La reforma “Legislar mejor” de la UE favorece las malas prácticas empresariales
Organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y entidades de defensa del interés público han reclamado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al Colegio de Comisarios que reconsideren los cambios propuestos en el programa Legislar Mejor (Better Regulation), al considerar que podrían debilitar la transparencia, la rendición de cuentas y la elaboración de políticas basadas en evidencias.
En una carta abierta firmada por 58 organizaciones de Europ, entre ellas Ecologistas en Acción, denuncian que la nueva comunicación de la Comisión, titulada “Un cuerpo normativo de la UE más simple, más claro y mejor aplicado”, favorece los intereses empresariales frente al interés general y consolida un desequilibrio estructural en beneficio de determinados sectores industriales.
Las organizaciones alertan de que la propuesta amplía los procedimientos de urgencia para tramitar legislación, permitiendo reducir o incluso eliminar evaluaciones de impacto y procesos de consulta pública.
También critican la creciente utilización de formatos de consulta considerados selectivos, que darían un acceso privilegiado a determinados grupos empresariales y relegarían la participación de otros actores sociales, académicos y sindicales.
Asimismo, cuestionan las medidas dirigidas contra el denominado “gold-plating”, es decir, la práctica por la que los Estados miembros adoptan normas más exigentes que las europeas, al entender que podrían dificultar niveles más altos de protección ambiental, laboral y de los consumidores.
La carta expresa además preocupación por la posible incorporación de cláusulas de caducidad que provocarían la derogación automática de determinadas normas si no son renovadas expresamente, lo que, a juicio de las entidades firmantes, podría poner en riesgo salvaguardas relacionadas con la salud pública, el medio ambiente y los derechos fundamentales.
Menosprecio al impacto social y ambiental
Según las organizaciones, estas reformas promueven una visión excesivamente limitada de la regulación al priorizar criterios económicos de corto plazo frente a sus impactos sociales y ambientales.
Ecologistas en Acción sostiene que la propuesta pretende consolidar los mecanismos utilizados por la Comisión para impulsar los denominados paquetes ómnibus de desregulación y denuncia que, lejos de corregir prácticas cuestionadas por la Defensora del Pueblo Europeo, las nuevas directrices facilitarían su utilización.
La organización también advierte de que estas medidas podrían traducirse en una reducción de los niveles de protección de las personas trabajadoras, consumidoras y de la naturaleza, en beneficio de grandes corporaciones.
Por ello, las organizaciones reclaman que las futuras directrices sobre Legislar mejor garanticen consultas públicas abiertas y transparentes, evaluaciones de impacto rigurosas que integren consideraciones sociales y ambientales, una participación equilibrada de la sociedad civil y los sindicatos, y el respeto al derecho de los Estados miembros a establecer niveles de protección más elevados cuando lo consideren necesario.
Además, instan a la Comisión Europea a alinear su política regulatoria con los principios recogidos en la Estrategia de la UE para la Sociedad Civil y con las disposiciones de los Tratados europeos relativas a la protección ambiental, los derechos laborales y los intereses de las personas consumidoras.
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