USO reclama ampliar el parque público de vivienda y regular los alquileres de cara al 29N
La Unión Sindical Obrera (USO) ha instado a los partidos que concurren a las elecciones del 29N a situar la vivienda como una prioridad política y social, mediante medidas que incluyan la ampliación y el blindaje del parque público de vivienda, una regulación efectiva de los alquileres y políticas coordinadas que relacionen el acceso a la vivienda con la mejora de los salarios.
Este sindicato considera que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en “el problema más urgente y estructural de la sociedad española”, una situación que afecta a jóvenes, personas mayores, familias, hogares monoparentales y monomarentales y personas que viven solas.
Entre los datos que sustentan su diagnóstico, USO destaca que el 45 % de las personas que residen en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que la tasa de emancipación juvenil ha descendido hasta el 14,8 %, el nivel más bajo registrado, lo que dificulta que miles de jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida independiente.
Una respuesta estructural
La organización sindical, que no apoya la huelga convocada para el 11N, sostiene que la crisis de la vivienda no responde a factores coyunturales, sino a problemas estructurales que requieren una actuación pública sostenida y coordinada.
Por ello, propone incrementar de forma significativa la oferta de vivienda social y blindar el parque público para evitar futuras privatizaciones. Tambien reclama que el suelo de titularidad pública se destine prioritariamente a la construcción de vivienda social y asequible.
USO defiende también que las administraciones dispongan de instrumentos suficientes para controlar los precios de la vivienda frente a fenómenos como la especulación, la inflación o el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.
En materia de alquiler, el sindicato apuesta por reforzar el seguimiento y la aplicación de la regulación vigente, incluyendo los arrendamientos turísticos y de temporada, cuya expansión está contribuyendo, a su juicio, al encarecimiento del mercado residencial en numerosas ciudades y zonas costeras.
Además, reclama ayudas al alquiler que eviten que el coste de la vivienda absorba una parte excesiva de los ingresos de las familias, así como medidas específicas para los municipios de menor tamaño, donde la escasez de oferta residencial está favoreciendo procesos de despoblación y limitando las oportunidades de desarrollo económico.
Protección para los pequeños propietarios
Entre sus propuestas, USO subraya igualmente la necesidad de garantizar la protección de los pequeños propietarios, a quienes considera una pieza relevante del mercado del alquiler.
Según el sindicato, muchas familias complementan sus ingresos mediante el arrendamiento de una vivienda, por lo que las políticas públicas deben garantizar seguridad jurídica, estabilidad y mecanismos de apoyo que eviten que las medidas dirigidas a combatir la especulación terminen perjudicando a quienes gestionan sus inmuebles de forma responsable.
Vivienda y salarios
La central sindical insiste además en que las políticas de vivienda no pueden abordarse de forma aislada de las políticas laborales y salariales. En este sentido, advierte de que el incremento de los precios de la vivienda está avanzando a un ritmo superior al de los salarios y recuerda que la pobreza laboral afecta ya al 11,6 % de las personas ocupadas.
“Garantizar una vivienda asequible es inseparable de garantizar empleo digno, estabilidad laboral y salarios suficientes”, defiende la organización en el documento de propuestas presentado con motivo de la cita electoral.
Las medidas forman parte de las resoluciones aprobadas en el XIII Congreso Confederal de USO, desde donde la organización reivindica que la vivienda sea tratada como un derecho fundamental y no como un activo sometido a la especulación. Por ello, ha pedido a todas las fuerzas políticas que afronten este desafío con “responsabilidad, diálogo y visión de futuro”.
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