Más de 30 organizaciones reclaman una reforma de los cuidados que garantice los derechos de quienes cuidan
Más de 30 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en defensa de los derechos de trabajadores migrantes en España reclaman una reforma estructural del sistema de cuidados que garantice financiación pública suficiente, atención de calidad para las personas dependientes y derechos laborales efectivos para quienes desempeñan labores de cuidado, especialmente mujeres migrantes.
Las entidades han hecho pública su demanda con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra este 29 de octubre.
Su pronunciamiento conjunto que recoge doce demandas dirigidas a las administraciones públicas y en el que advierten de que ampliar la cobertura del sistema sin mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras puede perpetuar las desigualdades sobre las que se sustenta actualmente el modelo de cuidados.
El documento ha sido impulsado por Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), la Asociación Por ti Mujer y la Fundación de Solidaridad Amaranta en el marco del proyecto Espacios para el Empoderamiento y la Acción y cuenta con la adhesión de organizaciones sociales, feministas, migrantes y sindicales de distintos puntos del país.
“Los cuidados no son una responsabilidad individual ni exclusivamente familiar, sino una cuestión de justicia social, igualdad y derechos humanos”, señalan las entidades en el texto, en el que reclaman que las políticas públicas sitúen en el centro tanto a las personas que reciben cuidados como a quienes los prestan.
La situación de las trabajadoras migrantes
Las organizaciones subrayan que el debate sobre los cuidados afecta al conjunto de la sociedad y no puede limitarse a las familias que necesitan apoyo ni a las trabajadoras que lo proporcionan.
Recuerdan que en España estas tareas recaen mayoritariamente en mujeres migrantes y que muchas de ellas desarrollan su actividad en situación administrativa irregular.
Aunque valoran los avances hacia un modelo de atención centrado en la persona, la autonomía y el ámbito comunitario, las entidades denuncian la existencia de una “brecha clara entre la legislación y su aplicación efectiva”.
En este sentido, alertan de que la expansión del sistema público de cuidados no puede apoyarse en la reproducción de las desigualdades históricas que han caracterizado al empleo doméstico y de cuidados.
“La ampliación del sistema no puede realizarse a costa de reproducir las desigualdades que históricamente han caracterizado al empleo de hogar y cuidados”, afirman.
Por ello, exigen que cualquier reforma del sistema de dependencia esté vinculada a mejoras constatables en las condiciones laborales, salariales y sociales de las trabajadoras del sector.
Doce medidas para transformar el sistema
En concreto, plantean doce demandas que incluyen la participación directa de las trabajadoras en la definición de políticas públicas, la regularización administrativa de las personas migrantes, el acceso efectivo a derechos laborales y sociales y la vinculación de la financiación pública al cumplimiento de condiciones de empleo digno.
Entre las propuestas figuran también el reconocimiento profesional de los trabajos de cuidados, medidas específicas para proteger la salud física y emocional de las cuidadoras, acciones contra la discriminación y el racismo, así como la reforma del marco laboral del empleo de hogar.
Las organizaciones reclaman además la aplicación efectiva de los convenios 189 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el fortalecimiento de la inspección laboral, una mayor inversión pública en el sistema de cuidados y la regularización de las personas migrantes que ya trabajan en el sector antes de impulsar nuevas fórmulas de contratación en origen.
“Los cuidados no pueden seguir tratándose como un ámbito laboral de segunda categoría ni sostenerse sobre excepciones que limitan la protección de las trabajadoras”, sostienen las entidades firmantes.
Miedo a denunciar y desgaste emocional
El comunicado también alerta de las dificultades que afrontan las trabajadoras migrantes para acceder a empleos formales y a mecanismos de protección social debido a obstáculos administrativos, discriminación racial y problemas para homologar titulaciones o reconocer la experiencia profesional adquirida.
Según denuncian las organizaciones, muchas trabajadoras encuentran especiales dificultades para denunciar situaciones de abuso o vulneración de derechos por temor a perder su empleo y, en el caso de las trabajadoras internas, también su vivienda.
“Sin garantías para denunciar sin consecuencias negativas, los derechos reconocidos sobre el papel no pueden llegar a ejercerse”, advierten.
Las entidades ponen igualmente el foco en el impacto físico y emocional derivado del trabajo de cuidados, citando situaciones de agotamiento, ansiedad, aislamiento, insomnio y dolor físico, por lo que reclaman servicios permanentes de apoyo psicosocial, medidas de prevención de riesgos laborales y el reconocimiento de las enfermedades profesionales asociadas al sector.
Llamamiento a las administraciones
Las organizaciones firmantes emplazan a las administraciones públicas, a los agentes sociales y al conjunto de la sociedad a convertir el reconocimiento público de los cuidados en compromisos concretos que permitan dignificar el sector.
“Construir una verdadera sociedad del cuidado exige situar en el centro tanto a quienes reciben cuidados como a quienes los proporcionan”, concluye el documento suscrito por más de 30 colectivos sociales y de defensa de los derechos de las personas migrantes.
Entre las organizaciones adheridas figuran ACCEM, ActionAid España, Economistas sin Fronteras, Federación SOS Racismo, Movimiento Regularización Ya, Territorio Doméstico, Sindicato de Manteros de Madrid, Sindicato Mantero Barcelona, Red Latinas y diversas asociaciones de trabajadoras del hogar y colectivos de mujeres migrantes de todo el Estado.
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Redactor jefe de Noticias Obreras
