El auge de la Formación Profesional no está acompasado con la inversión pública
Pese a que la Formación Profesional (FP) en España resulta cada vez más atractiva, las administraciones no están acompañando con inversión el crecimiento sostenido de la demanda.
Así lo refleja el último estudio elaborado por Comisiones Obreras de la Enseñanza, que señala que hay quien llega a pagar hasta 9.000 euros por estudiar los ciclos superiores (en la pública es gratuito, salvo en Madrid y Cataluña, donde los ciclos superiores rondan los 800 euros).
No poder sufragar estos estudios obliga a gran parte del alumnado a “abandonar determinados itinerarios formativos”, lo que tiene “un impacto especialmente negativo sobre las clases trabajadoras y la juventud con menos recursos, que ve limitado su acceso a las titulaciones” con mejores expectativas de empleo y salario, señala el sindicato.
“La FP ya no es una opción residual para los jóvenes, sino la primera elección para formarse o actualizarse y acceder al mercado laboral”, afirma Lourdes Núñez, secretaria de Formación Profesional de CCOO Enseñanza. El informe señala que incluso un 22% de estudiantes universitarios recurre a la FP para mejorar su empleabilidad.
Sin embargo, Núñez denuncia que “la demanda sube desde 2018, pero no así los presupuestos para mejorar la enseñanza, estabilizar profesorado, actualizar equipamientos o abrir nuevos centros”. La falta de plazas públicas, añade, “está convirtiendo la FP en un nicho de mercado para la privatización, robando el futuro de nuestra juventud”.
En los últimos seis cursos, la FP ha ganado 344.073 alumnos, un 41% más, hasta alcanzar 1.181.272. La enseñanza privada en la FP, que ha crecido en dicho periodo más del doble de rápido que la pública.
Privatización en aumento y desigualdades territoriales
El fenómeno se concentra en comunidades como Euskadi (43% de alumnado en centros privados), Madrid (37%) y Aragón (36%), seguidas de Cataluña y Andalucía. En el extremo opuesto, Melilla no cuenta con centros privados, Ceuta apenas alcanza el 1,4% y Canarias el 8,7%.
“Cuando no hay plaza pública, la FP deja de ser un derecho”, denuncia María del Barrio, secretaria de Juventud de CCOO Enseñanza, que reclama transparencia: “No existen marcadores públicos que permitan saber cuántos estudiantes se quedan fuera, cuántos abandonan por no poder pagar la alternativa privada”.
El informe subraya que la FP a distancia se ha convertido en el motor de la privatización, al crecer sin regulación suficiente y sin garantizar prácticas obligatorias.
“No puede ser la única alternativa cuando no hay plazas presenciales, porque dejaríamos a un tercio del alumnado fuera”, advierte Del Barrio. Además, esta modalidad dificulta la fiscalización y genera desigualdades entre territorios.
Brechas sociales y de género
La falta de plazas públicas está teniendo un impacto económico directo: el gasto medio por hogar en FP superior se ha duplicado entre 2016 y 2023, pasando de 1.069 € a 2.085 €, según el estudio.
A ello se suma la escasa orientación académica: solo el 3,8% de las alumnas recibe información sobre itinerarios, frente al 14,2% de los alumnos, lo que perpetúa la segregación de género en las titulaciones.
La inversión pública en este tiempo ha llegado a los 748 millones de euros para la creación de nuevas plazas por parte del Ministerio de Educación, ante un incremento del 30% del alumnado.
La FP privada, en cambio, aumentó sus estudiantes en un 69%, lo que implica un crecimiento 2,3 veces más veloz.
Prácticas insuficientes y mano de obra barata
Otro punto crítico es la FP dual. “No está alcanzando el objetivo de ofrecer prácticas reales en todas las fases”, señala Núñez, que denuncia que en la red privada “se están ofreciendo ciclos sin posibilidad de prácticas y simulando experiencias”.
El sindicato vincula esta situación con el uso del alumnado como mano de obra barata y confía en que el Estatuto del Becario, actualmente en trámite, suponga “un paso adelante, aunque su aplicación será lenta”.
Un reto para la cohesión social
El informe concluye que la falta de inversión pública no solo compromete la calidad educativa, sino también la cohesión territorial.
“No estamos favoreciendo el retorno de los jóvenes al medio rural ni la nueva ruralidad; se está produciendo una fuga de cerebros”, alerta CCOO, que cita el ejemplo de la comarca de Los Pedroches (Andalucía), donde el 79% de los estudiantes aspira a trabajar en su zona, frente al 21% que no lo contempla.
Mientras la FP se consolida como la primera opción formativa en España, el sindicato advierte:
“Se habla de dignificación, pero sin recursos no vale de nada. La calidad depende directamente de la inversión”.
Desde CCOO reclaman un “plan estatal-autonómico” para ampliar la FP pública, con financiación plurianual y prioridad para los centros con mayor demanda y las zonas donde predomina la privatización o existen listas de espera.
Además, sugiere fijar criterios obligatorios, como ratios máximas de alumnado por tutor en ambas redes educativas, reforzar el sistema de inspección para garantizar la calidad en los centros privados y crear un sistema integrado de datos que permita conocer, en cada comunidad autónoma, cuántas plazas públicas se ofertan, cuál es la demanda, las listas de espera por ciclo formativo y las tasas de abandono, titularidad y grado de inserción laboral tras finalizar los estudios.
Asimismo, reclama un registro público único de centros autorizados, exigiendo a las empresas que acrediten mínimos en plantilla, equipamiento y tutoría de prácticas, junto con un mecanismo que asegure la trazabilidad de estas últimas.
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