vivienda nos interpela
Ha tenido que ser un desahucio, de los más de 24.500 registrados al año en España, el detonante de la indignación ciudadana. La chispa que ha encendido la mecha de la movilización popular, sobre todo, de una juventud que ha dicho ¡basta ya!
Hubo una oportunidad de hacer una intervención pública en materia de vivienda a gran escala aprovechando el desastre de las entidades financieras y el muy generoso dinero público para rescatarlas: 60.000 millones de euros a fondo perdido más otros 15.000 en la sobrevaloración en la compra de los activos tóxicos de la banca.
El gobierno de España optó conscientemente por crear una entidad semipública –el banco malo, que se convirtió en la primera inmobiliaria del país– para vender grandes paquetes de activos inmobiliarios, y a bajo coste, a grandes fondos de inversión, que ahora campan a sus anchas.
Las políticas públicas de vivienda están dando buenos resultados, el modelo Viena es un buen ejemplo; parten de la base de que las Administraciones Públicas no solo tienen el deber de regular las dinámicas del mercado, sino que deben intervenir en dicho mercado como un agente más.
Hace falta mucha financiación pública y mucha determinación política para no sucumbir a la presión de banca, promotores, propietarios de suelo o fondos de inversión. Pero es posible hacer otra política de vivienda.
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Profesor de Filosofía. Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno de Euskadi (2001-2009)
