Una de cada tres personas en situación de pobreza tiene empleo
Un informe recién publicado cifra en 2,5 millones las personas ocupadas que viven bajo el umbral de la pobreza y advierte de que la temporalidad, la jornada parcial y los bajos salarios debilitan la capacidad protectora del trabajo.
En España, el 11,6% de las personas ocupadas, alrededor de 2,5 millones, vive bajo el umbral de la pobreza, mientras que una de cada tres personas en esta situación tiene un trabajo remunerado.
Así lo advierte el informe “Pobreza laboral: una cuestión de calidad en el empleo”, publicado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), que analiza la evolución del mercado laboral y las condiciones de vida de la población, con especial atención a los datos de 2025.
El estudio, coordinado por la Red y con Alejandro Sanz Angulo como investigador principal, combina datos estadísticos de fuentes oficiales con las experiencias recogidas en dos grupos de discusión: uno con personas trabajadoras en situación de vulnerabilidad socioeconómica y otro con profesionales de programas de intervención social.
“El trabajo decente es una de las principales herramientas para prevenir y reducir la pobreza laboral, pero sus efectos van más allá”, ha señalado el presidente de EAPN-ES, Carlos Susías, quien ha defendido que “avanzar en trabajo decente es avanzar en bienestar para el conjunto de la ciudadanía”.
La pobreza persiste
El informe constata que la creación de empleo y la mejora de los indicadores macroeconómicos no se traducen automáticamente en una reducción suficiente de la pobreza. La tasa de desempleo descendió hasta el 10,5% en 2025, su nivel más bajo de la serie analizada, mientras que la tasa general de pobreza se mantuvo en el 19,5%, cerca del 20% durante buena parte de la última década.
La tasa de pobreza entre las personas ocupadas llegó al 14,8% en 2015, durante los años más duros de la Gran Recesión, y al 14,3% en 2021, tras la crisis provocada por la pandemia. Aunque posteriormente mejoró hasta el 11,6%, el dato sigue pone en evidencia que millones de personas no consiguen superar la pobreza pese a tener trabajo.
El estudio afirma que el empleo pierde su capacidad protectora frente a la pobreza cuando los salarios son bajos, las jornadas no permiten obtener ingresos suficientes o la continuidad laboral es incierta.
De hecho, las personas ocupadas constituyen el segundo grupo más numeroso entre la población de 16 años o más en situación de pobreza: representan aproximadamente un tercio (el 33,4%), una proporción similar a la de quienes están en otras formas de inactividad. Las personas desempleadas representan el 19,9% y las jubiladas, el 13,6%.
Para establecer estas cifras, la investigación utiliza la metodología del Instituto Nacional de Estadística (INE), que considera ocupadas a las personas asalariadas y autónomas que trabajan a tiempo completo o parcial en el momento de realizarse la encuesta.
Esta distinción metodológica es importante porque la pobreza se calcula a partir de los ingresos del hogar, mientras que la situación laboral se refiere a la persona. Por ello, tener un salario bajo no implica necesariamente que se viva en pobreza si existen otros ingresos en el hogar. A la inversa, una persona con un salario relativamente elevado puede encontrarse en esta situación si es la única perceptora de ingresos y tiene varias personas dependientes a su cargo.
La temporalidad y la parcialidad como riesgos
La calidad del empleo es uno de los factores determinantes de la pobreza laboral. Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2025 recogidos en el estudio, el 17,5% de las personas con contrato temporal se encuentra en situación de pobreza, frente al 8,5% de quienes tienen un contrato fijo. La tasa es, por tanto, más del doble entre quienes soportan una mayor inestabilidad contractual.
La duración de la jornada también marca diferencias importantes. La pobreza afecta al 20,1% de las personas que trabajan a tiempo parcial, frente al 10,1% de quienes tienen jornada completa. Entre quienes trabajan 30 horas semanales o menos, la tasa alcanza el 19,5%, mientras que desciende al 9,5% entre quienes trabajan de 30 a 40 horas.
Estos datos muestran que no basta con contabilizar contratos o personas ocupadas: también importa cuánto se trabaja, cuánto se cobra y durante cuánto tiempo se mantiene el empleo.
La reforma laboral ha contribuido a modificar la estructura contractual. Según los datos de afiliación de la Tesorería General de la Seguridad Social analizados por EAPN-ES, la tasa de temporalidad pasó del 25,8% en enero de 2022 al 11,7% en diciembre de 2025. En el mismo periodo, la proporción de contratos indefinidos ordinarios aumentó del 62,8% al 73,6%.
