La ciudadanía reclama una democracia más participativa y capaz de alcanzar acuerdos
Un estudio del CIS revela un amplio respaldo al sistema democrático, pero también una fuerte exigencia de regeneración institucional basada en la ética pública, la participación ciudadana y el diálogo político
La democracia mantiene un sólido respaldo entre la ciudadanía española, pero el funcionamiento de sus instituciones suscita una profunda insatisfacción. La cuarta edición del estudio Calidad de la democracia, elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dibuja una sociedad que no cuestiona el sistema democrático, sino que reclama una democracia de mayor calidad, con instituciones más fiables, responsables públicos más comprometidos con el bien común y una mayor capacidad para alcanzar acuerdos en las cuestiones que afectan a la vida de las personas.
El organismo público constata que el 80,8% de la población considera que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, mientras que únicamente un 8,8% cree que, en determinadas circunstancias, sería preferible un gobierno autoritario. Además, casi tres de cada cuatro personas (72,7%) consideran que la Transición española constituye un motivo de orgullo.
Sin embargo, ese respaldo convive con una valoración muy crítica sobre el funcionamiento de la democracia. Apenas un 20,5% afirma sentirse muy o bastante satisfecho, frente a un 56,9% que se declara poco o nada satisfecho. La diferencia entre el apoyo al sistema democrático y la percepción de su funcionamiento constituye una de las principales conclusiones del estudio: la ciudadanía distingue claramente entre la democracia como forma de gobierno y la manera en que hoy se ejerce.
La regeneración democrática comienza por recuperar la confianza
La encuesta refleja una amplia coincidencia en el diagnóstico de los problemas que deterioran la calidad democrática.
El 87,5% considera insuficientes los mecanismos actuales para combatir la corrupción, una de las preocupaciones que aparece con mayor fuerza a lo largo del cuestionario. A ello se suma la percepción de una creciente distancia entre representantes y representados: tres de cada cuatro personas creen que, gobierne quien gobierne, los responsables políticos terminan defendiendo antes sus propios intereses que el interés general y sostienen que apenas tienen en cuenta la opinión de la ciudadanía. En la misma proporción, consideran que personas como ellas apenas tienen capacidad para influir en las decisiones del Gobierno.
Cuando el CIS pregunta qué medidas podrían mejorar el funcionamiento de la democracia, las respuestas espontáneas apuntan precisamente hacia esa regeneración institucional. La lucha contra la corrupción ocupa el primer lugar, seguida de la despolitización de la justicia y una mayor separación de poderes, la reforma del sistema electoral, el fortalecimiento de la participación ciudadana y una política más cercana a las necesidades reales de la gente.
Una ciudadanía que reclama participar más
El estudio permite establecer una relación significativa entre varios de sus resultados.
Si una amplia mayoría considera que los políticos no escuchan suficientemente a la ciudadanía y que la población apenas influye en las decisiones públicas, no resulta extraño que casi nueve de cada diez personas (89,8%) reclamen crear o ampliar nuevas formas de participación ciudadana en los asuntos políticos.
La demanda de participación aparece así como una respuesta al desgaste de la representación política. Más que cuestionar la democracia representativa, la ciudadanía parece reclamar mecanismos que permitan reforzar la implicación social en la vida pública y mejorar la rendición de cuentas de quienes ejercen responsabilidades políticas.
Los partidos siguen siendo imprescindibles, pero necesitan cambiar
La relación con los partidos políticos refleja una paradoja especialmente significativa.
El 75,9% considera que sin partidos políticos no puede existir democracia, lo que confirma que la ciudadanía sigue reconociendo el papel esencial de estas organizaciones en el sistema democrático. Sin embargo, solo un 40,7% cree que eligen a sus candidatos mediante procedimientos democráticos.
La encuesta refleja una exigencia de renovación. El 94,7% respalda que todos los cargos públicos y orgánicos deban firmar un código ético. También reciben un amplio apoyo la elección de los dirigentes por parte de la afiliación, una mayor presencia de las personas jóvenes y de las minorías en los órganos de dirección y la existencia de mecanismos internos que garanticen los derechos de la militancia.
Justicia, medios de comunicación e instituciones, bajo examen
La desconfianza institucional alcanza también a la justicia y a los medios de comunicación.
Solo una de cada cinco personas considera que la justicia trata por igual a ricos y pobres o que actúa con imparcialidad en los procesos relacionados con los partidos políticos. Una percepción todavía más crítica aparece cuando se pregunta si un político recibe el mismo trato judicial que una persona corriente: únicamente el 10,7% responde afirmativamente.
En cuanto a los medios de comunicación, el 81,5% discrepa de que no difundan bulos o informaciones falsas, el 75,4% considera que están concentrados en pocos grupos empresariales y el 87,9% cree que favorecen determinados intereses políticos o económicos. Además, el 57,7% opina que los periodistas disfrutan hoy de menos libertad e independencia que hace diez años.
La encuesta también pregunta por el grado de confianza en distintas instituciones. Los partidos políticos obtienen la valoración más baja (2,92 sobre 10), seguidos de los sindicatos (3,78), el Gobierno central (3,79) y las organizaciones empresariales (4,05). Los tribunales de justicia alcanzan una media de 4,74, mientras que las Fuerzas Armadas son la institución que suscita una mayor confianza (6,96).
El trabajo y la fiscalidad, entre las principales prioridades de acuerdo
Frente a ese clima de desconfianza, el estudio deja también un mensaje de signo distinto: la ciudadanía reclama acuerdos.
Las materias que reúnen un mayor consenso para que los partidos mayoritarios, PSOE y PP, alcancen pactos son una fiscalidad justa (90,8%), la gestión de los fondos europeos (85,7%), la lucha contra la violencia de género (85%) y la reforma del Estatuto de los Trabajadores (84,9%). También reciben un respaldo amplio los acuerdos sobre política exterior, financiación autonómica, medidas frente al cambio climático y política de defensa.
Que la reforma del Estatuto de los Trabajadores figure entre las prioridades mejor valoradas resulta especialmente significativo. Pese a la desconfianza que manifiestan hacia muchas instituciones, la ciudadanía siguen identificando el trabajo, la fiscalidad y las políticas sociales como ámbitos donde la política debe recuperar su capacidad de diálogo y de construcción de consensos, para afrontar los principales desafíos sociales.
Apoya y cuida Noticias ObrerasTu aportación hace posible un periodismo comprometido con la dignidad del trabajo, la justicia social y la esperanza. Puedes colaborar también a través de Bizum al 13744. Cualquier aportación, por pequeña que sea, suma y nos ayuda a seguir construyendo, día a día, esta mirada compartida al servicio del bien común
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
