Los obispos de Canarias y de Lugo defienden el trabajo y vivienda dignos contra la exclusión
El obispo de Canarias y el de Lugo han denunciado, en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, la precariedad laboral, la falta de acceso a la vivienda y la exclusión social, reclamando un modelo económico que ponga a la persona y su dignidad en el centro.
En sendas cartas, los responsables eclesiales, haciéndose eco del mensaje central de Iglesia por el Trabajo Decente, reflexionan sobre la íntima relación entre trabajo y vivienda y apuestan por una economía que custodie la dignidad humana.
“Defender el trabajo digno es defender la dignidad de la persona”, se puede leer en el mensaje del obispo de Canarias, José Mazuelos Pérez.
Ni en el trabajo ni en la vivienda, ha comentado, el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, puede prevalecer “la lógica utilitarista de la maximización de las ganancias, sean financieras y económicas o sociales y políticas”.
Las falsas soluciones de la tecnocracia y desregulación
“La falta de vivienda y la falta de trabajo decente son ambas expresiones de una situación de exclusión social”, reconoce el titular de la diócesis de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, quien advierte de que no se resolverá la situación “dejada a sí misma o confiando simplemente en la enorme expansión tecnológica y digital”.
En parecido sentido, aunque referido a la realidad de la diócesis canaria, se ha pronunciado su homólogo de las islas, José Mazuelos Pérez, al preguntarse:
“Si el crecimiento económico y turístico termina expulsando a quienes trabajan en nuestros hoteles, restaurantes, comercios y servicios, debemos preguntarnos qué modelo de desarrollo estamos construyendo”.
A su juicio, la sociedad no puede conformarse con ofrecer “un empleo cuando el salario no permite acceder a una vivienda digna” y ha reconocido que “jóvenes, familias trabajadoras y personas con empleos precarios encuentran cada vez mayores dificultades para poder vivir allí donde trabajan”.
Trabajadores migrantes
Además, Mazuelos, ha querido citar a los trabajadores migrantes excluidos, de los que ha dicho que “forman hoy parte de nuestra sociedad y realizan tareas imprescindibles en numerosos sectores de nuestra economía”.
“Su trabajo contribuye al bienestar de todos y merece ser reconocido, protegido y justamente remunerado”, ha afirmado.
El prelado de Lugo ha coincidido en señalar las deficiencias del modelo productivo. “Sería, por tanto, insuficiente que una economía produzca riqueza, si dejase a muchas personas sin un trabajo digno, sin protección y sin acceso a los bienes fundamentales”, ha planteado.
De paso, ha recordado que el magisterio social de la Iglesia entiende que la actividad económica “ha de salvaguardarse como criterio fundamental la custodia de lo humano” y que “el trabajo no puede reducirse nunca a una mercancía, a un coste empresarial o a un instrumento para aumentar el beneficio”.
Así, ha destacado que “el argumento de maximizar resultados no puede hacer olvidar las grandes necesidades que viven hoy las personas y las familias”, entre las que se cuenta la vivienda.
En sus cartas pastorales ambos obispos trascienden la denuncia y exigen una respuesta colectiva e inmediata frente a la exclusión social.
Cambios políticos, económicos y sociales
El obispo de Lugo advierte que, ante las necesidades de las personas, es ineludible una ayuda inmediata para evitar que nadie quede abandonado sin techo ni recursos. Sin embargo, subraya que esto no basta: es imperativa “una transformación de políticas y estructuras económicas y sociales”.
Carrasco hace un llamamiento para que tanto las instituciones como toda la sociedad obren priorizando el bien común, impidiendo que prevalezca “la lógica utilitarista de la maximización de las ganancias”.
Por su parte, el obispo de Canarias exige a las administraciones públicas que favorezcan políticas que aseguren empleo digno y vivienda accesible.
Al tejido empresarial le recuerda que debe comprender que “el trabajador no es un coste más, sino una persona que merece respeto, seguridad y un salario justo”.
Defender derechos y promover el diálogo social
Además, pone en valor el papel de los agentes sociales al encomendar a los sindicatos “la importante tarea de defender los derechos laborales y promover el diálogo social”.
Su llamamiento también se dirige hacia el interior de la propia comunidad cristiana. Mazuelos subraya que la Iglesia debe asumir su responsabilidad estructural, instando a las parroquias, a Cáritas y a los movimientos a “escuchar el clamor de quienes viven situaciones de exclusión” y a acompañar a las personas trabajadoras en su búsqueda de estabilidad.
“La evangelización no puede permanecer ajena a las condiciones concretas en las que viven nuestros hermanos”, asevera el obispo canario.
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