Sin embargo, el informe recoge advertencias de profesionales que señalan la necesidad de vigilar la duración efectiva de los contratos indefinidos y evitar que los periodos de prueba, las bajas y la rotación terminen reproduciendo situaciones de inseguridad laboral. También apunta que los contratos fijos discontinuos pueden mantener una incertidumbre importante cuando los periodos de actividad no garantizan ingresos suficientes durante todo el año.
El salario mínimo mejora algo los ingresos
El aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) desde 2019 constituye otro de los factores que el informe destaca en la evolución de los ingresos más bajos. Entre 2008 y 2018, el salario mínimo pasó de 700 a 859 euros brutos mensuales, mientras que en 2019 aumentó hasta los 1.050 euros. Desde entonces encadenó sucesivas subidas hasta situarse en 1.425 euros en 2026, según la serie recogida en el estudio.
Las mejoras salariales han contribuido a reducir la intensidad de la pobreza laboral, pero EAPN-ES advierte de que no son suficientes si persisten la parcialidad involuntaria, el empleo informal y el elevado coste de la vida, especialmente el de la vivienda.
El análisis de los salarios medios ilustra esta contradicción. Entre 2008 y 2024, los salarios nominales aumentaron un 34,4%, equivalente a 612 euros mensuales. Sin embargo, al descontar la inflación, el incremento real fue de apenas cinco euros. Es decir, buena parte del aumento salarial quedó absorbido por el encarecimiento de los bienes y servicios.
La vivienda aparece como uno de los gastos que más condicionan la capacidad de los hogares para llegar a fin de mes. El informe recoge testimonios de personas trabajadoras que explican cómo un salario cercano al mínimo puede resultar insuficiente para afrontar el alquiler, los suministros y la alimentación, especialmente en ciudades con precios residenciales elevados.
La investigación calcula, además, que los ingresos medios por unidad de consumo de la población ocupada en situación de pobreza se situaron en 2025 en 8.576 euros anuales. Estas rentas permanecían alrededor de 3.000 euros por debajo del umbral de pobreza, por lo que necesitarían aumentar aproximadamente un 50% para superarlo.
El estudio distingue esta diferencia de la brecha de pobreza, que mide la distancia entre el umbral y la mediana de ingresos de la población pobre. Para las personas ocupadas, esta brecha se situó en el 22,3% en 2025.
Mujeres, familias monoparentales y migrantes
La pobreza laboral no afecta por igual a toda la población. El informe identifica una mayor vulnerabilidad en los hogares con menores a cargo, las familias monoparentales, las personas con menor nivel educativo, la población migrante y quienes tienen empleos de baja calidad.
La composición familiar resulta especialmente relevante. Casi tres de cada diez personas ocupadas que viven en hogares monoparentales se encuentran en situación de pobreza: la tasa alcanza el 29,1%. Entre quienes viven en hogares de dos adultos con menores a cargo se sitúa en el 13,9%, y llega al 15,9% en otros tipos de hogares con menores.
Estas diferencias reflejan que los ingresos laborales deben cubrir necesidades muy distintas según el tamaño y la composición del hogar. También muestran la importancia de los servicios públicos y de las políticas de apoyo a la crianza y los cuidados para evitar que las responsabilidades familiares se conviertan en un factor de exclusión.
La desigual distribución de los cuidados afecta especialmente a las mujeres. En 2025, el trabajo a tiempo parcial alcanzaba al 21,4% de las mujeres ocupadas, frente al 6,9% de los hombres. Entre los motivos para trabajar a tiempo parcial, el cuidado de menores o personas dependientes era señalado por el 17,8% de las mujeres, frente al 3,8% de los hombres.
La formación también marca una diferencia sustancial. La tasa de pobreza entre las personas ocupadas que no habían superado la educación primaria alcanzaba el 30,1%, frente al 6% de quienes tenían estudios superiores. El informe advierte, no obstante, de que las oportunidades educativas dependen también de las circunstancias familiares, económicas y sociales, por lo que no pueden interpretarse únicamente como una responsabilidad individual.
El origen nacional constituye otro factor de desigualdad. La pobreza afecta al 9% de las personas ocupadas con nacionalidad española, al 16,9% de las procedentes de otros países de la Unión Europea y al 31,6% de las personas de fuera de la UE. EAPN-ES relaciona esta diferencia con las peores condiciones laborales a las que se enfrenta parte de la población migrante y con las dificultades para homologar títulos y acreditar su formación, que pueden relegar a personas cualificadas a puestos por debajo de su preparación.
