Un tercio de la población pobre destinó más del 40% de sus ingresos a gastos de vivienda
La crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores generadores de pobreza. En 2025, el 28,3% de la población en situación de pobreza destinó más del 40% de su renta disponible a los gastos de vivienda.
El precio de la vivienda supone una carga especialmente difícil de soportar para quienes tienen menos ingresos, confirma el XVI Informe El Estado de la Pobreza, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES)
En 2025, el 28,3% de la población en situación de pobreza soportó una carga elevada, (el 40% o más de su renta disponible) a pagar los gastos asociados a su hogar, entre los que se incluye comunidad y los suministros de agua, electricidad y gas. Entre el conjunto de la población, este gasto excesivo afectó al 7,2%.
La presión económica no se limita a quienes ya viven bajo el umbral de pobreza. En 2025, el 10,6 % de la población española sufrió retrasos en el pago del alquiler o de la hipoteca, una señal de las dificultades para mantener el acceso a una vivienda.
La situación fue más grave en la Región de Murcia, donde el indicador alcanzó el 18,4%, seguida de Andalucía (14,5%), Canarias (14,2%), Cantabria (14%), Asturias (12,9%) y Castilla-La Mancha (12,8%).
El alquiler gana peso entre los hogares más vulnerables
El informe relaciona esta situación con los cambios en el acceso a la vivienda desde la crisis financiera de 2008: la caída del crédito, el endurecimiento de las condiciones para obtener una hipoteca y la devaluación salarial dificultaron la compra y empujaron a una parte de la población hacia el alquiler.
Este cambio ha hecho que el alquiler se convierta para algunos hogares en la única vía de acceso a una vivienda, en un mercado que el informe describe como prácticamente desregulado y sometido a fuertes dinámicas especulativas. Además, la población que vive de alquiler suele partir de una mayor vulnerabilidad social.
El 43,6 % de las personas que viven de alquiler a precio de mercado está en riesgo de pobreza o exclusión social.
Las consecuencias van más allá de la capacidad para pagar una renta. La pobreza energética también refleja cómo la falta de ingresos condiciona las condiciones de habitabilidad. En 2025, el 9,3% de la población tuvo retrasos en el pago de facturas de suministros, como la electricidad, el agua o el gas, y el 15,9% no pudo mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno.
Los datos muestran que el acceso a una vivienda no garantiza por sí solo unas condiciones de vida dignas: cuando los gastos residenciales absorben una parte excesiva de los ingresos, queda menos dinero disponible para cubrir otras necesidades básicas. La vivienda se convierte así en un factor que puede agravar la pobreza y dificultar que los hogares salgan de ella.
Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia concentran las mayores tasas de pobreza y exclusión social
España mantiene a 12,6 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, el 25,7% de la población, lo que equivale a unos 12,6 millones de personas, y la tasa de pobreza infantil más alta de la UE, con un 28,4 %.
Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia encabezan las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social en España, según el XVI Informe El Estado de la Pobreza, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES).
Andalucía registra la tasa más elevada, con un 34,7%, seguida de Castilla-La Mancha, con un 34%, y Murcia, con un 32,5%. Estas cifras muestran la desigual distribución territorial de la pobreza y la exclusión social y la persistencia de importantes dificultades para garantizar unas condiciones de vida dignas.
El informe también cifra en el 19,5% la población que vive bajo el umbral de pobreza monetaria, cerca de 9,6 millones de personas.
En el contexto europeo, España se sitúa 4,8 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea y ocupa el quinto puesto entre los países con mayor tasa AROPE.
Lejos del objetivo de reducción de la pobreza
La evolución de la pobreza también debe valorarse a la luz de los compromisos de la Agenda 2030. El informe toma como referencia el objetivo de reducir a la mitad la tasa AROPE registrada en 2015 y calcula una senda de reducción progresiva para comprobar los avances. En aquel año, la tasa española se situaba en el 28,7%.
De acuerdo con esa trayectoria, la tasa debería haberse situado en el 19,1% en 2025. Sin embargo, el dato real fue del 25,7%, una diferencia de 6,6 puntos porcentuales respecto al nivel previsto para ese año. Esta distancia refleja que la reducción de la pobreza y la exclusión social no avanza al ritmo necesario para cumplir el compromiso fijado para 2030.
La referencia al 19,1% no significa que la pobreza debiera haberse reducido a la mitad en 2025: es el objetivo intermedio calculado para ese año dentro de la senda hacia la meta de 2030. La persistencia de tasas elevadas, especialmente en territorios como Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, evidencia la dimensión social y territorial del desafío.
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