El tridente neoliberal bloquea una indemnización más justa frente al despido improcedente
El Congreso ha rechazado la proposición no de ley que pedía adecuar la legislación española a la Carta Social Europea y al Convenio 158 de la OIT. Los votos en contra de PP, Vox y Junts, frenan de nuevo la perspectiva de un avance en derechos para las personas trabajadoras, como ya sucedió con la reducción de jornada laboral a 37,5 horas.
El Pleno del Congreso debatió ayer la propuesta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR para que España reforme su legislación sobre el despido improcedente. La iniciativa instaba al Gobierno a que, en diálogo con los agentes sociales, modificara la normativa vigente de manera que las indemnizaciones no fueran un coste asumible por las empresas, sino un mecanismo de reparación real para las personas trabajadoras injustamente despedidas y de disuasión frente a esos abusos.
El socio menor del Gobierno de coalición defendió que el actual sistema español (33 días por año trabajado, 45 en algunos casos previos a 2012) no tiene en cuenta las circunstancias de cada caso ni el tamaño y beneficios de las empresas, lo que permite que las grandes compañías incluyan los despidos improcedentes como un gasto más.
Además, la actual legislación en esta materia no responde a los compromisos internacionales. De hecho, el Comité Europeo de Derechos Sociales ya dictaminó, tras la denuncia de CCOO y UGT, que España incumple el artículo 24 de la Carta Social Europea, al no garantizar indemnizaciones que sean ni resarcitorias de los daños causados ni disuasorias para las empresas.
Un nuevo bloqueo del tridente neoliberal
La iniciativa fue rechazada por los votos de PP, Vox y Junts, un bloque que vuelve a actuar como un “tridente neoliberal” frente a cualquier avance en derechos para las personas trabajadoras. Con este resultado, se repite el mismo patrón con el que estas tres formaciones ya tumbaron la propuesta de reducción de jornada a 37,5 horas semanales.
Este rechazo parlamentario no paraliza el proceso anunciado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ni impide abrir una mesa de diálogo social demandada por los sindicatos para abordar esta cuestión. La clave está en el respaldo político que se intuye recibirá un eventual acuerdo social y este Pleno ha sido un claro termómetro.
La Doctrina Social de la Iglesia considera el trabajo decente como puerta de dignidad y subraya que las leyes deben estar al servicio de la persona trabajadora. Garantizar indemnizaciones justas y proporcionales en caso de despido improcedente es, en esa lógica, una condición básica para proteger la dignidad de las trabajadores y las trabajadoras.
Esta misma perspectiva estará presente en la próxima Jornada Mundial por el Trabajo Decente, del 7 de octubre, en la que la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) está implicada activamente, recordando que la defensa de los derechos laborales forma parte de la misión eclesial del cuidado de las personas trabajadoras y de la promoción de la justicia social.
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
