Entidades humanitarias de la Iglesia piden agilidad en las respuestas tras el fin de la regularización de personas migrantes
Tanto Cáritas Española como SERCADE valoran el proceso de regularización extraordinario de personas migrantes que ha sumado más de 1,174 millones de solicitudes, según las primeras estimaciones, aunque advierten de que el reto no termina con el cierre del plazo y reclaman una gestión ágil y eficaz de los expedientes aún en trámite.
Para la obra social de los Capuchinos de España, SERCADE, este proceso supone un hito que puede marcar “un antes y un después” en la vida de miles de personas. La entidad destaca no solo el impacto de la regularización, sino también el talento y la capacidad de resiliencia encontrados entre la población migrante acompañada durante estos meses.
Como entidad colaboradora del Ministerio de Inclusión, la organización de los capuchinos ha atendido a más de 2.000 personas a través de servicios reforzados de asesoramiento jurídico, tramitación de expedientes y emisión de certificados de vulnerabilidad.
Jessica Clemente, subdirectora de SERCADE y coordinadora regional en Zaragoza, una de las sedes donde se ha desarrollado el proceso, asegura que los primeros momentos estuvieron marcados por la incertidumbre, pero también por una gran movilización solidaria.
“Todo el equipo de SERCADE puso su engranaje al servicio de los derechos de las personas. Hoy seguimos emocionándonos al recordar cómo hemos vivido este proceso juntos”, afirma.
La abogada de la organización, María Seco, recuerda que el inicio fue todo un “tsunami” que, con el tiempo y gracias al esfuerzo de voluntarios y trabajadores, se transformó en “pura alegría” por el hecho de poder “devolver la dignidad” a tantas personas migrantes que van a salir de la “clandestinidad”.
Entre los aspectos negativos, la entidad denuncia que ante la complejidad del procedimiento y las dificultades para reunir la información necesaria, algunos profesionales han tratado de cobrar por su asesoramiento.
También señala problemas administrativos, como las dificultades iniciales para acceder a las citas, incidencias técnicas en formularios, la escasez de oficinas de información, la falta de intérpretes y los obstáculos encontrados en algunas administraciones para emitir los informes de vulnerabilidad exigidos por la norma.
Sin embargo, la organización, destaca la implicación del voluntariado, la respuesta de los equipos profesionales y, sobre todo, la oportunidad que representa para miles de personas que podrán acceder a una mayor estabilidad, derechos laborales y seguridad jurídica.
“Para una entidad de nuestro tamaño, atender a más de 2.000 personas ha supuesto un esfuerzo inmenso. Pero lo verdaderamente importante ha sido cómo lo hemos hecho: caso a caso, historia tras historia”, destaca el director de SERCADE, Xabier Parra.
Los datos recopilados por SERCADE durante estos meses ofrecen una radiografía de la realidad social que afrontan muchas personas migrantes en España. El 95,42 % de las personas atendidas carecía de una vivienda estable y el 72 % disponía de ingresos inferiores a 500 euros mensuales.
Las nacionalidades más representadas fueron Colombia (19,91 %), Marruecos (12,12 %) y Honduras (9,96 %). Además, más de la mitad de las personas acompañadas no contaba con una red de apoyo familiar o social.
Para la entidad, estas cifras evidencian que la regularización extraordinaria ha sido mucho más que un trámite administrativo, al convertirse en una herramienta para garantizar derechos y favorecer la inclusión social
Más allá de los datos, matiza Seco, “ha sido un proceso justo” que ha puesto en el centro los “derechos humanos” de las personas.
Cáritas pide rapidez en la tramitación
Por su parte, Cáritas Española también ha valorado de forma positiva que más de un millón de personas migrantes hayan tenido la oportunidad de presentar una solicitud de regularización entre el 16 de abril y el 30 de junio. No obstante, considera que ahora comienza una fase decisiva.
La organización solicita al Gobierno que agilice la resolución de los expedientes y que notifique cuanto antes las autorizaciones provisionales de residencia y trabajo para evitar situaciones de incertidumbre.
Según explica Diego Fernández-Maldonado, miembro del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, la demora en estas comunicaciones está dificultando el acceso al empleo, la apertura de cuentas bancarias y otros trámites básicos.
Además, Cáritas reclama una mayor difusión sobre la validez de estas autorizaciones provisionales para combatir las reticencias de algunas empresas a contratar a las personas beneficiarias del proceso.
Otra de las principales demandas de Cáritas se refiere a la obtención de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). La entidad considera que exigir un certificado de empadronamiento para tramitar este documento podría dejar fuera a numerosas personas que, pese a residir efectivamente en el país, tienen dificultades para acceder al padrón municipal.
Por ello, pide que se acepten otros medios de prueba válidos para acreditar la residencia, como contratos de alquiler, facturas de suministros u otra documentación equivalente.
Cáritas y SERCADE coinciden en que la regularización extraordinaria constituye un avance significativo para miles de personas migrantes, pero recuerdan que la plena efectividad de la medida dependerá ahora de la capacidad de las administraciones para resolver los expedientes con rapidez y garantizar que quienes han iniciado el proceso puedan ejercer cuanto antes los derechos que les reconoce la norma.
Ambas organizaciones apoyaron la iniciativa legislativa popular que abrió la regularización extraordinaria, en el el marco de REDES, plataforma integrada por 56 organizaciones eclesiales, que se adhirieron a la labor de incidencia de entidades sociales, colectivos migrantes y organizaciones de la Iglesia católica, entre ellas la propia Conferencia Episcopal Española o CONFER.
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