USO reclama que la gestión de la crisis migratoria en Ceuta sitúe los derechos humanos en el centro de la respuesta institucional
La Unión Sindical Obrera (USO) ha reclamado que el nuevo marco de coordinación estatal activado para afrontar la crisis migratoria en Ceuta priorice la protección de los derechos humanos, la asistencia humanitaria y la dignidad de las personas migrantes, tras la entrada en vigor de la declaración de situación de interés para la seguridad nacional aprobada por el Gobierno.
La organización sindical ha valorado la publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, que declara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad autónoma de Ceuta como respuesta a la crisis derivada de la permanencia temporal de un elevado número de personas migrantes en situación irregular después de la llegada masiva registrada el pasado 30 de julio.
Según recoge la norma, la magnitud de la situación ha alterado el funcionamiento ordinario de las administraciones públicas y ha superado sus capacidades habituales de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana, haciendo necesaria una coordinación reforzada entre las distintas administraciones y organismos competentes.
USO considera que este nuevo esquema de coordinación puede contribuir a mejorar la respuesta institucional, siempre que se aplique desde una perspectiva centrada en los derechos fundamentales.
En este sentido, la organización subraya que el marco de seguridad nacional no debe utilizarse para criminalizar la migración, sino para garantizar una actuación eficaz y respetuosa con la dignidad de las personas afectadas.
“La crisis en Ceuta supone un gran desafío para la coordinación de las administraciones, pero también una oportunidad para demostrar el compromiso de España con los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes. Esta declaración no debe entenderse como una justificación para criminalizar la migración, sino como un marco para garantizar derechos y dar una respuesta adecuada a las personas en situación de vulnerabilidad”, afirmó Marisa Madrid, secretaria de Comunicación e Igualdad de USO.
Coordinación reforzada
La declaración se ampara en la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, que contempla este mecanismo para situaciones cuya gravedad, urgencia y carácter transversal requieren una coordinación reforzada de las autoridades bajo la dirección del Gobierno.
La crisis migratoria en Ceuta afecta, según el Ejecutivo, a ámbitos esenciales de actuación pública como la seguridad ciudadana, el control fronterizo, la extranjería, la protección internacional, la atención humanitaria, la sanidad, los servicios sociales, la protección de menores, los transportes, la defensa, la acción exterior y la cooperación con la Unión Europea.
El real decreto establece además que todas las actuaciones deberán regirse por principios como la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad, la cooperación institucional, la protección de la vida humana, el respeto a la dignidad de las personas y la atención específica a los colectivos más vulnerables.
Vigencia hasta finales de 2026
La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y será de aplicación en la ciudad de Ceuta, su frontera terrestre, los puestos fronterizos, las zonas costeras, los puertos y las aguas adyacentes sobre las que España ejerce soberanía, jurisdicción o competencias.
El Gobierno podrá acordar antes de esa fecha su prórroga, modificación o finalización, previo informe del Consejo de Seguridad Nacional.
Asimismo, el decreto precisa que la declaración de situación de interés para la seguridad nacional no implica la suspensión de derechos fundamentales ni de libertades públicas, ni activa medidas extraordinarias propias de los estados de alarma, excepción o sitio. La gestión de la crisis deberá realizarse con los medios y competencias ordinarias de las distintas administraciones.
Desde USO insisten en que la coordinación institucional debe traducirse en recursos suficientes para la acogida y la atención de las personas migrantes.
“La seguridad no puede entenderse al margen de los derechos humanos. Una respuesta verdaderamente eficaz debe proteger a las personas, garantizar su dignidad y asegurar que nadie quede atrás”, señalaron desde la organización sindical.
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