El bloque de derechas deja sin protección a cerca de tres millones de inquilinas al tumbar la prórroga de los alquileres
El Congreso rechazó, con los votos del PP, Vox, Junts y UPN, la convalidación del decreto sobre la vivienda aprobado por el Gobierno, dejando a cerca de tres millones de personas desprotegidas ante las prórrogas de sus contratos de alquiler.
El segundo real decreto ley del llamado escudo social frente a los efectos de la guerra de Irán apenas establecía una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027, obligatoria si la solicitaba el inquilino, y fijaba un límite del 2% a la actualización anual de la renta.
La norma trataba de contener el coste del alquiler para cerca de 2,6 millones de personas, un millón de hogares que tienen pendiente la prórroga de sus contratos de alquiler, según las estimaciones.
La norma fue rechazada con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, y la abstención del PNV, molesto con el principal partido del Gobierno, ante la ausencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que se encontraba en el Senado.
El socio minoritario del Gobierno, Sumar ,había tratado de convencer a la derecha catalana de que apoyara las medidas hasta el último momento, al tiempo que acusaba al PSOE de no haber hecho suficiente para salvar el texto.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interpeló a sus señorías así: “Lo que hoy se vota es si actuamos de acuerdo al interés general o al de los especuladores”, alegó.
“Lo que está en juego para casi tres millones de compatriotas es poder seguir viviendo en sus casas o ser expulsados de sus barrios”, prosiguió, explicando que de no ser convalidada la medida, saldrán beneficiados los grandes tenedores que controlan alrededor del 60% de la vivienda en arrendamiento.
Ni por esas. El no muy conocido diputado del PP Daniel Pérez Osma cargó contra el Gobierno y apenas entró en materia más que para calificar de “pastiche” la norma.
Por parte de Vox, el diputado Carlos Hernández Quero culpó al Gobierno de todos los males del mercado de la vivienda, mientras que desde las filas de Junts, Marta Madrenas señaló: “Ustedes invitan a la fiesta y los propietarios la pagan”. Maribel Vaquero, del PNV, apeló a “defectos técnicos”.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tuvo una muy dura intervención especialmente contra Junts, acercándose a los escaños de sus antiguos socios para entregarles un papel con anotaciones críticas sobre su postura en materia de vivienda.
PP, Vox y Juntx: “el brazo político del rentismos”
Incluso las formaciones que suelen votar con el Gobierno reprocharon al PSOE su escasa implicación en las negociaciones con los grupos parlamentarios. Varios portavoces reclamaron al Gobierno que vuelva a presentar el decreto, una petición a la que finalmente se sumó también Bustinduy.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinos responsabilizó a PP, Vox y Junts de actuar como “el brazo político del rentismo” tras la derogación del decreto.
En Cataluña, el Sindicat de Llogaters ha convocado una huelga general para protestar tanto por la caída de la medida como por la incapacidad del Gobierno para ofrecer respuestas a la profunda crisis de la vivienda.
Su portavoz, Enric Aragonès, alertó de los intentos de “desinformación” que, a su juicio, se producirán en los próximos días y recordó que “todas las prórrogas solicitadas mientras la medida estuvo vigente son válidas”.
El colectivo ha puesto en marcha una página web con modelos de respuesta dirigidos a inmobiliarias y propietarios que pretendan cuestionar las moratorias tramitadas durante ese periodo.
Llamamiento a movilizarse
La propia vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se había pronunciado horas antes de la votación, ante el previsible rechazo del decreteto abanderado por su partido. “Ninguna decepción, la decepción paraliza”, afirmó, antes de llamar a la movilización social.
Los sindicatos habían defendido la aprobación del decreto, que aunque insuficiente, podía servir para limitar los efectos de la subida de los precios por la guerra en Irán.
De hecho, CCOO anunció que se sumará a las movilizaciones sociales previstas en los próximos meses para exigir soluciones a la crisis de la vivienda, empezando por la manifestación del 24 de mayo en Madrid.
Desde las inmediaciones del Congreso, donde se votaba la prórroga de los alquileres, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, advirtió de que la vivienda es “el gran problema social que sufre España” y “la gran fractura potencial de la sociedad en los próximos tiempos”.
Reclamó la convalidación del decreto porque, dijo, “es una temeridad en términos políticos y sociales” que en un contexto de subida de precios “la mayoría de los congresistas no voten a favor de un decreto” que evita incrementos “brutales” en las renovaciones.
Sordo defendió que “nadie puede estar en la obligación de dedicar más del 30% de sus ingresos” a la vivienda y pidió un plan “mucho más ambicioso”, con dos millones de pisos asequibles en diez años, límites al alquiler en zonas tensionadas y políticas fiscales que penalicen el uso especulativo.
El líder sindical ya había adelantado que, de no salir adelante el decreto, como así fue, quedaría demostrado que “las mayorías de centro derecha y de extrema derecha no tienen ninguna sensibilidad social con el tema de la vivienda”.
“No se trata de una dificultad coyuntural, sino de un problema estructural”, subrayaron, reclamando límites para que las rentas no superen el 30% de los ingresos del hogar y una revisión del mercado hipotecario en un contexto de tipos al alza.
Redactor jefe de Noticias Obreras
