Una treintena de colectivos alertan del “asalto al territorio” y la “desregulación” de la nueva Ley del Suelo de Madrid
Más de una treintena de entidades vecinales, ecologistas, sindicales, culturales y profesionales de la Comunidad de Madrid han constituido la coordinadora “Madrid contra la LIDER”, una plataforma ciudadana con la que pretenden frenar la tramitación de la nueva Ley del Suelo regional.
Esta norma, denominada Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), es calificada por los colectivos como una iniciativa “ultraliberal y privatizadora” que supone un retroceso en materia de ordenación del territorio, protección del patrimonio y participación democrática.
La coordinadora denuncia que, bajo la premisa de “agilizar y simplificar” los trámites urbanísticos, el anteproyecto —compuesto por 323 artículos— abre la puerta a un modelo de crecimiento urbano sin límites, favoreciendo la especulación inmobiliaria en detrimento del interés general.
A su juicio, el proceso de información pública ha sido “exiguo y apresurado”, dificultando una participación ciudadana efectiva en un asunto de gran trascendencia social.
Las organizaciones integradas en “Madrid contra la LIDER” advierten de que el texto legislativo prioriza la liberalización del suelo y la aceleración de proyectos urbanísticos, lo que consideran un claro beneficio para grandes inversores inmobiliarios frente a las necesidades reales de la población.
Promoción de la especulación inmobiliaria
Las entidades críticas aseguran que la ley no garantiza la promoción de vivienda protegida ni introduce medidas eficaces contra la exclusión residencial, uno de los problemas sociales más acuciantes en la región.
Por el contrario, advierten de que consolida un modelo de crecimiento urbanístico guiado por la especulación inmobiliaria, incapaz de responder a las necesidades habitacionales de la mayoría social.
Otro de los aspectos más controvertidos es la introducción de las Entidades Privadas Colaboradoras (ECU), que asumirían funciones de supervisión urbanística. Según los colectivos, esta medida supone un “evidente conflicto de intereses”, al permitir que los propios promotores inmobiliarios contraten a las entidades encargadas de controlar sus proyectos, avanzando así hacia una privatización del control público del urbanismo.
Asalto al territorio
La coordinadora alerta también de un posible “asalto al territorio”. La futura ley permitiría actuaciones urbanísticas en suelo rural no protegido, además de flexibilizar de forma notable los usos excepcionales en suelo rural protegido, lo que en la práctica se traduce, según denuncian, en una lógica de “todo urbanizable”.
Esta orientación podría derivar en la degradación de espacios agrarios, naturales y paisajísticos de alto valor, comprometiendo el equilibrio territorial y ambiental.
Al tiempo, denuncian un debilitamiento de la protección del patrimonio histórico y cultural. Consideran que la norma reduce las garantías existentes y abre la puerta a intervenciones que podrían comprometer la conservación de bienes de interés común, subordinando su protección a intereses económicos.
A estas cuestiones se suma la crítica al recorte de derechos de participación. Según Madrid contra la LIDER, el texto limita la capacidad de la ciudadanía para intervenir en los procesos urbanísticos y restringe el acceso a la Justicia para recurrir planes ilegales, un derecho reconocido desde la legislación urbanística de 1956. Esta limitación es interpretada como un retroceso democrático de gran alcance, al disminuir los mecanismos de control ciudadano sobre decisiones que afectan directamente al territorio y a la vida colectiva.
Un frente común para informar y movilizar
Ante este escenario, la coordinadora ha decidido impulsar una campaña informativa en barrios y municipios de la Comunidad de Madrid. El objetivo es trasladar a la ciudadanía las implicaciones de una ley que, aunque presentada como técnica, afecta directamente a las condiciones de vida, el entorno y los derechos colectivos.
Como primer paso, Madrid contra la LIDER celebrará una jornada de presentación este 30 de junio. Durante el encuentro, las organizaciones participantes explicarán los principales contenidos del anteproyecto, las amenazas que identifican y las acciones que prevén desarrollar para frenar su aprobación.
La coordinadora cuenta con un grupo motor impulsado por organizaciones con amplia trayectoria en la defensa del territorio y los derechos urbanos, como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción, la Plataforma Ecologista de Madrid y la Plataforma por el Derecho a la Ciudad.
Junto a ellas, se articula un amplio abanico de colectivos sociales que reflejan la diversidad del tejido ciudadano madrileño, entre los que se encuentran ARBA, Amnistía Internacional Madrid, asociaciones culturales como El Sol y La Tricolor, distintas asociaciones vecinales, plataformas como Madrid contra el Ruido, así como el respaldo de organizaciones políticas como IU, Podemos y Más Madrid y sindicatos como CCOO y UGT, que coinciden en la necesidad de articular una respuesta unitaria frente a una norma que consideran “antidemocrática y depredadora”.
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