La amnistía devaluada ¿ante quien responde la Justicia?

Es claro que la ley de amnistía, aprobada por el Parlamento a comienzos de la actual legislatura, supuso un salto cualitativo en la normalización política del país. Algo que no solo se debe atribuir a la pericia de Pedro Sánchez para agrupar los votos necesarios para la investidura si no que, representa la voluntad política clara de alcanzar un nuevo marco de convivencia en Catalunya y en el espacio plurinacional del Estado, para superar las secuelas del procés y para avanzar en la federalidad.

Los resultados políticos fueron evidentes, por eso es falso que la amnistía fuera el mero pago por los 14 votos catalanes, si no el detonante para articular una mayoría parlamentaria democrática que facilitó la formación del nuevo gobierno de coalición.

Incluso es absurdo pretender conceder ese mérito en exclusiva a Sánchez, aunque su contribución haya sido imprescindible. Es una apuesta colectiva de las fuerzas democráticas, como ingrediente fundamental del acuerdo para formar gobierno.

Ahora bien, la decisión democrática del poder legislativo, representante de la soberanía popular, encontró un rechazo ruidoso entre los jueces, que salieron a la calle con sus togas para oponerse a la ley de amnistía antes de conocer su texto.

No fue un pronunciamiento jurídico, fue sobre todo un posicionamiento político, de quienes tienen, precisamente, limitada constitucionalmente esa actividad. Pero naturalmente eso tuvo consecuencias judiciales. El Tribunal Constitucional tuvo que resolver varios recursos de inconstitucionalidad, siempre de forma favorable a la ley.

Pero la cuestión más vidriosa la planteó el Tribunal Supremo en el que su sala segunda negó la amnistía a los altos cargos del procés por el delito de malversación.

Además, la cuestión prejudicial elevada ente el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la ley aseguraba la demora, lo que convenía a la estrategia judicial para evitar la aplicación inmediata a los líderes más significativos.

Aunque el Abogado General del TJUE ya había dictaminado favorable la amnistía, hasta casi dos años después no ha llegado el pronunciamiento de este tribunal favorable a la ley. Y ahora falta la resolución del recurso por el Constitucional y la ejecución de sentencia del Supremo para cerrar el caso.

Momento en que irremediablemente Carles Puigdemont podrá regresar a España sin cargos, juntamente con Comín y Puig, y en el que también los demás inhabilitados, como Junqueras, quedarán disponibles para sus organizaciones a todos los efectos.

Pero este retraso ha tenido graves consecuencias políticas, atribuibles en exclusiva a la justicia, solo por un afán político de interferir al propio Parlamento. Esto ha condicionado enormemente la legislatura, fomentando la polarización innecesariamente y ha provocado una desconfianza funesta entre los implicados.

Cuando hagamos balance del proceso de la amnistía tendremos que reconocer objetivamente que la iniciativa certera del gobierno de coalición y del poder legislativo resultó bastante devaluada por las interferencias judiciales.

Algo que la oposición política no podría realizar, si bien contó con un apoyo impropio en el poder judicial que no tuvo inconveniente en jugar a la política, desnaturalizando el sistema democrático sin rubor.

El Consejo General del Poder Judicial a pesar de sus limitaciones objetivas, debe tomar nota de este estado de cosas para cortar esta inclinación bastarda de esos jueces hiperpolitizados.

También el Gobierno debe promover las reformas tan necesarias para que el poder judicial sea cooperativo con los otros poderes del Estado y se acomode a las mayorías parlamentarias vigentes sin perder su rol con a autonomía adecuada dentro de su papel constitucional, rindiendo cuentas de su desempeño como instrumento del Estado de Derecho.

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Ricardo Gayol García

Abogado asturiano y presidente de la asociación PUEDO de la ONCE. Miembro de la Coordinadora Estatal de Redes Cristianas