Más de 140 organizaciones exigen acelerar la respuesta humanitaria en Ceuta
Las entidades sociales, sindicales y eclesiales reclaman ampliar la acogida, agilizar los traslados a la Península y garantizar procedimientos individuales ante una emergencia que amenaza con convertirse también en una crisis social
Más de 140 organizaciones sociales han reclamado a las administraciones públicas una respuesta más rápida y coordinada ante la emergencia humanitaria de Ceuta, donde estiman que todavía permanecen unas 10.000 personas tras las llegadas masivas del pasado 30 de julio. Muchas se encuentran en situación de calle, asentamientos informales o recursos provisionales y entre ellas hay menores sin referentes familiares, víctimas de violencia o trata, solicitantes de protección internacional y familias con menores.
La iniciativa está impulsada por Federación Sur Acoge, Asociación Elín, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). Entre las organizaciones adheridas figuran también la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), CCOO, Amnistía Internacional, Entreculturas, la Institución Teresiana, Fundación Alboan, las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía y numerosas organizaciones sociales, vecinales y de derechos humanos.
La carta abierta alerta de que la crisis humanitaria está evolucionando hacia una crisis social y reclama respuestas que atiendan simultáneamente los derechos de las personas migrantes y la presión que soporta la población ceutí.
“Resulta urgente e imprescindible que las distintas administraciones responsables […] aceleren las soluciones humanitarias para estas personas”, sostienen las entidades firmantes. Su planteamiento incluye al Gobierno central, la Ciudad Autónoma de Ceuta y el resto de comunidades autónomas.
Acogida y traslados para las personas más vulnerables
Las organizaciones concretan sus demandas en cuatro grandes ámbitos. El primero es ampliar los recursos de acogida humanitaria para evitar que personas y familias continúen en la calle o alojadas en instalaciones provisionales.
También reclaman agilizar el traslado a la Península de quienes se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, especialmente menores sin referentes familiares, mujeres y niñas que hayan sufrido violencia o abusos, posibles víctimas de trata, personas solicitantes de asilo y familias con menores.
Las entidades recuerdan que muchas de las personas que permanecen actualmente en Ceuta tienen razones que pueden impedir o desaconsejar su regreso a Marruecos. Hay personas procedentes de terceros países que huyen de conflictos, víctimas de violencia de género o de redes de trata y niños y niñas que se encuentran sin sus familias. Algunas personas menores, advierte la carta, habrían sufrido incluso abusos sexuales mientras permanecían en la calle.
El pronunciamiento reclama igualmente que cualquier decisión relacionada con la protección internacional o el retorno sea adoptada mediante procedimientos individualizados y con todas las garantías, valorando las circunstancias concretas y los riesgos que afrontaría cada persona.
En este sentido, las organizaciones piden mayor claridad sobre la aplicación en Ceuta del Pacto Europeo de Migración y Asilo, incluidos los procedimientos y los plazos previstos, y rechazan que puedan producirse respuestas automáticas que ignoren la situación particular de cada persona.
“Proteger la convivencia”
El cuarto eje de la petición es reforzar la coordinación y la responsabilidad compartida entre las administraciones. Las entidades consideran que proporcionar a Ceuta recursos suficientes, agilizar los traslados y establecer mecanismos de cooperación puede aliviar al mismo tiempo la situación de las personas migrantes y la presión que sufre la ciudad.
“Mejorar la protección de quienes permanecen en situaciones de especial vulnerabilidad y aliviar la presión que soporta Ceuta forman parte de una misma respuesta”, señalan.
Las organizaciones muestran además su preocupación por la utilización política y social de la emergencia migratoria y advierten de la extensión de discursos de rechazo. Su carta denuncia que diferentes actores están aprovechando la situación para alimentar “la tensión social, la islamofobia y el odio hacia las personas migrantes”.
Por ello, además de reclamar medidas humanitarias, consideran “imprescindible proteger la convivencia” y evitar que la crisis sea instrumentalizada para favorecer el racismo, la islamofobia o el rechazo a las personas migrantes.
La declaración llega cuando la respuesta institucional continúa tratando de adaptarse a una emergencia que ha desbordado los recursos existentes. El Gobierno ha habilitado de manera temporal terrenos del puerto de Ceuta para levantar instalaciones destinadas a la atención humanitaria, con zonas de descanso, enfermería, atención social y servicios sanitarios, una medida adoptada ante la persistencia de la crisis.
Para las más de 140 organizaciones firmantes, la salida pasa precisamente por combinar derechos y solidaridad territorial. “Solo así los vecinos y vecinas de Ceuta podrán retomar la normalidad de sus vidas y la sociedad española podrá responder a esta crisis internacional de manera coherente con los Derechos Humanos”, concluye la carta.
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Redacción de Noticias Obreras.
