El fraude que amenaza la función social de la vivienda
Nadie discute que el acceso a la vivienda es la principal preocupación de la ciudadanía; tampoco que las instituciones no están adoptando medidas capaces de impulsar respuestas reales, efectivas y eficaces que contribuyan a garantizar el mandato constitucional recogido en el artículo 47. Disponer de un lugar para vivir no es un deseo; es un derecho.
La Comisión Europea y el Banco de España han identificado la carencia de un parque de viviendas asequibles para el primer acceso, tanto protegidas como libres, no solo como una urgencia social, sino también como un déficit económico y estructural que afecta al conjunto de la ciudadanía. Esta situación perjudica especialmente a la juventud, sometida a un empleo precario y sin posibilidades de emanciparse, salvo que cuente con una herencia familiar. Resulta imposible atraer talento, profesionales y personas trabajadoras sin ofrecerles una alternativa habitacional. Ante la insuficiencia de vivienda protegida a un precio asequible, derivada de la dejadez institucional, la atención se focaliza en el mercado libre, especulativo e inaccesible para la mayoría de la población.
En Catalunya, los planes urbanísticos municipales pueden obligar a destinar las viviendas libres, nuevas o usadas, ya sea en venta o en alquiler, exclusivamente a residencia habitual y permanente, en cumplimiento de su función social y con el objetivo de frenar las operaciones especulativas.
¿Por qué en Euskadi no se aprueba una ley que prohíba comprar o alquilar viviendas que no vayan a destinarse a residencia habitual y permanente?
Esta función social deben cumplirla también las viviendas protegidas. Hablamos de viviendas construidas con el esfuerzo de toda la población, por medio de los impuestos y de los presupuestos públicos. Cuando fui consejero de Vivienda y Asuntos Sociales (2001-2009), decidimos intervenir en todas las ventas de VPO de segunda mano y que la Delegación de Vivienda seleccionara a la persona compradora siguiendo el orden de la lista de Etxebide. Si la persona vendedora no lo aceptaba, el Gobierno Vasco adquiría la vivienda mediante el ejercicio del derecho de tanteo que le correspondía. Así pusimos fin a los apaños encubiertos y evitamos los sobreprecios.
Lamentablemente, quienes nos sucedieron dieron marcha atrás y delegaron este proceso en las inmobiliarias. La mayoría de ellas se ha aprovechado de esta falta de control y ha actuado como agente activo del fraude, junto con quienes venden sus viviendas protegidas, ante la inacción y la complicidad del Gobierno Vasco.
¿Cómo funciona el fraude? La agencia inmobiliaria es quien selecciona a la persona compradora de la VPO. En la Delegación de Vivienda se visa el contrato oficial de compraventa por el precio legalmente establecido, pero, “bajo cuerda”, la agencia obliga a quien compra a firmar otro contrato, ilegal a todas luces, por el que debe abonar un sobreprecio. Es inadmisible que el Gobierno Vasco siga permitiendo estas prácticas fraudulentas en las compraventas de VPO.
Para frenar el fraude no es preciso constituir una inmobiliaria pública ni nada por el estilo, tal y como ha anunciado el consejero Denis Itxaso. Basta con dictar una instrucción que establezca que sean las propias delegaciones de Vivienda las que elijan a la persona compradora, siguiendo el orden de la lista y las directrices de Etxebide. ¿Por qué el PNV y el PSE no dan este paso? ¿Qué intereses defienden?
En Catalunya se ha puesto en marcha un sistema de ayudas para la compra de la primera vivienda libre condicionado, entre otras cuestiones, al compromiso de la persona compradora de mantener congelado —con la única actualización del IPC— el precio abonado por la vivienda en las futuras transmisiones, renunciando así a especular con ella. Deberá ejercerse un control público sobre las futuras transmisiones de estas viviendas libres para asegurar el buen fin de las ayudas.
En Euskadi, por el contrario, el Gobierno Vasco avala el 20 % de las hipotecas sin exigir contrapartidas a quienes perciben la ayuda.
La apuesta por un servicio público de vivienda sólido debe ir unida a la defensa de un servicio potente de control e inspección. Hace aproximadamente veinte años pusimos en marcha el servicio vasco de inspección, que visitó todo el parque vasco de viviendas protegidas, compuesto entonces por unas 60.000 viviendas, para comprobar su correcta utilización. El fraude detectado se situó en el 6 %. Además de las sanciones económicas, en los casos graves se ejerció la potestad de expropiación forzosa cuando las viviendas protegidas se mantenían vacías o se destinaban a un uso distinto del residencial.
Es obvio que, en la medida en que las ayudas públicas se extiendan para facilitar el acceso al mercado libre de vivienda, tanto en venta como en alquiler, deberán implantarse sistemas públicos de control e inspección que aseguren el correcto desarrollo de las operaciones. De ahí la importancia de modificar la ley vasca de vivienda de 2015 para disponer de un régimen sancionador actualizado y útil tanto para las viviendas protegidas como para las libres.
Junto con el liderazgo institucional, la ciudadanía también debe asumir la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la legalidad y de los principios éticos, con el fin de evitar el fraude y garantizar la función social de la vivienda.
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Profesor de Filosofía. Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno de Euskadi (2001-2009)
