Vecinos del Polígono Sur denuncian que los recortes de Tussam se cronifican y reclaman una solución definitiva
La reducción de recorridos y la supresión de paradas de las líneas 30, 31 y 32 de Tussam en el Polígono Sur se ha convertido en una medida permanente más de un año después de los primeros incidentes que dieron lugar a la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Sevilla
La Asociación Vecinal El Sur y Barrios Ignorados denuncian que la medida está perjudicando a miles de residentes y profundizando el aislamiento de uno de los barrios con mayores índices de vulnerabilidad de la capital andaluza.
Los vecinos aseguran que la eliminación de paradas y los cambios de recorrido han limitado de forma significativa la movilidad diaria de trabajadores, estudiantes, mayores y personas con problemas de salud. Además, critican la falta de información sobre las alteraciones del servicio y consideran que la situación supone una forma de discriminación territorial.
Según denuncian los colectivos vecinales en Eldiario.es, las modificaciones afectan especialmente a las barriadas de Murillo, Martínez Montañés, Las Letanías y Antonio Machado.
Entre otras medidas, la línea 30 ya no recorre completamente la avenida de Las Letanías y la calle Escultor Sebastián Santos, mientras que las líneas 31 y 32 han dejado de cubrir varios tramos interiores del barrio Además, según la denuncia, existen interrupciones del servicio durante determinadas franjas horarias y fines de semana, lo que genera incertidumbre entre los usuarios.
Desde las asociaciones calculan que alrededor de 5.000 familias se ven afectadas por una situación que condiciona el acceso a centros educativos, servicios sanitarios, empleo y actividades cotidianas.
La seguridad en entredicho
El origen de las restricciones se encuentra en los apedreamientos sufridos por varios autobuses de Tussam. La empresa municipal modificó los itinerarios alegando razones de seguridad para conductores y pasajeros.
El Ayuntamiento de Sevilla sostiene que la recuperación de los recorridos originales está condicionada a que existan garantías suficientes de seguridad en las zonas donde se han producido los ataques. Según el Consistorio, las líneas continúan prestando servicio en el barrio, aunque evitando aquellos puntos considerados conflictivos.
Sin embargo, desde el comité de empresa de Tussam, la CGT considera que las medidas de protección siguen siendo insuficientes. El sindicato defiende el restablecimiento de la normalidad, pero insiste en que antes es necesario reforzar las medidas de seguridad y establecer dispositivos estables que garanticen la integridad de trabajadores y usuarios.
“La normalidad no la da Tussam. Las tres administraciones, local, autonómica y nacional, tienen que darse cuenta de que, si quieren solucionar aquello, tienen que estar allí”, explican desde el sindicato CGT.
Cruce de responsabilidades institucionales
La solución continúa bloqueada por las discrepancias entre administraciones. Mientras el Ayuntamiento reclama una actuación más contundente de la Policía Nacional y de la Subdelegación del Gobierno, desde el ámbito estatal se recuerda que la Policía Local también tiene competencias de colaboración en materia de seguridad ciudadana.
La última reunión entre responsables municipales y la Subdelegación del Gobierno tuvo lugar el pasado mes de septiembre, sin que se hayan anunciado medidas extraordinarias capaces de desbloquear el conflicto.
Los vecinos consideran insuficientes estos contactos y reclaman mayor transparencia sobre los informes de incidencias, los protocolos de actuación y los planes previstos para recuperar los recorridos históricos.
Un problema que refleja el deterioro del barrio
Más allá del debate sobre el transporte, las organizaciones vecinales interpretan el conflicto como un síntoma de problemas estructurales más profundos que afectan al Polígono Sur, entre ellos la pobreza, el desempleo, el deterioro urbano y la insuficiencia de servicios públicos.
Las entidades recuerdan que el Plan Integral para el Polígono Sur, impulsado hace más de dos décadas por las distintas administraciones, contemplaba actuaciones coordinadas para combatir la exclusión social y mejorar las condiciones de vida de la población.
Sin embargo, denuncian que muchos de esos compromisos siguen pendientes y advierten de que la reducción de las conexiones de transporte refuerza la sensación de abandono institucional.
“Lo que necesitamos es prevenir y no simplemente paliar los problemas”, señalan los representantes vecinales, que reclaman inversiones sostenidas en educación, empleo, vivienda, sanidad y movilidad para garantizar la igualdad de derechos de los cerca de 30.000 vecinos del barrio.
Con cerca de 29.000 habitantes y décadas de promesas incumplidas, el Polígono Sur sigue reclamando soluciones estructurales frente a la pobreza y la exclusión. Los vecinos coinciden en que los problemas del barrio están conectados: educación, salud, empleo, formación y apoyo a las familias forman parte de una misma realidad.
Carmen Picón, vecina desde la infancia, reivindica el arraigo al barrio y pide a los responsables políticos que abandonen la confrontación y apuesten por el diálogo. También rechaza los discursos que intentan enfrentar a la población en torno a cuestiones como la futura mezquita: “Aquí siempre ha habido diversidad; el problema real es la exclusión”.
Alfonso recuerda que la mayoría de los residentes proceden de familias trabajadoras realojadas en los años sesenta y setenta. A su juicio, las ayudas sociales han acabado ocupando el debate mientras se dejan sin resolver las causas profundas de la pobreza.
Manuel, nacido en las antiguas infraviviendas de las Casitas de la Paz, insiste en la necesidad de cambiar el enfoque: “Hace falta prevenir en vez de paliar”. Reclama evaluar de forma independiente las políticas públicas y reforzar unos servicios públicos de calidad. “Los derechos humanos tienen que estar en el centro de las políticas”, resume.
Critica que el Plan Integral aprobado en 2004 nunca se desarrollara plenamente y reclama intervenciones sostenidas, adaptadas a cada familia y alejadas de medidas puntuales.
Esperanza, de 84 años, consiguió una vivienda social en Los Pajaritos, a la vuelta de Alemania. Lamenta el abandono de su bloque, para bajar las escaleras tiene que cubrirse la mano con un pañuelo por la suciedad acumulada en la barandilla.
María Isabel se queja de la falta de mantenimiento de los edificios y la escasez de servicios, una situación que, dice, se agravó con la supresión de la línea de autobús: “No tenemos nada, y que nos quiten el autobús ha sido mortal”.
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