Los obispos de Europa piden garantías laborales y mecanismos contras los abusos en el nuevo régimen jurídico de la empresas de la Unión
La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) ha reclamado que los esfuerzos para reforzar la competitividad del mercado único europeo no se realicen a costa de los derechos sociales y de las garantías laborales.
En un documento difundido con motivo del debate sobre la creación de una “EU Inc.”, el denominado régimen 28 de derecho societario, exigen protección para los trabajadores y mecanismos eficaces contra los abusos.
La propuesta, actualmente examinada por el Consejo de la Unión Europea, pretende facilitar la constitución y gestión de empresas que operan en varios Estados miembros mediante un régimen jurídico común.
Los máximos responsables de las Iglesias de Europa han defendido con toda claridad los derechos laborales, las garantías sociales y la conservación del medio ambiente, al tiempo que llaman a orientar la actividad empresarial hacia el bien común.
De hecho, apuestan por el diálogo social, la participación de las personas trabajadoras en las decisiones de la empresa, sí como implantar mecanismos para evitar los abusos y el deterioro del medio ambiente.
La declaración episcopal recoge entre sus recomendaciones a los legisladores europeos la inclusión de una cláusula vinculante de no regresión social, la preservación de los derechos de participación de los trabajadores, el establecimiento de mecanismos contra el fraude, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, así como la evaluación periódica del impacto del nuevo régimen sobre el empleo, los derechos laborales, la recaudación fiscal y la sostenibilidad empresarial.
Su posicionamiento emana directamente del pensamiento social cristiano que reconoce “la primacía del trabajo sobre el capital”, dado que “el capital, la tecnología y las estructuras corporativas son instrumentos” mientras que “el trabajo, en cambio, es realizado por personas y está inseparablemente ligado a su dignidad y desarrollo integral”.
Aunque reconocen las ventajas de simplificar los trámites administrativos e incluso de alentar la competitividad empresarial para favorecer la innovación y sostenibilidad, no se apartan de la ya larga tradición eclesial de dar prioridad al trabajo por encima del capital.
Respeto a los valores de la economía social de mercado
Los episcopados europeos reconocen que “Europa necesita un entorno regulatorio que favorezca la innovación, el emprendimiento responsable y la inversión a largo plazo”, pero alertan de que “el reto no consiste únicamente en facilitar la creación de empresas, sino en garantizar que esa competitividad siga reflejando los valores de la economía social de mercado”.
Así, manifiestan que “la simplificación normativa no debe convertirse en una vía para debilitar el modelo social europeo, eludir las protecciones nacionales o considerar las empresas principalmente como instrumentos de extracción de beneficios a corto plazo”.
La COMECE, que apela expresamente a la Doctrina Social de la Iglesia, no tiene inconveniente en avalar la propuesta del nuevo régimen societario europeo, aunque con una condición: “siempre que vaya acompañado de sólidas salvaguardias sociales, de gobernanza y de prevención de abusos”.
En todo caso, la futura formulación “no debe permitir que las empresas se sustraigan a las normas obligatorias relativas a los trabajadores, la seguridad social, la fiscalidad, los acreedores, los consumidores o la protección medioambiental”.
También apelan al principio de subsidiariedad al defender “las tradiciones jurídicas y sociales nacionales” a la hora de legislar sobre el derecho societario, las relaciones laborales y la participación de los trabajadores.
La COMECE, que asume la utilidad de la armonización europea, especifica que la creación de empresas sujetas a una jurisdicción diferenciada “no debe debilitar los sistemas nacionales que ofrecen mayores niveles de protección social o apoyan modelos empresariales responsables”, sino que debe “limitarse a lo estrictamente necesario para garantizar el funcionamiento del régimen europeo y su reconocimiento mutuo”.
En este punto, la comisión episcopal europea se inclina por abordar esta cuestiona mediante “directivas, en lugar de reglamentos de aplicación directa”, para preservar el principio de subsidiariedad y mantener la compatibilidad con las legislaciones nacionales en materia laboral, fiscal y social.
Empleo digno, diálogo social y responsabilidad empresarial
La coordinadora de los episcopados europeos defiende que la actividad empresarial debe contribuir a la creación de empleo digno, fomentar la participación de los trabajadores en la vida de la empresa y promover la sostenibilidad y la responsabilidad social.
Desde la perspectiva de la enseñanza social de la Iglesia, recuerdan que “la empresa no es simplemente una agrupación de activos financieros. Es una comunidad de personas cuya actividad debe estar al servicio de la dignidad humana, el trabajo digno y el bien común”.
No quita que respalden el objetivo de “fortalecer el Mercado Único Europeo y eliminar las barreras jurídicas y administrativas innecesarias” y generar un “entorno regulatorio que favorezca la innovación, el emprendimiento responsable y la inversión a largo plazo”.
De hecho, reconocen que que la forma societaria de ámbito europeo podría “contribuir a estos objetivos, especialmente para las empresas emergentes, las compañías en expansión y aquellas que afrontan procesos de sucesión empresarial”. Pero demandan proteger “los derechos y protecciones sociales existentes”.
También aclaran que la doctrina social de la Iglesia reconoce “la legitimidad del beneficio económico, de la inversión y de la iniciativa privada”, si bien se oponen a “la concepción de la empresa como un activo que existe únicamente para beneficiar a quienes aportan capital”.
No son contrarios a que los beneficios se utilicen para “retribuir a los inversores dentro de límites establecidos”, pero también recuerdan que también pueden reinvertirse o destinarse a fines sociales.
En todo caso, plantean que el marco de actuación de las empresas debe promover “empleo digno y justamente remunerado” y respetar “la participación de los trabajadores y el diálogo social”, además de la acción responsable de las empresas hacia las comunidades y el medio ambiente, la generación de valor económico y social sostenible y la contribución a largo plazo a la sociedad.
“Una economía verdaderamente competitiva es aquella en la que la innovación, el emprendimiento y la inversión están al servicio de la dignidad humana, el trabajo digno y el bien común, y no en contradicción con ellos”, afirma la COMECE, que ve compatible aumentar “la competitividad europea y el modelo social europeo”.
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