Convalidada la protección frente a los desahucios, pero rechazada la renovación indefinida de los alquileres
El apoyo del PNV permite salvar el decreto que prorroga dos años los contratos y limita las subidas de las rentas. La huelga del 11N estuvo muy presente en las intervenciones y el debate
La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este jueves, por 35 votos a favor y 34 en contra, el decreto que refuerza la protección frente a los desahucios de hogares vulnerables y permite prorrogar hasta dos años determinados contratos de alquiler. El voto del Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha resultado decisivo para salvar el texto, mientras ha quedado rechazado el segundo decreto, que contemplaba renovaciones automáticas y una indemnización si la propiedad decidía no continuar el alquiler.
La nota oficial del Congreso precisa que la prórroga será por anualidades, a solicitud de la persona inquilina, que deberá estar al corriente del alquiler y haberlo estado durante los ocho meses anteriores. Se mantendrán las condiciones del contrato y la propiedad deberá aceptarla salvo las excepciones previstas.
La norma suspende determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030. También contempla que la Administración asuma costes cuando se paralicen los procedimientos por vulnerabilidad.
Hasta esa misma fecha, limita determinadas compras de vivienda por fondos de inversión por debajo del 70% de su valor de mercado, con excepciones para vivienda social o asequible y colectivos vulnerables.
El decreto limita las actualizaciones de las rentas hasta finales de 2027: sin acuerdo, el incremento no podrá superar el 2%; tampoco podrá subir una renta que ya supere el índice máximo aplicable. Además, regula los alquileres de temporada y por habitaciones.
En materia fiscal, introduce bonificaciones para los propietarios que contribuyan a reducir los alquileres y una deducción estatal del 10% para personas inquilinas con una base imponible inferior a 33.007,20 euros, dentro de los límites establecidos.
Asimismo, crea préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la primera vivienda: cubrirán el menor importe entre el 20% de su valor y 50.000 euros, sin intereses ni comisiones. Los requisitos se concretarán mediante acuerdo del Consejo de Ministros.
La norma incorpora inmuebles estatales y de la Seguridad Social a CASA 47 para alquiler asequible y establece límites de precio en sucesivas ventas de los inmuebles residenciales que transmita la entidad.
Decae la renovación automática con indemnización
El Real Decreto-ley 28/2026 ha quedado derogado con 34 votos a favor de su convalidación y 35 en contra, antes de su entrada en vigor, prevista para el 15 de noviembre.
La norma preveía renovaciones sucesivas de cinco años, o de siete cuando la propiedad fuera una persona jurídica, si ninguna de las partes comunicaba su voluntad de no prorrogar el contrato. Si era la propiedad quien decidía no renovarlo, debía indemnizar a la persona inquilina con “una cantidad equivalente, al menos, al importe de doce mensualidades”.
El texto recogía excepciones, como la necesidad acreditada de destinar la vivienda de forma permanente a la propiedad o a determinados familiares. Si estas personas no la ocupaban en los tres meses siguientes, salvo fuerza mayor, podía reclamarse la indemnización.
La huelga, presente en las intervenciones y el debate
La sesión se ha celebrado al día siguiente de la huelga general del 11 de noviembre y horas antes del inicio de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. La movilización estuvo muy presente en las intervenciones y el debate, especialmente en los argumentos con los que el Gobierno defendió los decretos.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha vinculado las protestas con las dificultades de las personas trabajadoras para sostener su vida después de pagar la vivienda. “La gente trabajadora está cansada de trabajar de sol a sol para que su renta se la quede otro”, ha afirmado.
Bustinduy ha explicado que un informe de su departamento estima en 4.341 euros el ahorro mediano por hogar asociado a la prórroga de dos años de los contratos, con un alcance de cinco millones de personas inquilinas. También ha defendido que la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones permitirá combatir el “fraude de ley” de quienes utilizan estas modalidades para aumentar la rentabilidad de sus propiedades.
Su intervención ha incluido una crítica al rentismo: “De las paguitas vive el rentista que se forra a costa del esfuerzo de la clase trabajadora”.
Los nuevos textos se aprobaron el 6 de octubre, tras el rechazo de los anteriores decretos por el Pleno y la convocatoria electoral. Las iniciativas respondían a la crisis de vivienda que cobró una especial dimensión social tras el desahucio de Maricarmen y su posterior fallecimiento.
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Redacción de Noticias Obreras.
