Los sindicatos reclaman una ley integral de derechos y un pacto social para garantizar una vejez digna
Las organizaciones sindicales CCOO y UGT han entregado al Congreso de los Diputados su manifiesto conjunto con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el 1 de octubre, en piden garantizar sus derechos a la atención sanitaria, a la vivienda y al envejecimiento digno.
En el documento, ambos sindicatos reivindican el reconocimiento de las personas mayores como una parte esencial de la sociedad y rechazan los discursos que presentan el envejecimiento como una carga económica o que alientan supuestos conflictos entre generaciones.
“Las personas mayores no somos una carga ni un problema presupuestario; somos parte esencial de la sociedad, titulares indiscutibles de derechos y protagonistas de la historia reciente de nuestro país”, sostienen en el manifiesto.
Los sindicatos recuerdan que España atraviesa una profunda transformación demográfica y señalan que en 2025 las personas mayores de 65 años representaban el 20,7 % de la población, frente al 17 % registrado a comienzos de siglo. A su juicio, este aumento de la longevidad constituye un logro colectivo que no debe utilizarse para justificar recortes sociales ni alimentar enfrentamientos generacionales.
Entre las principales demandas recogidas en el texto figura la aprobación de una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores que garantice una protección jurídica, sanitaria, económica, cultural y en materia de vivienda para este colectivo.
Del mismo modo, reclaman la puesta en marcha de un gran pacto social por un envejecimiento digno que sitúe a las personas mayores en el centro de las políticas públicas y refuerce su participación en la elaboración y evaluación de las decisiones que les afectan.
En materia de pensiones, CCOO y UGT defienden el mantenimiento y fortalecimiento del sistema público, al que consideran uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar.
El manifiesto apuesta por garantizar la revalorización anual de las prestaciones conforme al IPC, preservar su sostenibilidad mediante el diálogo social y continuar mejorando las pensiones mínimas y no contributivas para reducir la pobreza y las brechas de género. Según recuerdan, el sistema protege actualmente a unos diez millones de personas.
Las organizaciones sindicales también plantean reforzar la sanidad pública y la atención primaria mediante una mayor inversión y más recursos humanos, especialmente en enfermería.
Además, piden desarrollar la geriatría y la gerontología en todo el territorio y situar la salud mental y el bienestar emocional de las personas mayores entre las prioridades de las políticas sanitarias.
Respecto al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el documento denuncia que una persona dependiente puede esperar más de 300 días para acceder a una prestación y reclama una mayor financiación pública, hasta alcanzar el 2 % del PIB en la próxima década. Los sindicatos exigen reducir las listas de espera, regular el copago para evitar desigualdades y garantizar servicios profesionales de calidad.
El manifiesto incluye además propuestas para facilitar el acceso a viviendas adaptadas y entornos accesibles, combatir la pobreza energética mediante ayudas específicas y ampliar las medidas de eficiencia energética. Asimismo, reclama una digitalización inclusiva que garantice la capacitación tecnológica de las personas mayores sin eliminar la atención presencial en servicios esenciales como la banca, la sanidad o la Administración pública.
Finalmente, hacen un llamamiento a combatir el edadismo y las desigualdades de género acumuladas a lo largo de la vida laboral, y apelan a avanzar hacia una sociedad basada en la solidaridad y la justicia intergeneracional. “Defender a las personas mayores es proteger el bienestar presente y futuro de toda la sociedad”, concluyen.
Pacto de Estado sobre Envejecimiento
Por su parte, USO reclama que los derechos de este colectivo se sitúen en el centro de las políticas públicas y para exigir medidas que garanticen una vejez digna, con autonomía, recursos suficientes y acceso efectivo a servicios públicos.
El sindicato pide también un “Pacto de Estado sobre el Envejecimiento” y denuncia que muchas personas mayores siguen afrontando situaciones de precariedad, soledad y vulnerabilidad sin una protección pública suficiente.
El responsable del Departamento de Jubilados y Pensionistas de USO (JUPEN-USO), Marino de la Rocha, aseguró que garantizar los derechos de las personas mayores “no es un acto de caridad, sino un deber de justicia social e intergeneracional”.
Como ejemplo de las carencias existentes, De la Rocha se refirió al reciente desahucio de una mujer madrileña de 87 años que llevaba más de cinco décadas residiendo en su vivienda. Según afirmó, este caso evidencia “la fragilidad del sistema de protección y la falta de compromiso político real de algunas administraciones e instituciones judiciales”.
Entre sus principales reivindicaciones, USO reclama que ninguna pensión quede por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), reforzar la lucha contra la brecha de género en las prestaciones y aumentar los recursos destinados a la sanidad y la dependencia.
La organización también denunció el déficit de más de 100.000 plazas residenciales públicas, exigió reducir los retrasos en las valoraciones de dependencia y pidió reforzar la atención primaria y los servicios de geriatría.
Asimismo, reclamó medidas contra el edadismo y la exclusión social derivada de la digitalización obligatoria, además de garantizar el acceso a una vivienda accesible y protegida frente a los desahucios.
“España está envejeciendo; la pregunta es qué sociedad queremos construir para que vivir más años no signifique vivir con menos derechos”, afirmó De la Rocha.
USO concluyó que el envejecimiento debe abordarse no solo como un desafío demográfico, sino también como una cuestión de derechos, garantizando autonomía personal, seguridad económica, cuidados, vivienda y servicios públicos de calidad para todas las personas mayores, con independencia de su nivel de renta o de la comunidad autónoma en la que residan.
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Redacción de Noticias Obreras.
