CCOO y UGT acusan al PNV, PP, Vox y Junts de dar la espalda a las demandas del 11N sobre vivienda
CCOO y UGT celebran la convalidación de uno de los decretos de vivienda, pero consideran una “grave irresponsabilidad política” el rechazo del que reforzaba la estabilidad de los alquileres. Apenas veinticuatro horas después de la huelga general, exigen al próximo Gobierno medidas urgentes frente a la emergencia habitacional y emplazan a la patronal a negociar un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar el poder adquisitivo. Los sindicatos advierten de que el 11N marca el comienzo de una nueva etapa de movilización para situar el bienestar de la mayoría social en el centro de la política
La primera respuesta parlamentaria a las reivindicaciones de la huelga general del 11 de noviembre ha dejado un resultado desigual. CCOO y UGT han valorado positivamente la convalidación del real decreto-ley 29/2026, que incorpora nuevas medidas de protección de las personas inquilinas, pero han criticado duramente el rechazo del real decreto-ley 28/2026, destinado a reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler. Los sindicatos consideran que esta decisión demuestra que hay fuerzas políticas dispuestas a bloquear medidas necesarias para afrontar la emergencia habitacional, pese a la movilización y al clamor social apenas veinticuatro horas antes.
La crítica se dirige especialmente al PNV, cuya posición no se ha modificado después de la huelga general y de las manifestaciones celebradas en todo el país, también en Euskadi. Para ambas organizaciones de trabajadoras y trabajadores, impedir la convalidación de una norma orientada a proporcionar seguridad residencial “supone dar la espalda a ese mensaje de la sociedad”. CCOO y UGT reprochan igualmente a PP, Vox y Junts su rechazo reiterado a medidas dirigidas a limitar la especulación inmobiliaria y proteger a las personas inquilinas.
Los sindicatos sostienen que estas posiciones favorecen “un modelo basado en el rentismo y el peso creciente de grandes inversores y fondos buitre, frente a la defensa del interés general”. La votación, celebrada al día siguiente de las movilizaciones del 11N, adquiere así una especial dimensión política: las organizaciones sindicales consideran que las demandas expresadas en las calles deben traducirse en decisiones concretas y que ninguna fuerza política puede desentenderse de ellas.
Una protección de los alquileres que queda sin consolidar
El rechazo del real decreto-ley 28/2026, con 34 votos a favor y 35 en contra, supone, para ambos sindicatos, la pérdida de una oportunidad para introducir cambios estructurales en el mercado del alquiler. La norma pretendía prolongar las relaciones contractuales y dificultar que el vencimiento de los contratos se utilizara para expulsar a las personas inquilinas y volver a ofrecer las viviendas a precios considerablemente superiores.
Los sindicatos defienden que la estabilidad residencial constituye una condición imprescindible para garantizar el derecho a la vivienda y evitar que miles de hogares permanezcan expuestos a incrementos inasumibles de los alquileres. Por eso consideran “especialmente irresponsable” la posición de los partidos que vienen bloqueando estas iniciativas.
En cambio, valoran la convalidación del real decreto-ley 29/2026, que incluye medidas sobre los alquileres temporales y por habitaciones, la suspensión de desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, restricciones a determinadas operaciones especulativas y nuevos instrumentos para ampliar la vivienda asequible. También contempla medidas fiscales relacionadas con las viviendas vacías y los alojamientos turísticos y refuerza la protección del parque público.
Sin embargo, advierten de que estos avances son insuficientes. Parte de su eficacia depende de que las comunidades autónomas declaren zonas de mercado residencial tensionado, algunas disposiciones tienen carácter temporal y consideran necesario mejorar los instrumentos de registro, inspección y sanción. También reclaman una fiscalidad más progresiva y una inversión pública equivalente, como mínimo, al 1% del producto interior bruto para ampliar de manera permanente el parque de vivienda social y asequible.
La urgencia de estas medidas se explica, según los datos aportados por las organizaciones sindicales, por la creciente distancia entre el precio de la vivienda y los ingresos de las personas trabajadoras. Entre 2015 y 2024, el precio de compraventa aumentó un 60,3% y los nuevos alquileres alrededor de un 37%, mientras que el salario medio creció un 21%. En los hogares con menores ingresos, el gasto residencial puede absorber entre el 60% y el 80% de sus recursos.
