Amnistía Internacional documenta 50 casos de torturas y violencia militar contra migrantes en Ceuta
Amnistía Internacional ha documentado 50 casos de torturas, malos tratos y tratos crueles o degradantes cometidos por personal militar y fuerzas de seguridad contra personas migrantes en Ceuta desde el pasado 30 de julio
Pese al anuncio del Ministerio de Defensa de abrir una investigación tras las primeras denuncias, la organización de derechos humanos advierte de que las agresiones han continuado de manera impune contra personas indefensas que duermen en la calle, entre las que se encuentran numerosos menores de edad.
De los 50 casos constatados tras dos visitas de investigación a la ciudad autónoma, 28 han sido documentados a partir del 30 de septiembre. De ellos, 18 agresiones se produjeron con posterioridad al anuncio del Ministerio de Defensa de investigar los hechos tras la publicación del primer informe y de diversos audios periodísticos. Las violencias documentadas han provocado fracturas de extremidades y de órbitas oculares, contusiones severas, brechas en la cabeza por golpes de porra y heridas de diversa consideración.
Entre los relatos recabados figuran el de un hombre agredido con descargas de arma taser en el pecho mientras dormía, el de un joven que sufrió la pérdida temporal de visión tras recibir golpes en la cara, y el de varios adolescentes atacados mientras pernoctaban en la vía pública. Asimismo, la organización ha vuelto a señalar patrones de extrema gravedad que incluyen traslados forzosos en vehículos militares a zonas aisladas, maniatado con bridas, humillaciones y amenazas de muerte con armas de fuego.
Persistencia de la impunidad y amenazas a las víctimas
La continuidad de estas prácticas evidencia, a juicio de la entidad, un escenario de impunidad estructural. El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha denunciado que “el personal militar involucrado en hechos de violencia no parece haber sido apartado de sus puestos, tal y como señalan algunos testimonios recabados por Amnistía Internacional, que reconocen a sus agresores y han contado cómo los amenazan para impedir que cuenten o denuncien las torturas sufridas”.
La desprotección afecta de forma severa a la infancia migrante. Se estima que al menos 500 menores no acompañados continúan durmiendo en las calles de Ceuta sin acceso adecuado a alimentación ni alojamiento de emergencia, expuestos a la violencia y al robo o destrucción sistemática de sus escasas pertenencias y teléfonos móviles por parte de los agresores.
Criminalización de la ayuda humanitaria
La investigación abarca también la creciente presión sobre los movimientos sociales y organizaciones que prestan auxilio básico en la zona. Amnistía Internacional ha denunciado el registro judicial de la sede de No Name Kitchen el pasado 22 de octubre y la petición de prisión provisional por parte de la Fiscalía para dos de sus activistas bajo acusaciones de organización criminal, considerándolo un intento de amedrentar la solidaridad. Esta situación se suma a los obstáculos e insultos sufridos por colectivos como Luna Blanca o Brigadas de Apoyo Mutuo al repartir comida o material de higiene.
En este sentido, Esteban Beltrán ha subrayado que “lo único que hacen estas organizaciones en Ceuta es proporcionar alimentos, atención médica y acompañamiento a personas muy vulnerables, la mayoría de las cuales están viviendo en la calle. Criminalizarlas es impedir que trabajen y dejar aún más desamparados a quienes ya se encuentran en una situación precaria”.
Ante la gravedad de los hechos, Amnistía Internacional ha exigido al Gobierno central y al Ministerio de Defensa órdenes explícitas para el cese inmediato de la violencia. Asimismo, insta a la Fiscalía de Ceuta a cumplir con la normativa internacional sobre protección a las víctimas de tortura, facilitando autorizaciones temporales de residencia a quienes denuncien o declaren como testigos, garantizando así que puedan acceder a la justicia sin temor a represalias ni deportaciones.
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