Los sindicatos saludan las mejoras de la Seguridad Social que refuerzan la protección a familias cuidadoras y mujeres trabajadoras

Los sindicatos saludan las mejoras de la Seguridad Social que refuerzan la protección a familias cuidadoras y mujeres trabajadoras
Los sindicatos CCOO y UGT el paquete de mejoras de prestaciones de la Seguridad Social aprobado por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 31/2026, aunque ambas organizaciones consideran necesario seguir avanzando en la ampliación de derechos y en el fortalecimiento de los servicios públicos que sustentan el sistema de protección social.

CCOO destacó especialmente las modificaciones introducidas en la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), que, según el sindicato, reforzarán la protección de más de 19.000 familias.

La organización señaló que las reformas completan las medidas iniciadas por la Ley 4/2026 de dependencia y discapacidad y valoró la ampliación de la cobertura por edad para personas con gran discapacidad o dependencia severa, así como la flexibilización de los periodos de disfrute entre progenitores para favorecer la corresponsabilidad en los cuidados.

El sindicato reclamó además que la gestión de esta prestación pase a depender del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y no de las mutuas colaboradoras, al tiempo que pidió culminar los desarrollos reglamentarios necesarios para garantizar una aplicación homogénea de la normativa.

Por su parte, UGT destacó que tanto la Ley 4/2026, de 1 de octubre, como el Real Decreto-ley 31/2026 incorporan cambios relevantes en la regulación de la CUME para responder a situaciones que hasta ahora encontraban dificultades de acceso o mantenimiento de la protección económica.

Entre las novedades, el sindicato resaltó que la escolarización del menor dejará de ser motivo automático para denegar o extinguir la prestación cuando continúen existiendo necesidades de cuidados directos, continuos y permanentes acreditadas médicamente.

También valoró que la protección pueda prolongarse más allá de los 26 años en supuestos de discapacidad igual o superior al 65 % o dependencia de grado III.

Otra de las modificaciones destacadas es la posibilidad de que ambos progenitores, guardadores o acogedores puedan percibir la prestación de forma simultánea o alterna.

Según UGT, esta medida supone “un avance hacia la corresponsabilidad” al permitir un reparto más equilibrado de los cuidados familiares.

No obstante, el sindicato advirtió de que, cuando ambos progenitores disfruten simultáneamente de la prestación por el cuidado de una misma persona, cada uno percibirá el 50 % de su respectiva base reguladora. En este sentido, reclamó que la cuantía se ajuste a la reducción efectiva de jornada para evitar perjuicios económicos a las familias.

UGT también destacó que la nueva regulación amplía la protección a menores que precisan tratamientos médicos de intensidad equiparable a los hospitalarios aunque no exista un ingreso convencional, así como la simplificación de procedimientos administrativos para el reconocimiento, prórroga y mantenimiento de la prestación.

Refuerzo de las pensiones y prestaciones

CCOO destacó igualmente el reconocimiento de la pensión de viudedad para personas con hijos comunes que no hubieran formalizado jurídicamente su condición de pareja de hecho, una medida que, según subrayó, tendrá carácter estructural y dará cobertura a miles de familias.

Por otro lado, UGT valoró el refuerzo de las prestaciones de orfandad para hijos e hijas de mujeres fallecidas por violencia de género o como consecuencia de violencias sexuales. La reforma establece una garantía económica mínima vinculada al doble del salario mínimo interprofesional mensual, una medida que el sindicato considera clave para reforzar la protección de estos menores.

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“No podemos reparar completamente el daño que la violencia machista provoca en estos niños y niñas, pero sí tenemos la obligación de garantizarles protección y oportunidades de futuro. Es una cuestión de justicia social”, añadió la dirigente sindical.

Incapacidad temporal y violencia de género

Junto a las medidas relacionadas con los cuidados, UGT valoró especialmente la creación de nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal dirigidas a reforzar la protección de las mujeres trabajadoras.

Entre ellas figura el reconocimiento de una incapacidad temporal específica para determinados trastornos asociados a la menopausia que resulten incapacitantes, sin necesidad de acreditar un periodo mínimo de cotización.

“Celebramos este avance, pero nuestro objetivo es que las mujeres no tengan que recurrir a una baja porque sus empresas no hayan adaptado las condiciones de trabajo. La menopausia debe abordarse también desde la prevención y la igualdad laboral”, afirmó la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro.

Asimismo, el sindicato valoró positivamente la creación de una baja médica especial para lesiones derivadas de la violencia de género, también sin exigencia de cotización mínima y con derecho a prestación económica desde el día siguiente al inicio de la incapacidad temporal.

“Ninguna mujer que sufre violencia machista debería encontrarse, además, con dificultades económicas para recuperarse. Proteger sus derechos laborales y sociales es una obligación de los poderes públicos”, señaló Navarro.

Más protección social y servicios públicos

Mientras CCOO realizó una primera valoración favorable de otras reformas incluidas en el decreto, como las relacionadas con prestaciones derivadas de actos terroristas, contingencias catastróficas o rehabilitación de pensiones de viudedad, UGT Servicios Públicos insistió en que la ampliación de derechos debe ir acompañada de recursos suficientes para hacerlos efectivos.

El sindicato defendió que la protección económica debe complementarse con servicios públicos sanitarios, educativos y sociales de calidad, así como con condiciones laborales que permitan ejercer los cuidados sin poner en riesgo el empleo.

“Desde UGT Servicios Públicos defendemos que cuidar es una responsabilidad social que debe contar con protección pública. Ninguna persona trabajadora debería verse obligada a elegir entre atender a un familiar gravemente enfermo y conservar su empleo y su autonomía económica”, señaló la organización.

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