La discapacidad también incrementa la vulnerabilidad: el 13,8% de las personas ocupadas con discapacidad está en situación de pobreza, frente al 11,3% del resto de la población trabajadora. Por su parte, la tasa alcanza el 14,2% en las zonas rurales, frente al 11,2% en el resto de los territorios.
Empleadas del hogar, hostelería y agricultura concentran más pobreza
Las condiciones de trabajo y la actividad económica permiten identificar otros focos de vulnerabilidad. Según la ECV de 2025 analizada por EAPN-ES, la pobreza afecta al 25,7% de las personas empleadas en hogares como personal doméstico, al 21,6% de quienes trabajan en hostelería, al 20,6% de quienes se dedican a otros servicios y al 19,7% de las personas ocupadas en el sector primario.
Se trata de actividades en las que tienen un peso importante los salarios bajos, la temporalidad y las jornadas parciales involuntarias. Además, algunas de ellas están fuertemente feminizadas y cuentan con una presencia significativa de personas migrantes. En el empleo doméstico, el 92,9% de las personas ocupadas son mujeres y el 35,3% tiene nacionalidad de fuera de la Unión Europea, según los datos citados por el estudio.
El trabajo por cuenta propia tampoco garantiza escapar de la pobreza. La tasa entre las personas autónomas sin asalariados alcanza el 24%, más del doble que entre quienes trabajan por cuenta ajena, donde se sitúa en el 9,9%. El informe cuestiona así la idea de que el emprendimiento sea siempre una vía de movilidad social: para parte de la población vulnerable, puede convertirse en una estrategia de supervivencia que exige muchas horas de trabajo sin proporcionar ingresos suficientes.
Mejores salarios, estabilidad en el empleo e inclusión laboral
A partir del análisis estadístico y de las experiencias recogidas en los grupos de discusión, EAPN-ES plantea una estrategia que combina la mejora de las condiciones laborales con medidas de protección social y refuerzo de los servicios públicos.
La primera línea consiste en mejorar la calidad del empleo y combatir los bajos salarios, reduciendo la temporalidad no deseada, la parcialidad involuntaria y la rotación injustificada. La organización defiende que el empleo debe ofrecer ingresos suficientes, estabilidad y condiciones que permitan compatibilizar la vida laboral y familiar.
La segunda pasa por garantizar la compatibilidad entre el empleo y los sistemas de garantía de rentas, de manera que aceptar un trabajo parcial, temporal o con ingresos insuficientes no suponga perder de forma abrupta las ayudas necesarias para cubrir las necesidades básicas. En este ámbito, el informe propone avanzar hacia una prestación universal para la infancia.
La tercera línea busca reforzar las políticas de inclusión laboral. Entre las medidas planteadas figuran reservar un porcentaje obligatorio de puestos para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica en las licitaciones públicas, penalizar a las empresas que recurran a convenios que devalúen las condiciones salariales o a la rotación fraudulenta de contratos, e impulsar la economía social, las empresas de inserción y las cooperativas. También propone vincular la transición ecológica y el empleo verde a la creación de oportunidades laborales inclusivas.
La cuarta consiste en desarrollar itinerarios personalizados de inserción, coordinados entre los servicios sociales, los servicios públicos de empleo y las entidades del tercer sector. Estos procesos deben incluir formación adaptada y remunerada, ser estables y evitar cargas burocráticas que dificulten el acceso de las personas vulnerables al empleo. El informe defiende que la formación no debe competir con la subsistencia cotidiana de los hogares.
La quinta línea reclama combatir la discriminación laboral y reforzar el Estado de bienestar. Entre las medidas figuran agilizar la homologación de títulos extranjeros para evitar la descalificación profesional de las personas migrantes, garantizar el acceso a una educación pública de calidad hasta los niveles superiores y dotar de más recursos a la sanidad, los servicios sociales y las políticas de vivienda. También plantea implantar un sistema público de cuidados accesible, gratuito y universal y ampliar la atención a la dependencia.
La reducción de la pobreza requiere de medidas ambiciosas más allá del aumento de la población ocupada. Hace falta que el empleo garantice ingresos suficientes y estabilidad, y que las políticas públicas respondan a las necesidades de los hogares.
El trabajo decente, sostiene EAPN-ES, debe ser una vía efectiva para ejercer derechos y vivir con dignidad, no una situación compatible con la exclusión social.
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