Seis expertos ante la crisis de Ceuta: derechos, acogida y cooperación para deshacer el nudo migratorio
Mientras el Gobierno prepara cambios en las leyes de extranjería y asilo, despliega un plan económico para Ceuta y las comunidades debaten este jueves la respuesta a la situación de los menores, seis especialistas plantean soluciones que combinan garantías jurídicas, acogida digna, refuerzo de los servicios públicos, planificación y cooperación internacional
¿Cómo deshacer el «nudo» creado en Ceuta tras la llegada masiva de personas desde Marruecos? Seis especialistas en derecho, relaciones internacionales, migraciones, sociología y derechos humanos consultados por The Conversation ofrecen respuestas diferentes, aunque buena parte de sus propuestas confluyen en la necesidad de combinar la atención inmediata a la emergencia con medidas estructurales que garanticen derechos y permitan afrontar futuras situaciones.
Sus reflexiones coinciden con un momento decisivo en la gestión de la crisis. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia aborda este jueves, 27 de agosto, una ayuda extraordinaria de 25 millones de euros para la atención de los menores migrantes llegados a Ceuta. La reunión técnica previa terminó sin resolver los traslados, las plazas necesarias ni el refuerzo de unas plantillas que trabajan con los recursos de acogida desbordados.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha puesto en marcha un mando único, dirigido por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras declarar la situación de Ceuta de “interés para la seguridad nacional”, y prepara un nuevo paquete económico para reforzar los servicios públicos y apoyar a autónomos y empresas afectados. En la ciudad permanecen unas 5.000 personas, según los cálculos recogidos por Noticias Obreras, mientras la capacidad de las infraestructuras de acogida ronda las 1.800 plazas y han sido identificados y reubicados unos 2.900 menores.
Garantías jurídicas y respuestas individualizadas
María Teresa Gil Bazo, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra, sitúa como punto de partida un “marco jurídico estricto y de respeto de la dignidad inherente a todo ser humano”.
Propone aumentar la capacidad de los equipos que tramitan los expedientes de asilo, expulsión o devolución, reforzar la sanidad y la acogida temporal, desplegar esfuerzos diplomáticos con Marruecos e implicar a la Unión Europea, incluida Frontex. Todo ello, señala, requiere una actuación coordinada y liderada por el Gobierno de España.
La necesidad de examinar individualmente cada situación aparece también en el análisis de Berta Álvarez-Miranda, profesora de Sociología de las Migraciones de la Universidad Complutense de Madrid, que propone “desenredar los hilos” de un problema complejo.
La primera obligación, señala, consiste en respaldar a Ceuta ante una emergencia humanitaria que ha superado a sus instituciones y a la sociedad civil. Después será necesario examinar “caso a caso” la situación jurídica de quienes permanecen en la ciudad, distinguiendo entre menores, posibles solicitantes de protección internacional y otras circunstancias de entrada. A ello suma la necesidad de estabilizar la colaboración con Marruecos.
“La salida no está en la frontera”
Cecilia Estrada Villaseñor, especialista en migraciones internacionales, refugio y movilidad humana de la Universidad Pontificia Comillas, lleva el análisis más allá de la respuesta inmediata: “La salida del evento no está en la frontera”.
A su juicio, el nudo se ha construido también en los espacios de espera y contención existentes en Marruecos como consecuencia de la externalización del control migratorio europeo. “Mientras la cooperación se mida por el número de cruces evitados, el problema se aplazará, no se resolverá y se enquistará”, advierte.
Estrada propone garantizar en la frontera procedimientos individualizados de identificación y acceso al asilo, asistencia jurídica y atención especializada a los menores; reorientar la cooperación con Marruecos hacia una protección verificable mediante mecanismos independientes de seguimiento; y abrir vías legales y seguras para las personas vulnerables.
Estas propuestas adquieren especial relevancia después de que el Consejo de Ministros haya aprobado los anteproyectos de una nueva Ley de Asilo y de reforma de la Ley de Extranjería para adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Las modificaciones pretenden agilizar las solicitudes de protección internacional y las expulsiones e introducen procedimientos acelerados en frontera. CEAR ha reclamado que la futura legislación preserve las garantías del derecho de asilo.
Acogida digna y servicios públicos
Cristina Churruca, investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, diferencia entre las respuestas urgentes y las estructurales.
A corto plazo, considera prioritaria una capacidad de acogida “claramente desbordada” y propone alojamientos temporales dignos, instalaciones públicas, apoyo logístico y colaboración con organizaciones humanitarias para garantizar atención sanitaria y social y proteger a las personas más vulnerables.
La especialista reclama además traslados rápidos a la Península y que las devoluciones a Marruecos solo se produzcan cuando existan garantías reales de respeto de los derechos. A medio y largo plazo plantea condicionar parte de la cooperación con Marruecos a compromisos verificables, destinar fondos a educación, protección social y empleo en las zonas de origen y aumentar “urgentemente” las inversiones en servicios públicos, empleo e infraestructuras en Ceuta.
Este último planteamiento coincide en parte con el paquete económico anunciado por el Gobierno, complementario al plan de 180 millones de euros ya existente, que pretende fortalecer los servicios públicos, mejorar la seguridad urbana y apoyar a autónomos y empresas. Las organizaciones sociales siguen denunciando, sin embargo, carencias básicas en algunos espacios de atención y reclamando más recursos de acogida seguros.
Planificar para la próxima crisis
Gloria Fernández-Pacheco, profesora de la Universidad Loyola Andalucía e investigadora sobre migraciones, propone superar las respuestas condicionadas por la urgencia y la alarma social.
“Las soluciones sostenibles en el tiempo implican medidas preventivas de largo plazo”, sostiene. Su propuesta pasa por una planificación que permita ordenar los movimientos migratorios y proteger los derechos, procedimientos administrativos individualizados, coordinación institucional y debates políticos basados en datos científicos.
Frente a las reacciones inmediatas ante cada emergencia, reclama “intervenciones a largo plazo basadas en análisis rigurosos y no en alarma social cortoplacista”.
Una lectura diferente sobre Marruecos
La relación con Marruecos atraviesa las respuestas de los especialistas, aunque existen diferencias importantes sobre cómo afrontarla.
Manuel Marín Gastón, profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público de la Universidad Nebrija, interpreta lo sucedido como un “ataque híbrido” marroquí y considera que España debería abandonar lo que califica como una política de apaciguamiento.
Frente a quienes ponen el acento en una cooperación estable condicionada al respeto verificable de los derechos humanos, Marín defiende una estrategia política respaldada por el Congreso que reduzca la capacidad de Marruecos para utilizar los movimientos migratorios como instrumento de presión.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