CCOO y UGT advierten además de que 1,9 millones de personas se encuentran en el umbral de riesgo de pobreza después de afrontar los costes de la vivienda. Esta situación erosiona el poder adquisitivo de los salarios, amplía las desigualdades y dificulta la emancipación juvenil y la construcción de proyectos de vida autónomos.
La vivienda, prioridad para la próxima legislatura
A las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre, CCOO y UGT han dirigido un llamamiento expreso al Gobierno que salga de las urnas, con independencia de su composición, para que sitúe la vivienda entre las primeras prioridades de la nueva legislatura.
Exigen una regulación que garantice la estabilidad de los contratos de alquiler, la aplicación efectiva de las medidas convalidadas, la ampliación sostenida del parque público de protección permanente y mayores recursos para combatir la especulación. También consideran imprescindible regular los usos abusivos del alquiler temporal y turístico y reforzar la capacidad de las administraciones para inspeccionar y controlar el cumplimiento de la normativa.
Esta exigencia da continuidad al mensaje de la huelga general, convocada bajo las reivindicaciones de salarios, vivienda y precios. En su primer balance conjunto, CCOO y UGT calificaron la jornada de éxito, destacaron la participación en las manifestaciones pese a las lluvias y reivindicaron la unidad alcanzada con otras organizaciones sindicales y sociales, especialmente con el Sindicato de Inquilinas.
Las organizaciones sindicales denunciaron también presiones empresariales contra personas que querían ejercer su derecho de huelga, servicios mínimos que consideran abusivos y actuaciones policiales desproporcionadas, particularmente el uso de gas pimienta en Madrid. Señalaron asimismo las resoluciones judiciales que suspendieron servicios mínimos fijados por la Comunidad de Madrid en distintos servicios públicos.
CCOO y UGT consideran que la huelga general ha abierto un nuevo escenario de exigencia social que no puede quedar sin respuesta. La convalidación de uno de los decretos de vivienda constituye un avance, pero el rechazo del otro evidencia, a su entender, las resistencias políticas a garantizar la estabilidad residencial. Por eso advierten de que las reivindicaciones expresadas en las calles seguirán presentes en el debate público y en las exigencias dirigidas a las instituciones.
“El 11N no es el final de nada. Es el comienzo de una nueva etapa en la que el bienestar de la mayoría social, a la que no se le pueden pedir sacrificios para que se enriquezcan los de siempre, tiene que estar en el centro de la política”, afirman las organizaciones sindicales. Una advertencia que adquiere especial significado a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre y que sitúa la vivienda, los salarios y los precios entre las cuestiones sobre las que deberán responder las fuerzas políticas y el próximo Gobierno.
Exigen a la patronal desbloquear la negociación colectiva y recuperar el poder adquisitivoCCOO y UGT han emplazado a la patronal a negociar el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y a asumir su responsabilidad en la recuperación del poder adquisitivo de las personas trabajadoras. “La patronal debe sentarse, de una vez, a negociar”, reclaman ambas organizaciones en su balance conjunto de la huelga general del 11 de noviembre, en el que insisten en la necesidad de proteger los salarios frente a la inflación. Los sindicatos consideran que el crecimiento económico debe traducirse en mejoras salariales suficientes para afrontar el encarecimiento de la vida, especialmente de la vivienda. El aumento de los alquileres y del precio de compra de los inmuebles está absorbiendo una parte creciente de los ingresos de los hogares trabajadores y debilitando el efecto de las subidas salariales. De este modo, disponer de un empleo y experimentar mejoras retributivas no garantiza necesariamente el acceso a una vivienda digna. La exigencia a las organizaciones empresariales forma parte de las reivindicaciones de salarios, vivienda y precios que dieron contenido al 11N. Para CCOO y UGT, la respuesta a la movilización requiere decisiones de las administraciones públicas, pero también compromisos de la patronal en la negociación colectiva y en la recuperación de los salarios. Los sindicatos advierten de que no se puede seguir exigiendo sacrificios a la mayoría social mientras se mantienen dinámicas económicas que favorecen la concentración de la riqueza. |
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
