CEAR alerta de que el nuevo anteproyecto de Ley de Asilo supone un “grave retroceso” en derechos y protección internacional
La cautela inicial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ante el anteproyecto de la nueva Ley de Asilo y la modificación de la Ley de Extranjería se ha convertido en rechazo, después de haber tenido acceso al borrador difundido por medios de comunicación. La entidad califica algunas medidas como “regresivas” y alerta de que ponen en riesgo el derecho de asilo y las garantías de protección internacional.
Desde CEAR, critican que el Ejecutivo no haya incorporado las propuestas planteadas por las entidades de derechos humanos durante la elaboración de la norma y ha optado por una aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo más restrictiva de lo que exige la legislación comunitaria.
En su opinión, el Gobierno ha renunciado al amplio margen que planteaba la normativa europea para reforzar las garantías al adoptar un enfoque más restrictivo.
“Hemos perdido una oportunidad histórica de liderar la Europa de los valores y los derechos. Con este anteproyecto de Ley, nuestro Gobierno plantea medidas regresivas que no solo se han mostrado fallidas, sino que ponen en grave peligro a personas que pueden necesitar protección internacional”, afirmó la directora de CEAR, Mónica López, opinión que coincide con la de su director general, Mauricio Valiente.
La entidad recordó que participó activamente en la elaboración de las leyes de asilo de 1984 y 2009 y lamentó que sus aportaciones no hayan sido incorporadas al nuevo texto. Entre sus principales reivindicaciones figuraba el refuerzo de las vías legales y seguras de acceso a la protección internacional, incluida la posibilidad de solicitar el traslado desde embajadas y consulados españoles para formalizar la petición de asilo en España.
No obstante, CEAR sostiene que el anteproyecto limita esta opción al dejarla a criterio de las representaciones diplomáticas y consulares cuando tengan conocimiento de posibles casos, una fórmula que, a su juicio, reduce la eficacia de este mecanismo.
La organización también cuestiona la ampliación de los supuestos para aplicar el procedimiento fronterizo de asilo, al entender que el texto incorpora causas que el Pacto Europeo no obliga a utilizar. Entre ellas cita la consideración del primer país de asilo o la procedencia de un tercer país considerado seguro o de un país de origen seguro.
Actualmente, recuerda la entidad, la normativa europea exige este procedimiento únicamente cuando la tasa de reconocimiento de protección internacional en la UE sea igual o inferior al 20%; cuando exista una presunta amenaza para la seguridad nacional o el orden público; o cuando se hayan ocultado o falseado datos relevantes del expediente.
Otra de las críticas formuladas por CEAR se refiere a la creación de listas nacionales de países seguros y a la introducción de excepciones al derecho de asilo en situaciones de crisis o fuerza mayor, medidas que, según destaca, tampoco son de aplicación obligatoria para los Estados miembros.
Hasta tres meses de privación de libertad
En materia de privación de libertad, la organización advierte de que el anteproyecto prevé alargar los plazos de detención. En concreto, durante la fase de triaje el período pasaría de un máximo de 72 horas a siete días con autorización judicial, mientras que en el procedimiento fronterizo podría ampliarse de ocho días a dos semanas.
Además, aunque se mantienen los 60 días actuales como límite de internamiento, la propuesta contempla la posibilidad de volver a internar a una persona que solicite protección internacional, acumulando hasta un máximo de 120 días de privación de libertad.
CEAR critica igualmente la desaparición de las razones humanitarias de la legislación de asilo. La entidad sostiene que esta figura ha demostrado su utilidad y que la jurisprudencia existente ha dejado claro que no genera confusión con los estatutos de protección internacional reconocidos por la normativa europea.
Además, advierte, la reforma dificultaría la reagrupación familiar de las personas refugiadas dado que la redacción actual incluye la obligación de acreditar medios económicos suficientes y disponer de una vivienda adecuada cuando la solicitud se presente transcurrido un año, requisitos que actualmente no tienen carácter obligatorio.
Finalmente, CEAR denuncia que el anteproyecto supone un retroceso en aspectos fundamentales como la libertad de movimiento, el acceso a la información durante el procedimiento o el reconocimiento de las personas apátridas.
“La nueva Ley de Asilo será la tercera que se apruebe durante el periodo democrático. Pedimos al Gobierno español que recapacite y retire esta propuesta para que no sea recordada como la más involucionista de las tres”, concluyeron fuentes de la organización.
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