La Plataforma del Tercer Sector plantea una ley de Servicios Sociales y un pacto estatal por la vivienda
La Plataforma del Tercer Sector, que agrupa a cerca de 28.000 entidades sociales propone una reforma constitucional para reconocer como fundamentales los derechos sociales, económicos y culturales, una Ley Estatal de Servicios Sociales y un Pacto de Estado por la Vivienda, dentro de sus reivindicaciones para la próxima legislatura.
La coordinadora reclama que la futura ley establezca estándares mínimos comunes de protección, accesibilidad, calidad y acceso a los servicios sociales en todo el territorio.
También propone reformar la Ley del Tercer Sector de Acción Social y reconocer el voluntariado como una forma básica de participación ciudadana.
“La próxima legislatura debe situar la cohesión social y la protección de las personas entre sus grandes prioridades”, defiende el presidente de la Plataforma, Luciano Poyato.
La organización plantea coordinar mejor las políticas públicas para prevenir la exclusión y responder a las necesidades sociales.
“Fortalecer el Tercer Sector no es una finalidad aislada, sino una condición necesaria para garantizar la continuidad de las respuestas sociales. Las entidades necesitan un marco estable que les permita atender las necesidades existentes, anticiparse a nuevos riesgos y acompañar a las personas”, afirma Poyato.
Pacto por la vivienda
En materia de vivienda, propone ampliar el parque público y social de alquiler asequible y mantenerlo con carácter permanente.
También pide que los hogares no destinen más del 30 % de sus ingresos a su vivienda habitual y que ninguna persona o familia vulnerable sea desalojada sin una alternativa adecuada.
Entre las medidas figuran reservar el 30 % de las nuevas construcciones al alquiler social y crear un registro de viviendas vacías.
La Plataforma plantea además un modelo de financiación estable y previsible para las entidades sociales.
Para ello, propone actualizar la normativa de subvenciones, revisar el régimen de desindexación y elevar del 0,7 % al 1 % la asignación tributaria para fines sociales en el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades.
La organización ha trasladado sus propuestas a las formaciones políticas para que las incorporen a sus programas y prevé iniciar una ronda de reuniones con representantes de los partidos.
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